El jefe negociador del Gobierno nacional del Pacto Histórico en la mesa de paz con la guerrilla del ELN, Otty Patiño, encendió la polémica al señalar que desconoce si ese grupo subversivo recluta forzosamente menores de edad; atinó a decir que “la verdad, no sé”.
La controversial declaración de Patiño se dio en la Casa de Nariño, en la cual respondió al cabecilla del ELN Antonio García, quien aseguró que todos los integrantes de esa guerrilla ingresaron de manera voluntaria.
Sobre esa explicación de García, Otty Patiño no dudó en señalar que “de pronto es así”, hecho que desatara varias reacciones desde diferentes sectores políticos en el país. Las declaraciones se dan previo a que se instale el tercer ciclo de los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN en Cuba.
A su turno, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, arremetió en contra del ELN acusando a ese grupo subversivo de “cobarde” por reclutar a menores de edad en esa región del país y lanzó una fuerte pulla: “hace meses venimos denunciado esta grave situación”.
“¡Cobardes todos aquellos que reclutan niñas y niños para la guerra! Desde hace varios meses venimos denunciado esta grave situación que se presenta en el norte de Antioquia, para lo cual estamos propiciando mesa especial con el Gobierno nacional. ¿Son estos gestos de paz?”, trinó el dirigente departamental.
El 85 % de los líderes sociales se sienten inseguros y pocos saben de las conversaciones con grupos armados: Fundación Ideas para la Paz
La Fundación Ideas para la Paz (FIP), centro de pensamiento independiente, realiza un sondeo mensual a líderes sociales que hacen parte de redes de trabajo de los municipios más afectados por la violencia. Para la medición del mes de marzo, la organización consultó a 260 líderes que viven en 72 municipios del país, quienes expresaron su preocupación por la situación de inseguridad a la que se enfrentan.
De acuerdo con el informe, el 30 % de los encuestados percibieron un deterioro en la seguridad en 2022, si se le compara con el año inmediatamente anterior. El 40 % de los líderes sociales siente que la seguridad bajó durante el mes de marzo en sus municipios.
El indicador de progreso de la seguridad bajó 15 % con respecto a la medición que hizo la FIP en noviembre de 2022, cuando el 27 % de los líderes sociales manifestaron que el plan de choque del presidente Gustavo Petro mejoró la seguridad.
Por otro lado, un dato alarmante es que el 85 % de los líderes sociales se sienten inseguros o muy inseguros en sus municipios. Tan solo un 15 % asegura que su municipio es seguro o muy seguro.
Según el 22 % de los líderes sociales encuestados, el delito que más se presentó en los municipios fue el de homicidio. Le siguen amenaza a personas o líderes sociales (17 %), hurtos (12 %), desplazamientos (11 %), violencia intrafamiliar (11 %), extorsión (10 %), eventos de conflicto armado (10 %), confinamiento (5 %) y delitos sexuales (2 %).
De acuerdo con el sondeo de la FIP, uno de cada cuatro (23 %) de los líderes sociales encuestados fue amenazado durante el último mes. También se registra una caída del 6 % en la percepción de efectividad de la estrategia utilizada por Gustavo Petro para proteger a los líderes sociales, la cual pasó del 30 % al 24 %.
La principal razón de las amenazas fue adelantar alguna acción para defender los intereses de la comunidad, registrada en el 37 % de los líderes que han sido amenazados. Le siguen participar en reuniones públicas (18 %), manifestar su opinión públicamente (17 %), participar en procesos electorales (9 %), reunirse con integrantes de la Fuerza Pública (6 %) y reunirse con autoridades locales (6 %), entre otras (7 %).
Además, el sondeo muestra que la respuesta de las autoridades frente a la inseguridad es insuficiente. El 27 % de los líderes reconoce que las autoridades municipales han realizado reuniones para comunicar políticas y acciones para mejorar la seguridad, pero solo el 55 % aseguró que la reunión cumplió los objetivos.
El 25 % de los líderes, por otro lado, conoció una acción para mejorar la seguridad, pero solo el 53 % considera que estas tuvieron éxito. En medio del panorama, el 30 % es la máxima calificación del desempeño de las autoridades en torno a la seguridad, siendo los gobiernos nacionales, municipales y departamentales los peor calificados.
En la calificación de desempeño, el Gobierno nacional obtuvo un 11 %. Los mejores calificados fueron los organismos internacionales de verificación, con un 43 %.
Muy pocos líderes sociales saben qué ocurre en las negociaciones con grupos armados. Solo el 7 % conoce algún tipo de diálogo entre el Gobierno y estas estructuras. De ellos, el 50 % cree que aportan a la seguridad de los municipios. Frente a los procesos de sometimiento a la justicia, solo el 4 % de los encuestados los conocen y solo el 30 % cree que aporta a la seguridad.
Finalmente, 6 de cada 10 líderes sociales aseguran haber hecho parte de los diálogos regionales para construir el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, solo el 28 % de ellos recibió algún tipo de retroalimentación sobre el tema. A pesar de esto, el balance indica que el 61 % de los líderes cree que las necesidades planteadas sí se reflejaron en el proyecto que hoy surte trámite en el Congreso.