Fuentes de alto nivel del Gobierno nacional dieron a conocer, que el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó un decreto que dio luz verde para aumentar en casi el doble el subsidio de exmadres comunitarias.
De acuerdo con la media que autorizó el mandatario colombiano para su aplicación, permitirá garantizar un incremento del subsidio mensual pasando de $ 498.000 a hasta $ 1.102.000.
Además, dentro de los alcances que se conocieron del decreto, el incentivo económico tendrá características de retroactividad desde el mes de julio, impactando a cerca de 5.200 mujeres que integran las ayudas sociales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Sumado a ello, el ICBF había indicado que de las 48.000 madres comunitarias, empezó desde mitad de año a aplicarse un bono pensional.
“Hemos llegado a un trabajo que nos aporta el 95 % del salario mínimo, de manera que ellas se verán beneficiadas. Empezamos con 500, luego otras 500, hasta que todas las madres mayores de 57 años tengan la posibilidad de retiro con ese bono pensional, desde el mes de julio de este año”, dijo en su momento las directivas del ICBF.
También indico la entidad que “al finalizar el 2023 se cuente con un total de 10.000 beneficiarias del subsidio pensional; en 2024 aumentar 6.000 más, en el 2025 se ampliarán 10.000 nuevos cupos y en 2026 disponer de 10.351 cupos para llegar a las 36.351 beneficiarias del subsidio pensional al finalizar el Gobierno del presidente Gustavo Petro”.
Contraloría alerta sobre el riesgo presupuestal que implicaría la vinculación laboral directa de 40.000 madres comunitarias del ICBF
La Contraloría General de la República alertó sobre el riesgo presupuestal que implicaría la vinculación laboral directa de 40.000 madres y padres comunitarios a la planta del ICBF.
La alerta se da frente a los anuncios del Gobierno nacional, respecto de procesos de normalización de la vinculación laboral de estos trabajadores comunitarios y que, además, se incluye en los Artículos 137 y 139 del plan Nacional de desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”.
De acuerdo con las proyecciones realizadas por la Contraloría, se observa que se podría presentar un impacto fiscal en el presupuesto del ICBF de aproximadamente 1 billón de pesos adicionales en cada vigencia, sin tener en cuenta los subsidios de subsistencia, sobre los cuales la Contraloría no tiene certeza, por no existir estudios técnicos y económicos por parte de la entidad.
La Contraloría hace un llamado para que antes de la vinculación laboral directa de estas personas se hagan estudios técnicos y financieros.
“Se hace igualmente un llamado de atención para que el ICBF adelante los estudios técnicos y financieros pertinentes que conlleven la determinación del impacto fiscal de los procesos de formalización progresiva y gradual de las más de 40.000 madres y padres comunitarios que prestan sus servicios en la modalidad comunitaria, al igual que respecto de los subsidios de subsistencia para exmadres y padres comunitarios y sustitutos, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo”, dice la entidad.
La mayoría de madres y padres comunitarios prestan sus servicios en la modalidad de atención a la primera infancia y están vinculados laboralmente a través de operadores.
La Contraloría encuestó a 1.755 madres y padres comunitarios y concluyó que los requerimientos relacionados con la mejora en sus condiciones laborales se orientan principalmente a la contratación directa a través del ICBF, sin intermediación a través de operadores para garantizar estabilidad laboral, al igual que sus derechos a salud y pensión.
Las madres y padres comunitarios también piden reconocimiento del bono pensional de vejez para aquellas madres que no han cumplido con alguno de los requisitos para acceder a su pensión, aumento salarial, ya que en la actualidad devengan un salario mínimo, además del reconocimiento de categorías salariales, de acuerdo con su perfil académico, años de experiencia y pago de horas extras.