El presidente Gustavo Petro tiene como una de las prioridades de su gobierno para este año la eliminación de los contratos por prestación de servicios en el Estado. Sin embargo, poco a poco el tema se ha ido enredando.
Este jueves, el Departamento de la Función Pública emitió un documento, conocido por SEMANA, en el que señala que la prioridad será la formalización de los trabajadores del Estado, por lo que las entidades podrán suscribir contratos por prestación de servicios “por plazos que no superen los cuatro meses”.
Sin embargo, algunos de los lineamientos ya empezaron a generar polémica por las repercusiones que pueden tener.
Uno de los asuntos más controversiales es el punto 7 del mencionado documento, en el que directamente se estaría prohibiendo que una sola persona pueda tener varios contratos con el Estado, algo a lo que hoy en día recurren varios ciudadanos para asegurarse un mayor ingreso.
“Las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional no podrán justificar la celebración de prestación de servicios, cuando se pretenda a contratar a personas naturales que ya tienen otros contratos de esta naturaleza con otras entidades públicas”, indica la circular.
El asunto ha generado polémica no solo por lo que implicaría esto para miles de contratistas, sino porque se le estaría poniendo una limitante a la autonomía de las propias entidades del Estado.
“A pesar de lo loable, esta circular es ilegal al establecer una inhabilidad para contratar que no está contemplada en la ley, y las inhabilidades en contratación tienen reserva legal”, aseguró el abogado penalista Francisco Bernate.
Excepciones
A pesar de que la circular de Función Pública busca ir eliminando poco a poco esta figura de los contratos por prestación de servicios, establece varias excepciones que, a la larga, terminan por lograr que esta modalidad de vinculación se prolongue en el tiempo.
Por ejemplo, indica que se pueden extender este tipo de contratos cuando “se requieran para garantizar la permanencia y continuidad del servicio, si dentro del plazo señalado no se concreta la provisión mediante plantas temporales”.
Igualmente, se permite que “de manera excepcional” se recurra a este tipo de vinculación de trabajadores “cuando exista la necesidad de contar con una experticia o conocimiento especializado en una materia determinada con la que no se cuenta en la planta de personal”.
También se permite extender estos contratos para “garantizar la estabilidad ocupacional reforzada de aquellas personas que se encuentren en estado de gestación, en licencia de paternidad o maternidad”.
Otra de las excepciones es cuando se firman contratos por prestación de servicios para el cumplimiento de tareas “no vinculadas a funciones permanentes financiadas con recursos de proyectos de inversión”.
“De manera excepcional, los contratos mencionados podrán exceder el plazo de cuatro meses siempre que, de manera expresa y clara, se precisen las razones que justifiquen la fijación de un plazo mayor, así como los motivos por los cuales resulta conveniente proveer tal necesidad a través de un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en lugar de la creación de un empleo de la planta temporal”, se señala.
Estas excepciones, en la práctica, pueden llevar a que, por lo menos durante este año, siga proliferando la figura de los contratos de prestación de servicios en el Estado.
Las preocupaciones del MinTrabajo
Esta nueva directriz se da pocos días después de que se conociera una carta enviada por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, en la que explica que la formalización de todos los trabajadores del Estado en los primeros cuatro meses de este año no se podría ejecutar en el tiempo que se estipuló inicialmente, incluso aseguró que no existe viabilidad presupuestal.
En la misiva enviada por la cartera de Trabajo, se advierte que teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda ya asignó un presupuesto para este año, las metas puestas por el Gobierno referente a la modificación de este tipo de contratos es “imposible de ejecutar”.
“Sin las apropiaciones presupuestales correspondientes, por cuanto el trámite de asignación de recursos de inversión y funcionamiento en el marco de los proyectos de inversión de las entidades públicas ya se surtió y se cerró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no solo dificulta la gestión administrativa. (…) Sino también imponen una carga imposible de ejecutar”, indica la carta.