Ante los agudos desafíos que tiene el Congreso de la República sobre las grandes transformaciones que ha planteado y radicado en esa célula legislativa el presidente Gustavo Petro, el mandatario colombiano hizo referencia a lograr consolidar un gran pacto nacional.
El jefe de Estado, en un discurso que dio en el inicio del cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN en Bogotá este 3 de agosto, descartó de tajo una constituyente para refrendar el pacto nacional, apostándole a una refrendación vía Congreso.
El interés que expuso Petro tiene que ver con lograr una especie de alianza nacional entre los partidos de oposición y las fuerzas políticas afines a su Gobierno para avanzar en las reformas sociales, las cuales algunas cursan en el Congreso.
“Podemos desarrollar entonces un nuevo acuerdo nacional, yo les propongo que lo hagamos así, decir que se desarrolla dentro de la Constitución Nacional un nuevo acuerdo nacional”, sostuvo Petro.
Y agregó el mandatario colombiano: “Indudablemente refiere al Congreso de la República, porque si no es una constituyente el que va a volver vinculante al acuerdo es un Congreso, pregunta el Congreso de la República de hoy, ¿está dispuesto?”.
Presidente Petro habló sobre el inicio del cese al fuego con el ELN: “Nunca habían llegado a esta posición, hablar sin armas”
En ese mismo evento que contó con la participación de los delegados del ELN, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló de frente sobre esa medida que avanza en todo el territorio nacional.
Cese bilateral que tendrá una verificación especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el cumplimiento de desescalar el conflicto armado entre la insurgencia y las fuerzas militares. Asimismo, de la Defensoría del Pueblo.
“Primero hay que dar una felicitación: nunca jamás en la historia contemporánea el ELN había llegado a esta posición, hablar de frente en el corazón de Colombia, sin dejar de ser el ELN, sin armas, ante la diversidad de Colombia, ancha y profunda”, sostuvo Petro.
A su turno, el jefe máximo de la guerrilla del ELN, Pablo Beltrán, se atrevió a dar cátedra de lucha contra las drogas, dándole consejos al Gobierno nacional del Pacto Histórico de cómo deben ser encaminadas las políticas públicas de lucha contra el narcotráfico, pese a que ese grupo terrorista es señalado como uno de los principales carteles de drogas ilícitas.
Beltrán aseguró que el Gobierno debe aplicar una política sustitutiva a la guerra contra las drogas. “En muchas regiones persisten grupos, bandas y carteles, porque esos carteles dejan mucho dinero; ellos no se van a salir, se pueden someter a la justicia, pero inmediatamente nace otro cartel, porque hay una guerra fracasada contra las drogas”, sostuvo Beltrán.
“¿En dónde está el fracaso?, en que se centran en promover la guerra, en reprimir y en declarar cosas ilegales: ¿quién dijo que un adicto es un criminal?, es un enfermo y por eso tiene que haber políticas de salud pública; apoyemos eso, que es socavarles la base a muchos grupos de base que se alimentan en las regiones de ese tráfico”, insistió Pablo Beltrán.
Sin embargo, en el marco del inicio del cese al fuego bilateral entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tuvo inicio este 3 de agosto y que irá hasta el 29 de enero de 2024, la Defensoría del Pueblo anunció que mantendrá la verificación a posibles vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).
Actualmente, el ELN tiene presencia en 224 municipios de 19 departamentos del país, lo que, según el organismo, constituye un reto mayor para que se pueda adelantar la verificación del cese bilateral.
Este año, la Defensoría del Pueblo ha presentado seis informes a través de los que ha advertido las vulneraciones a los derechos de las comunidades por amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, entre otros hechos que van en contravía del DIH.
Estos han sido causados por los grupos armados ilegales que se sumaron a la suspensión de las acciones bélicas anunciada a comienzos de año, a través de un decreto, por el Gobierno central.
“Le insistimos al Gobierno nacional sobre la necesidad de poder conocer en detalle los protocolos, son mencionados nueve, que hayan sido establecidos con el ELN para hacer un seguimiento preciso. Sin embargo, es oportuno decirlo, con o sin protocolos, continuaremos verificando las eventuales afectaciones que se puedan llegar a generar sobre las comunidades en el territorio colombiano”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Un aspecto puntual en el que hace énfasis el organismo de derechos humanos tiene que ver con el hecho de que el ELN no continué vinculando menores de edad a sus filas.
Por medio de su Sistema de Alertas Tempranas, ha advertido de manera reiterada el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes en todas las regiones del país; al tiempo, se disputa el control territorial con otros actores armados ilegales.