El presidente de la República, Gustavo Petro, en la Casa de Nariño, posesionó a la nueva directora de la Unidad Nacional de Víctimas; se trata de Patricia Tobón, quien tendrá el reto de agilizar el proceso de reparación de las personas afectadas por el conflicto armado.
De la misma manera, dentro de los objetivos que trazará Tobón en la Unidad Nacional de Víctimas deberá velar por varios aspectos de cumplimiento emanados de los acuerdos de paz que firmó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las Farc.
Tobón, quien estuvo en la Comisión de la Verdad, según un perfil que elaboró esa entidad, destacó que es indígena del pueblo embera de Colombia, hablante de dos de las variedades dialectales del pueblo embera.
“Abogada con formación jurídica en derechos étnicos territoriales y con estudios de especialización en Derecho Constitucional. Con experiencia en coordinación de procesos de consulta previa, construcción de instrumentos normativos y de políticas públicas para los pueblos indígenas, lo que le ha permitido establecer diálogos interculturales con movimientos sociales, entidades del Estado, organismos internacionales, academia, sector privado, entre otros”, detalló la Comisión de la Verdad.
Trascendió que la nueva directora de la Unidad Nacional de Víctimas se desempeñó en su momento como consultora y asesora de diferentes procesos organizativos indígenas, afrodescendientes, organizaciones de derechos humanos, agencias de Naciones Unidas, y organizaciones internacionales, “en temas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas; en especial la jurisdicción especial indígena y el acceso de los pueblos indígenas y sus miembros individualmente considerados a la justicia; los derechos de las víctimas de los pueblos indígenas a la reparación colectiva y restitución de sus derechos territoriales”, explicó la Comisión.
Previó a la posesión de Patricia Tobón, se conoció sobre una fuerte advertencia que hizo la Contraloría General de la República por las cifras de reparación a las víctimas del conflicto armado. Pese a que desde la puesta en marcha de la Ley de Víctima se había fijado un plazo, lo cierto es que por el momento es imposible cumplir con lo que se había prometido.
Según los cálculos dados a conocer este lunes, son necesarios 301 billones de pesos para cumplirle a todas las víctimas del país para el año 2031. El organismo de control fiscal señaló que existe una baja asignación de subsidios y entrega de viviendas a la población víctima de desplazamiento forzado, por poner un claro ejemplo.
Sobre esa situación puntual, la Contraloría le solicitó al Gobierno que realice un costeo detallado los recursos que serían necesarios para cumplirle a los pueblos indígenas, afrocolombianos y gitanos que han sido víctimas del conflicto armado interno, y así ejecutar cada una de las medidas contempladas en la Ley de Víctimas y los Decretos Leyes Étnicos.
“Los recursos ejecutados entre el 2012 y 2021, por 146 billones de pesos, los programados en el Conpes 4031 de 2021, por 142 billones de pesos, resultan insuficientes para la atención y reparación de las más de 9 millones de víctimas que hoy tenemos en Colombia”, explicó en su momento la vicecontralora general encargada, Lina María Aldana, luego de hacer esta advertencia en su intervención en la presentación, con la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, de los informes de seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos.
Finalmente, en uno de los apartes del informe presentado se señala que para indemnización individual y colectiva son necesarios $ 74 billones, para vivienda: 53 billones de pesos, en generación de Ingresos cerca de $15 billones y a para todo lo relacionado con retornos y reubicaciones se requieren $13 billones.