El pasado lunes, después de conocerse la intención de la Superintendencia de Transporte de prohibir las plataformas de movilidad, varios conductores que trabajan en esas aplicaciones salieron a las calles de Bogotá para protestar.
En medio de la manifestación, videos evidenciaron que policías capturaron a quienes se movilizaban y, en uno de los casos, rompieron un vidrio de un automóvil con un bolillo.
En el video, el agente de Policía, acompañado de un uniformado del Esmad, quebró el cristal para abrir la puerta y retirar al conductor del vehículo. “Quieto, ¿por qué le van a pegar?”, dice una persona en la grabación.
El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, iba rumbo a su casa cuando se cruzó con la manifestación. Desde ahí, el parlamentario reportó los hechos y el manejo que le dio la Policía Nacional.
“Es impresionante que mientras se están buscando beneficios para los delincuentes, mientras se está buscando sacarlos de las cárceles de día y que regresen de noche, mientras se está buscando reducirle las penas y eliminarles los antecedentes, a estas personas trabajadoras los están persiguiendo y buscan eliminarlos”, dijo el senador, quien grabó desde el lugar de los hechos.
El parlamentario prometió defender a estos conductores desde el Congreso de la República, donde se tramitará un proyecto de ley de régimen sancionatorio, planteado en un borrador por la Superintendencia de Transporte y que pronto se radicará para su trámite.
“Realmente me da tristeza ver cómo capturan a estas personas trabajadoras. Ver cómo los persiguen y amenazan con que les van a quitar el único medio con el que consiguen el pan, mientras a los delincuentes les están buscando beneficios. Me entristece ver para donde va Colombia”, concluyó Hernández en el video.
Prohibición, multas e inmovilización del vehículo: lo que les esperaría a los conductores de plataformas
Este lunes, Alianza In, gremio de aplicaciones de transporte, advirtió sobre el proyecto de ley de régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte, cuyo borrador tendría graves consecuencias en las plataformas digitales de movilidad, las cuales serían “tajantemente prohibidas”.
De acuerdo con el gremio, esto afectaría a más de 100 mil conductores, que de ser aprobada la iniciativa se quedarían sin fuente de ingresos.
Este sería el tercer borrador del proyecto y pronto será radicado en el Congreso de la República. El principal problema se encuentra en el artículo 67, llamado “Desconexión de medios de comercio electrónico - plataformas tecnológicas”.
“Los medios de comercio electrónico o plataformas tecnológicas que ofrezcan servicios en el sector transporte o que de cualquier manera, directa o indirectamente, contribuyan, permitan o faciliten satisfacer necesidades de movilización en vehículos particulares que no cuenten con la autorización de la autoridad de transporte competente cuando esta se requiera, sean las necesidades de transporte principales o accesorias a los servicios ofrecidos por la plataforma, pueden comprometer la eficiente prestación del servicio público de transporte esencial y afectar la sostenibilidad de la industria del transporte público, amenazando la continuidad y regularidad del servicio básico de transporte público”, dice el documento, compartido por el gremio.
Según el borrador, luego de que la Superintendencia de Transporte establezca que estas aplicaciones benefician a los vehículos prohibidos por el párrafo anterior, “ordenará a los proveedores y operadores de redes y servicios de internet la desconexión de los medios de comercio electrónico o de las plataformas tecnológicas hasta por 30 días por evento”.
A su vez, el proyecto propone aplicar multas de 500 UVT para los operadores y 60 días de ingresos brutos del comercio electrónico para los propietarios. En caso de que no se puedan estimar los ingresos, la multa deberá fijarse en 60.000 UVT.
De acuerdo con José Daniel López, director de Alianza In, estas personas no solo se quedarán sin ingresos, sino que también se les podría inmovilizar el vehículo en el que trabajan.
“El vehículo y/o equipo será inmovilizado la primera vez por 30 días, por segunda vez por 60 días y en las siguientes ocasiones cada vez por el término de 90 días”, dice el borrador, compartido por López.
Incluso, existen multas para los usuarios de 250 UVT, que según el excongresista y director del gremio, ascenderían los 10 millones de pesos.
“¿Y los taxistas? Los conductores y pequeños propietarios de taxis también perderían. Hay más de 230.000 cuentas de usuarios taxistas registrados en las apps de movilidad que este proyecto de ley pretende acabar”, agregó el director de Alianza In.
López aseguró que los gobiernos no pueden bloquear contenido de internet, dado que en “democracias serias” estos, están protegidos por el principio de neutralidad de la red. “De hecho, el bloqueo a Uber en 2019 motivó un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
“Si esto se vuelve ley, tendremos un mal viaje al pasado, con más colombianos sin ingresos, menos libertades, menos economía digital y unos monopolios celebrando. ¡Ojalá el Gobierno nacional entienda el error que está a punto de cometer!”, manifestó el director de la organización en Twitter.
Finalmente, aseguró que coincide en que es importante un régimen sancionatorio sobre los servicios de movilidad, “pero esto solo es concebible en el marco de una reglamentación amplia y suficiente de esta nueva realidad social y económica”.