Tras el terremoto que desató la renuncia de Amelia Pérez como integrante de la terna para dirigir la Fiscalía General, se conoció el primer coletazo de esa decisión. En ese sentido el presidente de la República, Gustavo Petro, inició una reunión de Gobierno de último momento para evaluar la situación.
Altas fuentes de la Casa de Nariño señalaron a SEMANA que el mandatario colombiano estaba evaluando los caminos jurídicos sobre la dimisión de Pérez, sobre si la reemplazaba o si, por el contrario, pedía que la Corte Suprema vote con las restantes dos candidatas, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago.
Sin embargo, mientras el presidente Petro estaba analizando el caso, la Corte Suprema de Justicia tomó su decisión y eligió a Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general de la Nación con un total de 18 votos de los magistrados a su favor.
Además, trascendió que la Casa de Nariño pospuso la rueda de prensa que había sido convocada para este martes en horas de la mañana, sobre los estudios del Metro de Bogotá, los cuales fueron contratados por el Gobierno del llamado cambio.
Urgente: Luz Adriana Camargo, nueva fiscal general. La Corte Suprema no se dejó presionar
Este martes, Luz Adriana Camargo Garzón se convirtió en la nueva fiscal general de la Nación. La otrora magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tomará las riendas del ente investigador para el período 2024-2028. Su trayectoria, de más de 35 años en la rama judicial, incluso vinculada a la Fiscalía, la anteceden.
SEMANA presenta un perfil de Camargo Garzón, las principales propuestas y su hoja de vida, la cual tiene un capítulo extenso por el trabajo que desarrolló como magistrada auxiliar en la Corte Suprema de Justicia, en la unidad que investigó la llamada “parapolítica” y que logró que más de 40 congresistas fueran investigados. Lo propio ocurrió en Guatemala, desempolvando actos de corrupción que llegaron a salpicar a un presidente. En los dos escenarios trabajó con el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Desde el año de 1987, Camargo Garzón ha estado vinculada a la Rama Judicial. Comenzó como oficial mayor del Juzgado 19 Superior en Bogotá, proyectando fallos por delitos relacionados con homicidios y contra la fe pública, más conocidos como de corrupción.
Durante 27 años escaló por diferentes cargos hasta llegar, en 2005, a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en la que hizo parte de la recién creada Unidad Especial de Investigación que recibió la misión de indagar por los nexos y alianzas políticas que habían firmado varios políticos con los grupos paramilitares para así garantizar su llegada al Congreso entre la década de los ochenta y los noventa.
Durante este período se vinculó a senadores y representantes a la Cámara, varios de ellos pertenecientes a las más importantes familias políticas en el norte y el oriente del país, quienes habrían vendido su alma al diablo para que los paramilitares promovieran a sangre y fuego sus candidaturas. Esto a cambio del compromiso de proteger el proyecto político de las AUC y entregarles todo tipo de contratos para que se siguieran fortaleciendo.
De esta forma fueron cayendo poco a poco dirigentes políticos de la talla de Álvaro García Romero, más conocido como El Gordo; Eleonora Pineda, Rocío Arias, Miguel Alfonso de la Espriella y Erick Morris. La designación de Camargo en este trascendental cargo tuvo como base la experiencia que tenía tras su paso como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, entre 2003 y 2004, donde dirigió investigaciones contra ministros, gobernadores y miembros de misión diplomática por hechos relacionados con corrupción mediante la celebración irregular de contratos.
Como magistrada auxiliar, cargo en el que estuvo hasta el 13 de enero de 2014, proyectó decisiones en investigaciones y juicios por los delitos de cohecho (entrega de sobornos), concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, contratación pública ilegal, tráfico de influencias, prevaricato, delitos electorales, injuria, calumnia, delitos contra la vida e integridad personal.
Los caminos de Camargo y Velásquez se juntarían nuevamente en enero de 2014, cuando trabajaron en la Comisión Interamericana contra la Impunidad, en Guatemala. En el país centroamericano adelantaron una compleja y extenuante investigación contra varios funcionarios del Gobierno, entre ellos el presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti por un rosario de delitos entre los que se encontraban actos de corrupción en entidades del Estado, tráfico de influencias, defraudación y el ingreso de mafias al poder.
Sus hallazgos fueron la base para que, en 2022, el Tribunal Mayor condenara a Pérez Molina y Baldetti a ocho años de prisión por los delitos de asociación ilícita y un caso especial de defraudación tributaria, viéndose obligados a devolver un millón de dólares por los daños causados.
Camargo estuvo en esta comisión hasta el 30 de octubre de 2017. Posteriormente enfiló su carrera a consultoría en temas relacionados con la protección de los Derechos Humanos, laborando en entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) y la fundación Forjando Futuros. En esta última realizó labores para la identificación de los patrones de sistematicidad en los homicidios de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de la guerrilla de las Farc después de la firma del Acuerdo de Paz.