Como ya se venía advirtiendo desde la Casa de Nariño, se hizo el anuncio oficial este viernes 18 de octubre. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia reveló las primeras acciones legales por la millonaria licitación que adjudicó la Registraduría a Thomas Greg sobre procesos electorales.
En ese sentido, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, indicó que radicará una denuncia ante la Fiscalía, al advertir que se habrían registrado irregularidades en el trámite de licitación.
“Será la justicia (penal) la que determine la responsabilidad de los funcionarios en esta adjudicación. Por lo cual, el día de hoy:
- Radicaré denuncia penal por esta millonaria adjudicación, ante la posible contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, debido al posible incumplimiento de los deberes y principios establecidos en la Ley 80.
Adicionalmente solicitaré:
- A la @PGN_COL, se lleven a cabo las respectivas investigaciones disciplinarias por no garantizar el cumplimiento de principios de la contratación estatal, y
- A la @CGR_Colombia, una auditoría por la posible estimación de valores en el análisis de sector de la que, en consideración de la @STransparencia, careció el proceso adjudicado”, posteó en su cuenta personal de X, Idárraga.
El radical anuncio de la Presidencia se dio luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicó el contrato que busca suplir soluciones logísticas, tecnológicas, informáticas y de servicios para los procesos electorales de las Juntas Administradoras Locales (JAL) y consultas populares en el suroccidente de Colombia y en el área metropolitana del Piedemonte Amazónico.
El contrato, por más de 41.000 millones de pesos, fue adjudicado a la unión temporal Disproel 2024, en la que una de las empresas participantes es Thomas Greg & Sons.
El trámite de adjudicación se dio pese a las presiones del Gobierno nacional, que a través de la Secretaría de Transparencia emitió una “alerta temprana” sobre el proceso contractual, asegurando que existió falta de pluralidad.
Entre tanto, SEMANA conoció el documento emitido desde el despacho liderado por el secretario Andrés Idárraga, en el que pedían suspender el proceso.
En un documento, enviado el pasado 7 de octubre, titulado “alerta temprana”, explican las preocupaciones de la Presidencia de la República.
Dicen que en “el estudio previo, el anexo técnico, el estudio de sector, documentos de observaciones y respuestas se pueden identificar presuntas acciones que pueden estar limitando el acceso plural de oferentes a la participación en el proceso de selección en mención”.
En primer lugar, dicen que se estipularon plazos cortos, “previos a la fecha estimada para el desarrollo del proceso electoral y para la ejecución del objeto del contrato, no permiten garantizar de forma adecuada la ejecución de las actividades que se pretenden contratar”.
Además, aseguran que el análisis económico no es claro y se quejan por la exigencia de antecedentes en tareas similares, entre otras cosas.
“Si bien es cierto que la formulación de los requisitos habilitantes dentro de un proceso de contratación deben obedecer a las particularidades, características y requerimientos propios de cada proceso, también resulta prioritario y conminatorio que en el marco de los principios de la contratación pública, tales como el de transparencia, se exige a la entidad contratante fijar requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección, que a su vez den acceso, en términos de igualdad, a los diferentes actores del mercado, con el fin de obtener la mejor propuesta técnica y económica que permita satisfacer el objeto del proceso de contratación”, indica el documento.
La respuesta de la Registraduría prueba que todos los requisitos de transparencia se garantizaron en el proceso, que además tuvo acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.
En Ministerio Público inicia recalcando que la observación de la Secretaría de Transparencia son similares a las presentadas por “otro interesado”.
“Se destaca que las observaciones contenidas en su comunicación son similares a las presentadas por otro interesado en el marco del proceso de contratación de la convocatoria pública SA 006. Esto sugiere que se están tratando temas que ya han sido minuciosamente revisados y analizados por las áreas técnicas responsables de la entidad. Esta evaluación no se limitó únicamente a la fase de planificación, sino que también se llevó a cabo en el contexto de una evaluación exhaustiva de los argumentos presentados por los participantes en la convocatoria pública”, contestó la autoridad.
Esta observación, en la que se habría basado la Secretaría de Transparencia, proviene del Grupo Cadena. En ella llama la atención que cuando se pide garantías para los oferentes, se menciona a Smartmatic, una empresa de procesos electorales vinculada al régimen venezolano de Nicolás Maduro.
Con fecha del pasado 2 de octubre, la empresa alega puntos similares a la Secretaría de Transparencia, señalando la “ausencia” de grandes empresas, como Smartmatic, que fortaleció el cuestionado voto electrónico en Venezuela.
“Al respecto, cabe resaltar la ausencia en los estudios de mercados y procesos de selección de grandes empresas que prestan sus servicios en numerosos procesos a nivel internacional como Dominion Voting Systems, Smartmatic, Indra, Odec, entre otras”, se lee en el documento.