No hay dudas de que la Corte Suprema de Justicia está siendo asediada para elegir al fiscal general. Como si fuera poca la presión del Gobierno Petro, del Pacto Histórico y de sectores afines, ahora los organismos internacionales se metieron en el asunto con pronunciamientos fuera de lugar.
La Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son órganos para integrar las regiones, mejorar la seguridad internacional, fortalecer las relaciones entre Estados y velar por los derechos humanos. Por esa razón, no se entiende por qué las tres instancias enviaron comunicaciones refiriéndose a la elección del fiscal en Colombia.
Llama la atención que los tres órganos hayan tenido esa sincronización para hablar de este proceso, pero guardan silencio o son complacientes para rechazar las acciones delincuenciales del ELN, de las disidencias de las Farc o los grupos criminales del país. Por ejemplo, la ONU sostiene una estrecha cercanía con la guerrilla, que se siente protegida en las oficinas que tienen en el norte Bogotá. Allí los guerrilleros se pasean tranquilamente con los integrantes de la misión en Colombia.
Aunque el mandato del Consejo de Seguridad se entregó para acompañar la implementación del acuerdo de paz y verificar el cese al fuego con el ELN, los funcionarios en Colombia han consolidado una estrecha relación con los guerrilleros y se sientan a manteles para almorzar cuando están en la capital o con los excomandantes guerrilleros de las extintas Farc-EP en exquisitos restaurantes.
La participación de los organismos internacionales en Colombia existe desde hace más de una década, pero es la primera ocasión en que se mezclan con asuntos de la política nacional y de la justicia del país. No hay duda de que es una inédita intromisión en las decisiones de la Justicia en Colombia y hay un tufillo de sesgo ideológico a favor del presidente Petro y los sectores que tienen afán en contar con fiscal general.
Las tres comunicaciones fueron recibidas como un espaldarazo al presidente Petro y él acudió a sus redes para decir que no solamente era el pueblo el que pedía la elección, sino que el mundo entero estaba pendiente del asunto. Lo dicho por el mandatario no es cierto, por ejemplo, si se tiene en cuenta que la comunicación de la CIDH fue impulsada por José Luis Caballero, un relator cercano a los gobiernos de izquierda y cuyo escrito generó sorpresa en el órgano internacional, que habitualmente no se mete en asuntos que no tengan relación con los derechos humanos.
Además, muestra que la diplomacia colombiana ha servido para fortalecer relaciones con estos organismos que hacen presencia en Colombia y que se sienten cómodos con el trato del Ejecutivo. El respaldo a Petro se vio reflejado en la comunicación de Luis Almagro, secretario de la OEA, quien se atrevió a hablar de una ruptura institucional sin tener un solo elemento de juicio para llegar a semejante conclusión. Colombia puede tener un sinnúmero de problemas, pero no es un país golpista y nadie, por ahora, ha hablado de un golpe de Estado para sacar a Gustavo Petro de la Casa de Nariño.
Humberto de la Calle, quizás el senador más prudente del Legislativo, no aguantó las referencias de Almagro y como ministro de Gobierno en la época de la Constituyente recordó que Colombia tiene una carta magna que se debe respetar.
“El señor Almagro está pintando una Colombia que no existe. Aquí nadie quiere tumbar a Petro, nadie que tenga un dedo de frente. Aquí ni las Fuerzas Militares, ni los medios de comunicación, ni los gremios económicos quieren tumbar al presidente. Esa parece ser una visión que el señor Almagro recibió y se la comió sin digerirla”, dijo.
El expresidente César Gaviria, quien fue secretario de la OEA y conoce a la perfección el funcionamiento del organismo, no dudó en señalar que existe una intervención que menoscaba la autonomía de la Corte Suprema de Justicia. “No salgo del asombro al ver las actuaciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que menoscaban la autonomía de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y la separación de poderes consignada en la Carta Democrática Interamericana. Ambas declaraciones desconocen un componente clave de la Carta, lo que implica interferir en la separación de poderes”.
Desde 1991, cuando se creó la Fiscalía General, no existe registro de una intervención de órganos internacionales, a pesar de que en algunas ocasiones hubo vacío en la cúpula mientras la Corte Suprema hacía la elección. En 2009, la relatora de la ONU Gabriela Albuquerque hizo un llamado para que se acabara la interinidad en la Fiscalía de diez meses, pero su llamado fue personal y no institucional.
En un par de informes de Naciones Unidas de 2010 y 2011 se habla de los problemas de la interinidad en la Fiscalía, pero nunca se atrevieron a solicitar a la Corte Suprema de manera directa que hiciera su trabajo. Desde 1999, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho algún tipo de referencia sobre la Fiscalía en sus informes anuales, pero haciendo recomendaciones y hablando del clima político.
Para el exvicepresidente Francisco Santos, dicha oficina de las Naciones Unidas no ha cumplido con su papel y solo está haciendo activismo y respondiendo a los intereses del Gobierno Petro y son “cómplices cuando se trata de condenar asuntos de derechos humanos, como lo que pasa en Venezuela”. Por eso cree que esa oficina debería acabarse en Colombia ante sus pocos resultados. Sin embargo, el 28 de enero de 2023 se firmó un acuerdo para extender el mandato de la ONU hasta el 4 de abril de 2032. Juliette de Rivero, representante de la ONU en Colombia, lleva tres años en el país y fue ella quien “alentó” a la Corte para elegir fiscal. Dentro de las funciones que quedaron pactadas entre las partes no está incluida la de expresar opiniones sobre la Rama Judicial de Colombia. De Rivero sostiene constantes reuniones con sectores del Pacto Histórico y funcionarios del Gobierno Petro. En total, la ONU cuenta con 26 agencias en Colombia y sus cabezas tendrían tendencia hacia los gobiernos de izquierda.
Llama la atención que la CIDH, tan preocupada en este momento por la elección del fiscal general, no haya dicho absolutamente nada durante los encargos de Guillermo Mendoza Diago, Martha Lucía Zamora, Jorge Perdomo y Fabio Espitia, durante los Gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Por esa razón, el exfiscal Néstor Humberto Martínez también fue enfático en señalar que la CIDH está totalmente equivocada en su comunicación, pues quiere hacer ver al mundo que en Colombia la falta de un fiscal general puede generar impunidad, y eso no es cierto. “La gestión misional de la Fiscalía nunca se ha detenido”, dijo.
A este rechazo se sumaron los integrantes del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (Cori), quienes dijeron que la injerencia de estos organismos no se puede tolerar. “Esto se constituye en un hecho que no tiene precedentes en la política exterior del país y amerita el más categórico rechazo. Los organismos internacionales y sus dirigentes deben ser respetuosos de los procesos internos del país. La institucionalidad colombiana ha tenido una trayectoria democrática y se encuentra en ejecución de sus funciones constitucionales y legales”.
Diego Santos, quien promueve un plantón en la sede de la ONU el sábado 17 de febrero en Bogotá, cree que el presidente Gustavo Petro está promoviendo un “autogolpe de Estado” y que la ONU, la OEA y la CIDH están entrando en ese juego político.
Aunque todo apunta a que estos órganos internacionales actúan como aliados ideológicos del Gobierno Petro, no está clara su intención de meterse de frente en estos procesos de la justicia colombiana. En todo caso, lo que sí está claro es que tienen muchas deudas en materia de derechos humanos en un país donde siguen asesinando activistas y defensores y sobre ello no dicen nada.
Para finalizar, aunque sus pronunciamientos sean polémicos y objeto de críticas, lo cierto es que no son vinculantes y en este caso pueden ser únicamente un saludo a la bandera, porque la democracia y la separación de poderes en Colombia, por ahora, son bastante sólidas.