Una profunda controversia se desató en el país por la petición que elevó el Gobierno nacional por medio del canciller Álvaro Leyva a la ONU para que investigara un supuesto entrampamiento al exjefe de las Farc y desertor del proceso de paz Jesús Santrich; sobre esa solicitud y ahora designación de una investigadora se pronunció el presidente Gustavo Petro.
El mandatario colombiano, pese a que Santrich se armó hasta los dientes abandonando el proceso de paz y desde la clandestinidad -al parecer desde territorio venezolano- amenazó a periodistas, celebró la designación que hizo la ONU de una comisionada para adelantar las investigaciones.
Petro recordó que en su paso por el Congreso fue quien lideró un debate exponiendo al país el supuesto entrampamiento al proceso de paz, destacó que por fin pueda haber una indagación sobre el particular, luego de las denuncias que elevó en su momento.
“El que por fin pueda haber una investigación sobre el entrampamiento a la paz que denuncié en mi último debate en el Senado de la República es un aporte a la consolidación de una paz real y total en Colombia”, trinó Petro.
Y completó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Le doy la bienvenida a Antonia Urrejola, comisionada por Naciones Unidas para desarrollar esa investigación”.
Hace varias semanas, se realizó una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual terminó en importantes anuncios que avivan la polémica por el supuesto “entrampamiento” al proceso de paz con las extintas Farc, y por lo que el canciller Álvaro Leyva había pedido crear una comisión de investigación internacional.
Uno de esos anuncios es el nombramiento inminente de un experto o experta internacional en derechos humanos, quien se encargará de identificar y verificar los supuestos “obstáculos” que “dificultan” la implementación del acuerdo de paz de 2016, especialmente aquellos denunciados públicamente por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2023.
Aunque la resolución de la ONU no menciona directamente el caso, se refiere a la denuncia presentada por la JEP contra funcionarios de la Fiscalía General de la Nación durante la administración de Néstor Humberto Martínez. Estos funcionarios, supuestamente, ocultaron información a la jurisdicción, lo que habría resultado en la no extradición de Seuxis Pausias Hernández, conocido como Jesús Santrich, firmante del acuerdo de paz y luego desertor para conformar la denominada disidencia Segunda Marquetalia.
“La nueva resolución dispone además que la Oficina del Alto Comisionado designe un experto internacional en derechos humanos encargado de identificar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016, en particular los anunciados públicamente por la Jurisdicción Especial para la Paz en marzo de 2023, y que identifique las consecuencias de estos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos y formule recomendaciones para superarlos”, dice el comunicado de la Oficina de la ONU.
La denuncia presentada por la JEP se basa en una investigación interna y en un estudio forense realizado por una firma de abogados inglesa, que habría revelado múltiples irregularidades.
Según la JEP, la Fiscalía habría ocultado información crucial durante el análisis de la extradición de Jesús Santrich en mayo de 2018. Entre los funcionarios denunciados se encuentra Ana Fabiola Castro Rivera, exdirectora de asuntos internacionales de la Fiscalía, quien presuntamente negó el acceso a pruebas importantes para la JEP. Según la denuncia, estos documentos podrían haber influido en la decisión que finalmente suspendió la extradición del líder guerrillero, quien en ese momento se encontraba detenido por delitos relacionados con el narcotráfico.
Santrich, quien formó parte del Secretariado de las Farc, fue acusado por la Fiscalía de Martínez de estar involucrado en una estructura de narcotráfico hacia Estados Unidos. Tras ser vinculado a un proceso por narcotráfico, abandonó el acuerdo de paz y conformó la Segunda Marquetalia junto a alias Iván Márquez.
Tras estos acontecimientos, el canciller Álvaro Leyva había solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU la creación de una comisión internacional de investigaciones o un grupo de expertos independientes para “fortalecer el proceso de paz”, argumentando que este se había visto afectado por acciones que obstaculizaron su avance.
“Algunos hemos considerado que lo que se buscó fue un entrampamiento a la JEP, por eso siento como mi obligación llamar la atención del Consejo de Seguridad, porque sí tenemos enemigos del proceso de paz”, afirmó el canciller el pasado mes de abril.
En ese sentido, Leyva aseguró que se necesitaba una comisión con el apoyo del secretario general de Naciones Unidas. El funcionario recordó que la misma Jurisdicción Especial presentó la denuncia penal contra funcionarios de la Fiscalía “por fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio en el proceso de Jesús Santrich”.
“Nos podemos llenar de razones, precisamente para blindar aún más esta magnífica tarea que está cumpliendo el Consejo de Seguridad”, agregó.
Santrich era la mano derecha de Márquez, ya el país sabe lo que pasó en la mesa de La Habana, y la conclusión: la firma del acuerdo de paz. Sin embargo, desconocen que Márquez tuvo momentos de tensión con Timochenko por puntos de la negociación, por sus posturas radicales y por las “pataletas” de Santrich, quien, por ejemplo, dañaba a última hora algún acuerdo entre las partes y Márquez lo respaldaba.