El trámite de la reforma pensional continúa en la plenaria del Senado y este miércoles –3 de abril– se empezaron a discutir las ponencias que se radicaron para la discusión.

Como es habitual, la primera en ser estudiada fue la ponencia negativa que fue presentada por la senadora Lorena Ríos y que finalmente fue hundida con 50 votos en contra.

En total 91 senadores participaron de la votación, 50 lo hicieron por el no y 41 por el sí, razón por la cual dicha ponencia fue archivada y el trámite de la reforma continuó sin problema alguno.

Sin embargo, llama la atención que el partido de La U fue clave para mantener viva la reforma del Gobierno Petro, ya que 7 de los senadores de esta colectividad resultaron respaldando la iniciativa que es defendida por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

Únicamente Alfredo Deluque, Norma Hurtado y Juan Felipe Lemus votaron a favor del archivo de la reforma pensional y los demás legisladores de La U decidieron apoyarla.

Esta discusión se dio después de que la Comisión Séptima del Senado hundiera definitivamente la reforma a la salud en tercer debate. Por esa razón, se pensó que la pensional tendría problemas para su trámite, pero los cálculos políticos no acertaron.

Aunque la ponencia de la senadora Ríos fue hundida, todavía queda otra en el mismo sentido que fue presentada por Honorio Henríquez del Centro Democrático y que será sometida a votación. Además de ella, hay otra ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado y la mayoritaria que elaboraron sectores de la coalición de gobierno.

El debate de la reforma pensional ya se ha calentado fuera del Congreso. Desde la calificadora Standard & Poor’s se indicó que si llega a ser aprobada la propuesta del Gobierno, se podría ver afectada la calificación crediticia del país.

Según un documento de la calificadora, las bajas tasas de fertilidad, junto con un aumento de la longevidad, plantean desafíos de sostenibilidad financiera y social para los sistemas de pensiones de la región, que los gobiernos deben abordar. Para esta entidad, medidas ineficaces o inoportunas pueden traducirse en un mayor gasto en pensiones y aumentos de la deuda que, a su vez, podrían limitar las expectativas de crecimiento económico. Al mismo tiempo, si las pensiones no mejoran, esto podría provocar descontento social, especialmente a medida que la población sigue envejeciendo.

Además, las reformas propuestas en la región “tienen implicaciones para la calidad crediticia del soberano, dependiendo de cómo afectan los resultados fiscales, benefician la composición de la deuda y el desarrollo de los mercados locales, y reflejan efectividad institucional”.

En el caso de la reforma pensional propuesta en Colombia –y que para distintos analistas es la que tendría más posibilidades de prosperar en su trámite, aunque todavía no avanza su discusión en el Senado– busca eliminar las ineficiencias en el diseño previsional actual a la par de ampliar el papel del sector público, en detrimento de la participación de los fondos privados.

“Si bien los detalles de la reforma aún están en proceso, una mayor relevancia para el sistema público de beneficios definidos puede ser fiscalmente neutral en el corto plazo, dado que los activos de las pensiones privadas se redirigirán al sistema público y se reducirán los subsidios implícitos a los percentiles de ingresos más altos”, dice la firma.

Este miércoles se conocerá si la reforma avanza en la discusión del articulado o si se hunde por cuenta de algunas de las ponencias que se han radicado.