El presidente de la República, Gustavo Petro, reveló que está analizando la posibilidad de cambiar el término de cese bilateral por cese de hostilidades, modificación que aplicaría para las denominadas organizaciones multicrimen.
El jefe de Estado, en su intervención en la cumbre de gobernadores que se llevó a cabo este martes 7 de febrero, explicó las razones del posible cambio, al poner como ejemplo la invasión a sangre y fuego de Rusia en Ucrania.
“¿Por qué digo que el cese al fuego es un mal término? Porque el cese al fuego es un término que surge de la guerra entre ejércitos, sean estatales o irregulares, como lo podrían hacer los rusos y los ucranianos”, sostuvo Petro.
Y añadió el mandatario colombiano en su intervención frente a la ‘paz total’: “Cuando estamos ante organizaciones cuyo interés no es la destrucción de otro ejército, sino que su interés es sacar la mayor cantidad de cocaína, ¿cómo se aplica un cese al fuego a eso, a una actividad narcotraficante?”.
En su explicación, el jefe de Estado señaló que una figura como el cese de hostilidades impactaría positivamente en las comunidades porque frenaría considerablemente la comisión de delitos como los asesinatos, desplazamientos, confinamientos, extorsión, entre otros.
Los militares y policías están entre la espada y la pared: no saben qué hacer con el cese al fuego del Gobierno con los criminales
La reciente acción de las disidencias de las Farc adoctrinando niños en un parque y un colegio de Yarumal, Antioquia, fue la gota que rebosó el vaso en las Fuerzas Militares.
SEMANA habló de manera extraoficial con varios generales que están preocupados por lo que está sucediendo con el cese al fuego bilateral ordenado por el presidente Gustavo Petro, del que no conocen sino la orden. No hay protocolos, no hay zonas definidas, lo único claro es que reciben palo por los bajos resultados y presiones de sus superiores si no cumplen con lo que pidió el Gobierno.
“A nosotros nos están echando el agua sucia. Dicen que no queremos hacer operaciones, pero lo que pasa es que se pactó un cese al fuego y el Gobierno no tenía protocolos de verificación. Es más, ha pasado un mes y no existen”, le dijo a SEMANA un general, quien por obvias razones pidió reserva de su identidad.
“Si actuamos, el Gobierno brinca; si no lo hacemos, el fiscal nos investiga por omitir nuestras funciones constitucionales. Al final vamos a terminar embalados por acción u omisión”, señaló otro general el pasado fin de semana. El oficial estará en la reunión de comandantes en la Escuela Militar José María Córdova.
Otro alto mando se mostró molesto por la posibilidad de que el Gobierno esté imprimiendo su concepto ideológico en la Fuerza Pública, desviando el objetivo de combatir los delitos.
“Se nos formó para combatir los delitos que están en el Código Penal. Los patrullajes de las disidencias lo son, pero hay decretos que dicen que no podemos hacer operaciones ofensivas. Estamos con las manos atadas y la opinión pública nos cae a nosotros”, añadió el oficial.
También hay preocupación por los cuestionamientos del presidente Petro, mediante las redes sociales, a las agencias de inteligencia del Estado. “Con la nueva línea, la inteligencia no la están utilizando para desarrollar operaciones, sino para hacer análisis, y eso es demasiado grave”, dijo otra fuente militar de alto nivel a SEMANA.
Hay un nombre que retumba en las Fuerzas Militares y de Policía, el del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a quien señalan como el que está tomando las decisiones en el sector defensa. “La batuta de las acciones pareciera que las lleva el comisionado de Paz y no el ministro de Defensa, Iván Velásquez”, dijo un militar que no ocultó su molestia.
Mientras se negocia con el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y Los Pachenca, ellos siguen traficando, realizando patrullajes y cometiendo crímenes contra los líderes sociales que tanto prometieron proteger.
Sin ir muy lejos, está el homicidio de Edilsan Andrade, reconocida lideresa social, asesinada en Rosas, Cauca. O el decomiso de más de 4,5 toneladas de cocaína del Clan del Golfo en un gigantesco cargamento de ganado.
Muy claro se lo dijo el fiscal Francisco Barbosa al presidente Petro. Hay 2.260 órdenes de captura sin ejecutar. De esas, 349 contra personas implicadas en homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, que no se han materializado porque están en zonas donde delinquen las estructuras que forman parte del cese al fuego.
Lo mismo sucede con la incautación de drogas. Mientras que en enero de 2022 fueron confiscadas 33 toneladas, en 2023 solo han llegado a 12. Además, explicó un alto mando, “la meta de erradicación forzosa se redujo a la mitad, pero es un sofisma: no lo podemos hacer porque los cultivos coinciden con zonas donde están los grupos con los que se decretó el cese”.
El panorama también ha generado alerta en la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore). Dicen que la Fuerza Pública está “llevando del bulto”. “Con los decretos, los militares y policías en servicio activo están atados, muy amarrados. Los decretos fueron improvisados, hechos a la carrera y por personas ignorantes en los quehaceres armados”, dijo el coronel John Marulanda, presidente de Acore.
SEMANA conoció que durante la reunión de comandantes de este fin de semana en la Escuela Militar José María Córdova varios oficiales le expondrán sus reparos al general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares. ¿Qué responderá el general?