Este miércoles fue radicado finalmente el esperado proyecto de reforma constitucional con el que se busca que los congresistas empiecen a disminuir algunos de los amplios privilegios de los que gozan.
La iniciativa, presentada por la llamada bancada alternativa y liderada por los senadores Roy Barreras, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y la representante Catherine Juvinao, limita el número de periodos que puede permanecer una persona en el Congreso, recorta las vacaciones de los parlamentarios y hace más riguroso el control de las inasistencias a las sesiones.
Sin embargo, el asunto que más llama la atención es el que tiene que ver con la disminución del salario de los congresistas.
La idea de la propuesta, según explicó el senador Gustavo Bolívar, es modificar el régimen salarial de los parlamentarios para que se le ponga un tope de 25 salarios mínimos mensuales.
Actualmente, los senadores y representantes a la Cámara devengan cerca de 34 salarios mínimos.
“La remuneración mensual de los congresistas de la República, incluyendo los factores salariales y no salariales, no podrá exceder los 25 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. Esta se reajustará cada año en proporción igual al aumento del salario mínimo mensual legal vigente”, indica el texto radicado.
Sin embargo, el proyecto trae una sorpresa al final, pues asegura que esta reducción solo aplicará a partir del 20 de julio de 2026, es decir, no tendrá impacto en los actuales parlamentarios. Lo anterior para evitar que, tal como ha ocurrido en anteriores oportunidades, los actuales congresistas se declaren impedidos a la hora de debatir este proyecto.
Según explicó el senador Bolívar, generalmente los senadores y representantes se declaran impedidos cada vez que se discuten estos temas, al considerar que se está legislando en causa propia.
Por ejemplo, de acuerdo con la explicación del senador de izquierda, si un congresista vota de manera negativa el proyecto que reduce su salario, de inmediato entraría en conflicto de interés, pues estaría buscando beneficio al no permitir que se disminuya su ingreso mensual.
Bolívar aseguró, además, que si esta reducción se aplica desde ahora “podrían llover demandas porque hay congresistas que se endeudan sobre la base de lo que van a ganar. Por decir algo, yo sé que en los cuatro años voy a ganar 1.300 o 1.400 millones de pesos, entonces sobre eso me endeudo y no es una buena regla de juego llegar a decirles que ya no van a ganar 1.400 sino 1.000 millones, entonces podrían llegar demandas”.
Justamente lo que se busca evitar es lo ocurrido en 2018 con un proyecto, nacido tras la consulta anticorrupción, que les disminuía el salario a máximo 25 salarios mínimos.
En esa ocasión, 36 de los 38 miembros de la Comisión Primera de la Cámara se declararon impedidos para discutir la iniciativa, al considerar que había un conflicto de interés porque estaban legislando sobre su propio salario. Esto llevó al hundimiento de la reforma.
Salario congelado
Lo que sí busca la reforma radicada es que los actuales congresistas no tengan aumentos salariales hasta finalizar su periodo, por ello, pretenden que se congele su remuneración hasta 2026, cuando ya ahora sí entraría en vigencia la reducción.
“A partir de la promulgación del presente acto legislativo, la asignación para los miembros del Congreso no será reajustada hasta la terminación del periodo constitucional 2022-2026″, establece el proyecto.
No obstante, esto genera una inquietud, pues si se aplica el argumento dado por el senador Bolívar, los actuales congresistas también se podrían declarar impedidos al votar esta propuesta, en la medida en que si algún senador o representante vota negativo el congelamiento de su salario, estaría buscando un favorecimiento al querer que se mantenga el aumento anual.
¿Por qué no pueden votar la reducción de su propio salario, pero si el congelamiento?
Otras reformas
Además de la reducción de salarios, la reforma contiene otras propuestas que buscan poner en cintura a los congresistas.
Una de ellas es la de limitar la reelección indefinida de los congresistas, estableciendo un límite de tres periodos. Con esta medida se busca lograr una renovación gradual del Congreso, que dé lugar al surgimiento de nuevos liderazgos y ponga fin a los congresistas “atornillados” que tienden a crear redes de clientelismo y corrupción al interior de la institución.
Así mismo, se busca reducir a la mitad el periodo de vacaciones de los parlamentarios. Actualmente, el receso legislativo es de cuatro meses, y la idea es que ahora sea solo de dos.