En medio de la postura que ha mantenido el Gobierno nacional del Pacto Histórico de que salgan de la cárcel los integrantes de la polémica primera línea, el presidente Gustavo Petro endureció su discurso, afirmando que lo han acusado de tener la culpa de que los jóvenes que protagonizaron desmanes en el llamado estallido social permanezcan en centros de prisión.
En la declaración que dio el jefe de Estado en el marco del evento sobre la posesión del consejo de juventudes, alertó que, según él, agentes del Estado no han permitido que los jóvenes de la primera línea salgan de la cárcel.
“Y no habían acabado de pasar las denuncias y los procesos judiciales y estábamos ante el hecho de que esa juventud que protestaba fue reprimida violentamente, quitándoles los ojos a quienes se expresaban libremente, violando, encarcelando por miles, matando. Acusaban al vecino por matar jóvenes, pero aquí mataban jóvenes en las manifestaciones, doble moral, de un capítulo más de una guerra contra la juventud. Les molesta la juventud, fundamentalmente por su rebeldía, porque no están de acuerdo”, sostuvo Petro.
Y agregó en su tesis: “Aún hoy muchos jóvenes están presos, me echan la culpa de ello, como si yo encarcelara o pudiera liberar. Entes al interior del Estado, personas al interior del Estado han decidido que esos jóvenes no salgan libres. No porque sean terroristas, porque ¿a quién se le ocurre decir que manifestarse es terrorismo? Si no al dictador, si no al fascista. No, porque quieren castigar el que la juventud se rebele”.
No obstante, en un giro sorprendente del caso, nueve presuntos miembros de la denominada primera línea fueron puestos en libertad por decisión judicial, debido al vencimiento de términos en el proceso que cursaba en su contra por una serie de delitos graves. Estos jóvenes fueron detenidos por los violentos hechos que rodearon las protestas ocurridas durante el año 2021 en el Valle del Cauca.
El grupo de jóvenes, recluidos en Palmira, Pereira y Popayán, enfrentaban un proceso por su presunta participación en los delitos de homicidio, tortura, secuestro, hurto y daño en bien ajeno. Su arresto se había realizado en medio de un fuerte clamor público por justicia y rendición de cuentas tras los disturbios y enfrentamientos que se registraron durante las manifestaciones.
La decisión de poner a estos individuos en libertad se basa en el vencimiento de los términos legales establecidos para el proceso judicial en curso. De acuerdo con las leyes vigentes, el Estado tiene un tiempo específico para llevar a cabo las investigaciones y juicios correspondientes en hechos criminales. En este caso particular, los plazos se habían cumplido, lo que llevó a la liberación de los acusados.
El pasado 23 de julio se dio la orden de su liberación, ya que habían pasado 333 días desde que la Fiscalía General radicó el escrito de acusación y, hasta ese momento, no había empezado el juicio. Por esta razón, fueron puestos en libertad.
Karina Reyes Varela, Daniela Idrobo, Epifanio Domínguez Ríos, Jorge Luis Gordillo Coronado, John Deivid Castillo Murillo y Víctor Alfonso Tascón González permanecían recluidos en la cárcel de Palmira por el delito de secuestro simple agravado, entre otros, y su libertad fue otorgada por el Juzgado Tercero Municipal de Garantías Buga.
Carlos Julio Calero estaba detenido en la cárcel de Pereira por fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego y homicidio agravado, y podrá pasearse libre por las calles por cuenta de la determinación del Juzgado Quinto Penal Municipal de Tuluá. Cristian David Granadas Sánchez también estaba retenido en Pereira por los delitos de daño en bien ajeno, tentativa de homicidio, hurto y secuestro simple.
Por su parte, Miguel Ángel González Pérez estaba en la cárcel de Popayán y debía responder por los delitos de daño en bien ajeno, tentativa de homicidio, hurto, secuestro simple y tortura. Su libertad fue ordenada por el Juzgado Cuarto Municipal Penal de Tuluá.
Cabe recordar que la primera línea, un movimiento autónomo que surgió durante las protestas de 2021, ha sido objeto de controversia y debate en el país. Algunos lo ven como una expresión de la lucha social, mientras que otros lo consideran un grupo vinculado a actos de violencia y vandalismo durante las manifestaciones.
Procuradora rechazó reclamo por liberación de la primera línea
Las declaraciones del presidente Gustavo Petro en mayo pasado, frente a la liberación de los integrantes de la primera línea, generaron un nuevo debate jurídico en el país. El jefe de Estado aseguró que los intentos promovidos por el Gobierno fracasaron por la posición de la Fiscalía y la Procuraduría General.
“Siguen en la cárcel, a pesar de que nosotros intentamos una salida que fracasó por la misma Fiscalía y la Procuraduría. ‘Bueno, y los vamos a dejar en la cárcel’, eso es un mensaje de la oligarquía colombiana, es: jóvenes, ustedes no se muevan, no protesten, porque miren lo que les va a pasar, y los coloca como un trofeo; miren, tenemos 300 jóvenes presos”, aseguró.
Frente a esto, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, le respondió al presidente Petro asegurando que este tipo de declaraciones ponen en riesgo la labor que realizan los funcionarios en todo el país, situación que se agrava si se tiene en cuenta que estamos en época electoral.
La procuradora Cabello fue radical al explicarle al presidente Petro el funcionamiento de la justicia, pues los funcionarios de la entidad no son los encargados de definir estas libertades, sino los jueces. “Nosotros intervenimos en los procesos penales bajo los parámetros que plantea la Constitución y la ley, y la decisión sobre la libertad de una persona, única y exclusivamente, la tienen los jueces de la República y, en este caso, los jueces de control de garantías”, dejó claro la alta funcionaria.
“Manifestar, por ejemplo, que la Procuraduría y la Fiscalía son responsables de que la primera línea no esté libre, es una afectación grave para nuestro Ministerio Público, nuestros interventores, nuestros delegados que intervienen en los procesos penales”, aseveró finalmente.