Colombia pasa por una escasez de medicamentos que tiene a los pacientes en alerta por el riesgo de que se queden sin ciertos tratamientos para atender sus dolencias de salud.
Es tal la preocupación por la capacidad del Estado de suministrar esos elementos vitales a la ciudadanía que el Senado citó a un debate de control político sobre este y otros asuntos que afectan al sector salud al Ministerio de Salud y las entidades adscritas a este.
Justamente, una de las entidades citadas a esa diligencia es el Invima, que es el brazo del sector público encargado de garantizar que haya medicamentos en Colombia, y su directora general encargada Mariela Pardo Corredor. El debate de control iba a tener lugar en la tarde de este martes (21 de noviembre) pero fue postergado a solicitud del Gobierno Nacional.
En todo caso, SEMANA tuvo acceso al cuestionario que le envió el Invima al Congreso detallando cómo está la situación de abastecimiento en Colombia y cuáles son las razones por las que hay una contingencia en el tema. La razón es preocupante: las tareas que tiene el instituto sobrepasan sus capacidades reales de ejecución.
El Invima está tardando hasta 36 meses (o sea, 3 años) para expedir registros sanitarios de los medicamentos, lo que retrasa la llegada de nuevos productos al país. Y esas demoras responden a ocho razones expuestas por la entidad.
Lo que le dijo el Invima al Congreso es que hay un represamiento de solicitudes de vigencias anteriores de 2016 y 2022, es decir, trámites que llevan hasta siete años esperando ser resueltos; también se presenta una “insuficiente capacidad operativa”, en los últimos meses hubo un aumento de establecimientos vigilados, incremento de trámites y la asignación de nuevas funciones para la entidad; entonces, señalan que esa determinación le entregó nuevas competencias y funciones para abarcar.
El Invima también señala que hay “afectaciones a los sistemas de información como consecuencia de los ataques cibernéticos de 2022, sistemas de información obsoletos que no facilitan la gestión de los procesos de la entidad y obsolescencia de los equipos tecnológicos”.
Un último punto que detalla ese despacho es que hay “salarios no competitivos al interior del mercado laboral dentro del mismo sector de inspección, vigilancia y control, lo que nos pone en desventaja y aumenta el nivel de técnicos que migran al sector privado”.
Invima tiene capacidad operativa limitada
De acuerdo con la entidad, “se han venido presentando diferentes situaciones que han generado un impacto en la capacidad operativa del Invima que inciden en los tiempos de respuesta para la atención de los trámites de los interesados”.
La versión del Instituto es que por la entrada en vigor de la Ley 2020 se vio reducida su capacidad operativa porque, como producto de esa normativa, se aumentaron en un 61 % las solicitudes de registro sanitario.
Pero el Invima no es solo la autoridad en materia de medicamentos y asuntos biomédicos. En manos de ese instituto también cae el monitoreo de alimentos y bebidas y la oficina detalla que a partir de una resolución expedida en diciembre 2022 quedaron con la responsabilidad de autorizar el agotamiento de existencias de las etiquetas de esos productos, lo que le puso más tareas a ese despacho.
Ese punto hace referencia al nuevo etiquetado para alimentos ultraprocesados que multiplicó la lista de pendientes de la entidad, mientras que el promedio de solicitudes para actualizar el etiquetado de alimentos era de 300 anuales, solo entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 recibieron 5.200 requerimientos.
Entonces, desde el Invima le dijeron al Congreso que han estado intentando ampliar la capacidad operativa de la Dirección de Medicamentos, lo que incluye acciones como un plan de contingencia para evacuar el represamiento de registros sanitarios y otras cuestiones administrativas para agilizar el proceso.
Ese despacho también apuntó que ha venido haciendo mesas de trabajo para la actualización normativa y un plan de contingencia para evacuar el represamiento de registros sanitarios y los trámites asociados a los productos biológicos.
El riesgo de un desabastecimiento de medicamentos es uno de los puntos que está evaluando el Congreso en medio de la creciente crisis en el sistema de salud, contingencia que tiene lugar justo cuando el Gobierno de Gustavo Petro está intentando tramitar la reforma a la salud.