Este martes, 11 de abril, en medio de la reunión entre el Gobierno nacional y los ponentes del Plan Nacional de Desarrollo, se acordó eliminar el artículo 125 del texto para su segundo debate, el cual causó polémica por buscar darle facultades a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para exigir información privada de los colombianos a los proveedores de servicios de mensajería por internet.
En el artículo que fue eliminado, se incluyó entre las funciones de la comisión “requerir para el cumplimiento de sus funciones información amplia, exacta, veraz y oportuna a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, incluidos los de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, así como los proveedores que ofrezcan servicios a través de internet, accesibles desde el territorio colombiano”.
Saray Robayo, representante del Partido de la U y ponente del proyecto, celebró la decisión conjunta, que busca proteger la seguridad de la información de los colombianos.
“Hemos eliminado el artículo 125 del Plan Nacional de Desarrollo en la reunión de ponentes porque era inconcebible que la Comisión de Regulación de Comunicaciones pudiera terminar violando la privacidad y la intimidad de los colombianos”, manifestó.
De acuerdo con la congresista, la comisión pretendía exigirle a plataformas como WhatsApp, Telegram y Signal la información privada de sus usuarios en territorio colombiano. Además de la posibilidad de acceder a esta información, Robayo asegura que el resultado de aprobar este artículo pudo ser el cese de operaciones de las aplicaciones.
“Este artículo, que fue aprobado en primer debate, se acaba de eliminar y no llegará a la ponencia de segundo debate. La finalidad iba a ser que las aplicaciones cesaran las operaciones en el país, así se iban a ver afectados más de 40 millones de colombianos que hoy usan esas herramientas, no solo como medio de comunicación, sino también de trabajo”, manifestó.
Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, también destacó la eliminación del polémico artículo: “No a la violación de la intimidad de las personas. No al acceso del estado a las conversaciones privadas de sus ciudadanos”.
¿Otro ‘mico’ en el PND?
El pasado miércoles (29 de marzo) se conoció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro asignará 150.000 millones de pesos para nueve líneas especiales de crédito que beneficiarían a pequeños y medianos productores del país. La noticia fue presentada por la propia ministra de Agricultura, Cecilia López, y fue bien recibida.
Sin embargo, el anuncio generó sorpresa en el Congreso, porque dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 358, que habla de vigencias y derogatorias, elimina unas leyes que están en vigencia.
Por ejemplo, se eliminan los artículos 2 y 3 de la Ley 2186 de 2022, que fue impulsada por el entonces representante a la Cámara Erasmo Zuleta del Partido de la U. Cuando el Congreso la aprobó, se presentó como la posibilidad de incrementar la financiación de los pequeños y medianos productores agropecuarios del país.
Por esa razón, en el Congreso se están preguntando qué sentido tiene el anuncio de la ministra López si en el Plan Nacional de Desarrollo se están eliminando artículos de esa Ley.
Zuleta puso un video en sus redes sociales en el que hizo una petición directa al presidente Gustavo Petro, ya que, para él, no tiene sentido anunciar esos recursos cuando hay una ley vigente que garantiza el desarrollo de los pequeños agricultores en el país.
“En el Plan Nacional de Desarrollo nos quieren meter un ‘mico’ al Congreso, al Gobierno Petro y a los millones de colombianos campesinos porque a través de la Ley 2186 obligamos a los bancos a poner más de 12 billones de pesos para el primer productor del campo colombiano”, dijo Zuleta.
“Volveremos al Congreso en esta semana para defender esta ley que beneficia a millones de campesinos y porque le quieren hacer un gran favor al sector financiero para que no cumpla con su responsabilidad social con el Estado”, reiteró el excongresista.
Ante la advertencia de Zuleta, los ponentes revisarán este tema para determinar si habrá afectaciones para los pequeños y medianos productores agropecuarios y determinar si se incluyó un ‘mico’ en el articulado.