En la noche del jueves 14 de diciembre y por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, fue capturado el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, por sus presuntos nexos con la organización criminal liderada por el excongresista liberal Mario Castaño.
Por esa razón, el Congreso inició el trámite correspondiente para determinar si se aplica o no la silla vacía en la curul del senador Ramírez, que llegó al Legislativo con el aval del Centro Democrático. No obstante, esta medida podría ser temporal mientras se resuelve la situación jurídica del boyacense.
El secretario del Senado, Gregorio Eljach, envió una carta a la Corte Suprema de Justicia solicitando una copia de la providencia en la que se determinó la captura de Ramírez para adelantar los trámites necesarios.
“Con el fin de dar el trámite que corresponde, este Despacho solicita copia de la providencia del 14 de diciembre del 2023 proferida por esa Sala con ponencia del honorable magistrado doctor Marco Antonio Rueda Soto, por medio de la cual resolvió definir la situación jurídica al senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés mediante la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión”, dice la carta enviada.
Aunque Ramírez continuará su proceso y allí se determinará si es culpable o no, al Congreso le corresponde adelantar este trámite para definir el cuórum de las votaciones en la plenaria del Senado. En caso de que sea declarado inocente podrá volver a su curul, pero si es encontrado culpable, se decretará la silla vacía permanente.
El congresista es investigado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
Por orden del magistrado Marco Antonio Rueda Soto se emitió medida de aseguramiento en centro carcelario contra el senador del Centro Democrático.
Ramírez es investigado por las irregularidades en el contrato interadministrativo 070 de 2021 firmado entre el Departamento de Prosperidad Social y la empresa Proyecta, registrado en 2021.
El pasado 28 de junio, el senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés fue citado a indagatoria, la cual rindió el 2 de agosto en compañía de su abogado Pedro Nel Escorcia.
Pese a que la investigación se abrió por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias, cohecho y celebración de contratos sin requisitos legales, tras la indagatoria este último fue modificado por interés indebido en la celebración de contratos.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que se investigarán las denuncias hechas por varios medios de comunicación que refirieron que, al parecer, junto con otros servidores, el congresista participó en la manipulación de al menos 15 contratos en Tolima, Quindío y Valle del Cauca, entre noviembre de 2020 y finales de 2022.
La investigación —según confirmó la Corte Suprema— tiene relación directa con su presunta intervención indebida y direccionamiento de 13 contratos que tenían como objeto la construcción de obras en los departamentos de Quindío y Tolima. Por esas actuaciones, presuntamente habría recibido pagos ilícitos en dinero.
Todo esto se habría dado, al parecer, previa concertación con una organización ilícita de corrupción. Concretamente, estos hechos se desprenden de la investigación y el proceso contra el excongresista liberal Mario Alberto Castaño, condenado por la Sala de Primera Instancia después de reconocer su responsabilidad en corrupción en procesos de contratación.
La Procuraduría General, recientemente, ordenó la apertura de una indagación previa en contra del senador, por su supuesta participación en el direccionamiento de varios contratos por un valor superior a los nueve mil millones de pesos.
El senador se encuentra actualmente en los calabozos del búnker de la Fiscalía, en el occidente de Bogotá, mientras se adelanta el trámite para trasladarlo a una cárcel, más precisamente al pabellón de servidores públicos de La Picota.
En octubre pasado, la Fiscalía General compulsó copias para que se investigara al senador Ciro Ramírez por presuntos hechos de corrupción.
La Fiscalía tomó esta decisión en la judicializón de Katherine Rivera Bohórquez, quien hasta agosto de 2023 fue integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del señalado senador. También fue presentado ante jueces de control de garantías el señor Anderson González González, contratista que resultó metido en un enredo que, ahora, lo tiene privado de la libertad.