La Presidencia de la República reveló este martes los decretos firmados por el presidente Gustavo Petro para el cese al fuego bilateral con las cinco organizaciones ilegales que mostraron su voluntad de acogerse a la llamada ‘paz total’.

Los decretos firmados por Petro no solo establecen un cese al fuego bilateral, sino los mecanismos de verificación y las instituciones que estarán encargadas de hacer la veeduría del cumplimiento por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, disidencias de las FARC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) y las Autodefensas de la Sierra Nevada.

La decretos emitidos son el 2660, 2659, 2658, 2657 y 2656 de 2022, en los que se establece que el cese al fuego será entre el primero de enero y el 30 de junio de 2023.

Pero el detalle que más llamó la atención es que los decretos revelan cuál será el tratamiento que se le dará a cada una de las organizaciones con las que se llegó a un acuerdo de cese al fuego bilateral.

De esta manera, queda establecido que el ELN y el llamado Estado Mayor Central Farc-EP, es decir la disidencia de alias Iván Mordisco, tendrán tratamiento de organización política, es decir con estas organizaciones se hará un proceso de paz.

Por otro lado, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y la Segunda Marquetalia no tendrán estatus políticos y, por lo tanto, deberán tener un proceso de “sometimiento a la justicia”.

Este no es un detalle meramente de terminología, sino que tiene implicaciones profundas frente a los eventuales beneficios que puedan recibir estas organizaciones. En el marco de un proceso de paz, como ocurrió por ejemplo con las Farc en La Habana, se les reconoce como organización política alzada en armas y se les puede, como ocurrió en este caso, otorgar algún tipo de participación política.

Mientras tanto, el sometimiento a la justicia se aplica a grupos criminales que no tienen ningún fin político y por lo tanto no pueden participar en un proceso de paz formalmente, aunque sí pueden establecer mecanismos de diálogo con el Gobierno nacional.

¿Por qué entonces, por ahora, las disidencias de Iván Mordisco sí participarán formalmente en un proceso de paz y la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, no?

La respuesta está en que el grupo liderado por Iván Mordisco nunca participó del acuerdo de paz de La Habana, pues desde el principio anunció que se mantendría en armas, mientras que Iván Márquez sí participó en este proceso, incluso alcanzó a tener asignada una curul en el Senado, pero posteriormente traicionó lo pactado.

Y algunos expertos, entre los que está el propio Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno en el proceso con las Farc, y consideran que abrir una nueva ventana de negociación política por parte del Gobierno, con quienes incumplieron, el caso de Iván Márquez, podría tener riesgos teniendo en cuenta que el acuerdo de paz ya hace parte de la Constitución y allí se establece que la justicia ordinaria se debe ocupar de quienes retornaron a la actividad criminal.

De acuerdo con la sentencia C-080 de 2018, en la cual la Corte Constitucional declaró exequible la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el incumplimiento de lo pactado puede impedir que un compareciente, en este caso los desmovilizados de las Farc que se acogieron al acuerdo, acceda a beneficios (tratamientos especiales de justicia) o que los pierda luego de haberle sido otorgados, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.

Asimismo, señala que dicha sentencia que se ha establecido que la JEP evaluará si la comisión de un nuevo delito implica un incumplimiento de las condiciones del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, que amerite no aplicarle las sanciones alternativas, por lo cual el proceso se remitirá a la justicia ordinaria.

No obstante, este estatus que se le ha dado a la Segunda Marquetalia y a Iván Márquez podría cambiar en los próximos meses, pues el Gobierno creó una instancia de alto nivel que hará una caracterización de las organizaciones que se acogieron a la llamada ‘paz total’.

En todo caso, bien sea bajo la figura de proceso de paz o a través del sometimiento a la justicia, esta ya es la tercera vez que Márquez participa en diálogos con el Gobierno.

Ya lo había hecho en 1984, durante el gobierno de Belisario Betancur. Tras la firma de los Acuerdos de cese al Fuego, Paz y Tregua de esa guerrilla con ese Gobierno en marzo de ese año, Márquez salió a hacer política bajo la bandera la Unión Patriótica (UP), partido fundado en mayo de 1985 en el que se vincularon miembros provenientes de la guerrilla de las Farc, el Partido Comunista, líderes sociales y sindicales, entre otros.

Sin embargo, en 1987, luego de una llamada de Jacobo Arenas, entonces líder de las Farc, decidió traicionar lo acordado y volvió a las armas con la excusa de que la Unión Patriótica estaba siendo sometida a un genocidio.

En las negociaciones de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana (2012-2016), el hoy líder de las disidencias tuvo una segunda oportunidad de hacer la paz.

En esa ocasión fue nada menos que el jefe de la delegación de paz de la extinta guerrilla y portavoz de este proceso a nombre del grupo insurgente.

Luego de la firma del acuerdo en 2016, las Farc tuvieron la oportunidad de convertirse en partido político y se les otorgaron 10 curules en el Congreso durante dos periodos: 2018-2022 y 2022-2026, justamente uno de estos escaños en el Senado estaba destinado para Márquez, quien de manera inexplicable decidió no tomar posesión.

El 29 de agosto de 2019 anunció que regresaba a la lucha armada a través de un vídeo en internet. En las imágenes aparecía, junto a Jesús Santrich, alias Romaña y alias El Paisa, todos estos hoy ya muertos en medio de la guerra.