El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se ha convertido en uno de los funcionarios más polémicos del Gobierno Petro por cuenta de sus declaraciones sobre el sector en el país y la defensa de la reforma que recientemente fue aprobada en segundo debate por la plenaria de la Cámara de Representantes.
Por esa razón, congresistas de la oposición radicaron una moción de censura en contra de Jaramillo que deberá tramitarse en la Cámara, por lo que la solicitud está firmada por varios legisladores.
Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, se encargó de reunir las firmas y obtuvo el respaldo mayoritario que permite adelantar la moción de censura contra el ministro Jaramillo. En total firmaron ocho de esta colectividad, nueve del Centro Democrático, junto con los respaldos de Marelen Castillo y Miguel Polo Polo.
En el documento que se radicó en la Cámara de Representantes se afirma que dentro de las obligaciones del Ministerio de Salud está la de garantizar el abastecimiento de medicamentos y que en este momento en Colombia hay una crisis de insumos por cuenta de las decisiones de Jaramillo.
De hecho, se adjunta una acción popular de la Procuraduría General de la Nación donde se argumenta que desde la cartera no han tomado las decisiones necesarias para mitigar la situación.
“De acuerdo con lo señalado por la Procuraduría General de la Nación, la escasez de medicamentos se ha venido incrementando en el último tiempo a raíz de lo cual se puso de presente ante el Ministerio de Salud y Protección Social, el Invima y los medios de comunicación dicha situación con el fin de que los dos primeros adoptaran las providencias respectivas. Los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación –al Ministerio de Salud y Protección Social y al Invima– para que dichas entidades se manifestaran sobre el problema de escasez y brindaran soluciones a la problemática no han mostrado los resultados esperados por parte de las entidades públicas, sino que se advierte un agravamiento de la situación”, dice el Ministerio Público.
Así mismo, se tomó como insumo la afirmación sobre la falta de soluciones concretas para priorizar el trámite de insumos y registros que son necesarios para el abastecimiento de medicamentos en Colombia.
“El incremento de la escasez de medicamentos demuestra que las actuaciones del ministro, el Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo, no han cumplido con los criterios de eficiencia y oportunidad, ya que no está utilizando todos los recursos necesarios para priorizar y proteger la salud de los colombianos, al no tomar las medidas pertinentes”, dice el documento.
La representante a la Cámara Carolina Arbeláez explicó que el ministro ha desconocido las funciones de su cargo, lo cual ha generado dos crisis en el sector de la salud, una financiera y otra de desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales en salud, y tampoco ha tomado las medidas necesarias para resolver las situaciones solicitadas formalmente por la Procuraduría General de la Nación y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
“El incremento de la escasez de medicamentos demuestra que las actuaciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no han cumplido con los criterios de eficiencia y oportunidad, ya que no está utilizando todos los recursos necesarios para priorizar y proteger la salud de los colombianos, al no tomar las medidas pertinentes. Además de desobedecer las órdenes judiciales expedidas al respecto”, añadió Arbeláez.
Por su parte, el representante del Centro Democrático Andrés Forero dijo: “Lo que está pasando con los presupuestos máximos es vergonzoso. Es inaceptable que por cuenta de los retrasos en los giros que hace el Gobierno nacional a las EPS, haya riesgo de que pacientes de enfermedades de alto riesgo vayan a tener problemas en su atención”.
Por todas estas razones los representantes de los partidos de oposición Cambio Radical y el Centro Democrático, consideran necesario y urgente que el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, se separe de su cargo, en razón que de esta cartera se desprenden importantes decisiones que afectan los derechos fundamentales de los habitantes del territorio nacional.