A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, agudizó su discurso contra el Clan del Golfo, insistiendo en que la orden que ha impartido a su gobierno es “destruirlo”.
En el mensaje, que publicó este lunes 26 de febrero en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano alertó que el viejo paramilitarismo se está reencauchando con apoyos en departamentos de Antioquia y Córdoba.
“El viejo paramilitarismo se reencaucha en el nuevo, con apoyos en Antioquia y Córdoba. La orden dada por el Gobierno es clara: destruirlo”, posteó Petro.
También señaló: “La paz implica que las tesis que proclamaron la necesidad de una insurgencia armada y las que crearon el paramilitarismo narcotraficante deben dejar de existir”.
“Los cambios y el debate público que provoca la necesidad del cambio deben estar en manos del pueblo y avanzar de manera pacífica”.
Capturaron a alias Solla, supuesto narcotraficante que tenía como fachada el perfil de un millonario empresario
La postura de Petro se dio luego de que Jesús Cardona Bello o ‘Solla’, como era conocido este presunto integrante del Clan de Golfo, encargado del tráfico de estupefacientes, fue capturado en las últimas horas por la Policía en un operativo que se adelantó en el departamento de Córdoba. El hombre era buscado, según fuentes de la Policía, por la CIA de Estados Unidos.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, entregó detalles del operativo que permitió la captura de este supuesto narcotraficante, quien era elemento clave en las investigaciones que se adelantaban de manera conjunta con los Estados Unidos. Sería responsable del envío de más de diez toneladas de cocaína a ese país.
Curiosamente, el ministro Velásquez advierte que alias Solla “exportaba” cocaína cuando, justamente, a lo que se hace referencia es a un tráfico de estupefacientes, que son los delitos que lo tienen en la lista de los más buscados, no solo por las autoridades colombianas, sino por las agencias norteamericanas.
“La Policía de Colombia capturó hoy en San Pelayo, Córdoba, a Ferney Cardona Bello ‘Solla’, señalado de liderar una organización internacional de narcotráfico y lavado de activos vinculada con el Clan del Golfo, que exportaba hasta diez toneladas mensuales de cocaína a Estados Unidos y Europa”, señaló en sus redes sociales el ministro de Defensa.
La información que maneja la Fiscalía, de acuerdo con los elementos de prueba recaudados por los investigadores de la Policía Nacional, advierten que alias Solla tenía una fachada de conocido empresario en el norte del país y, a partir de ese escenario, lograba evadir los controles de las autoridades; sin embargo, los informes de inteligencia advirtieron su relación con los cabecillas del Clan del Golfo.
Alias Solla tiene 43 años de edad, es natural de Antioquia y, según los datos recuperados por los investigadores, mantenía contacto directo con alias Chiquito Malo, el heredero del Clan del Golfo, así como con otros conocidos criminales de este grupo ilegal dedicado al narcotráfico, a través de la ubicación de falsos empresarios, como el ahora capturado.
Por otro lado, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, emitió una alerta temprana para siete municipios del sur del departamento de Bolívar, debido a la presencia y acciones violentas de miembros del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN.
Los municipios afectados son Achí, Altos de Rosario, Barranco de Loba, El Peñón, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba y Tiquisio. Según el defensor del Pueblo, estas comunidades están en riesgo debido a desplazamientos forzados, extorsiones e instrumentalización de menores para actos delictivos por parte de estos grupos armados ilegales.
“Las comunidades de siete municipios del sur del departamento de Bolívar están corriendo un riesgo que catalogamos como alto, debido a hechos violentos de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la guerrilla del ELN”, manifestó Camargo en el marco de la Alerta Temprana 003 de 2024.
En el documento de prevención y advertencia, de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría del Pueblo les solicita a las autoridades la adopción de medidas para prevenir y evitar que hechos como la imposición de “normas de conducta” y el cobro de “multas” de las estructuras al margen de la ley y su accionar violento afecten la vida, libertad, movilidad y seguridad de las poblaciones identificadas como de alto riesgo.