Una de las propuestas que lanzó Gustavo Petro en campaña a la Presidencia de la República fue la de acabar con las muertes de niños por desnutrición en La Guajira, meta que está lejos de consolidarse, ya que esa situación sigue empeñando esa región del país.
Situación que parece se ha venido agudizando conforme pasan los meses, según denunció el concejal electo de Bogotá y analista político Daniel Briceño, desde el inicio de la administración del Pacto Histórico con el mandatario Petro, 376 niños menores de cinco años han muerto por desnutrición en Colombia.
“Desde que Gustavo Petro llegó al poder, 376 niños menores de cinco años han muerto por desnutrición en Colombia, según cifras del Instituto Nacional de Salud”, denunció Briceño.
Y añadió: “Del 1 de enero al 4 de noviembre de 2023 han muerto por desnutrición 254 niños, de los cuales 58 han sido en La Guajira”.
Sobre ese alarmante panorama, el presidente Petro reaccionó por su tribuna favorita, las redes sociales, en el mensaje que publicó, les echó la culpa de frente a “programas corruptos del ICBF” de la muerte por desnutrición de los niños.
“Entre el 2019 y el 2022 de 265 niños muertos por desnutrición en La Guajira, 95 estaban en programas corruptos del ICBF”, insistió el jefe de Estado.
E indicó: “Pero peor, la mayoría de estos niños muertos estaban afiliados a EPS”.
Otro golpe al Gobierno Petro: en la Corte Constitucional tumban reforma a la salud en La Guajira
La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó este jueves la reforma estructural a la salud en La Guajira, que había sido decretada por el presidente Gustavo Petro. Se trata de uno de los once decretos que habían sido expedidos en el marco de la declaratoria de emergencia económica, social y ambiental para esa región y que no fue avalada por el alto tribunal.
En la decisión se consideró que este decreto, por su naturaleza y objetivos, debían tramitarse en el Congreso de la República. Igualmente, se hizo un fuerte cuestionamiento a los alcances de la figura del “estado de emergencia” que utilizó el Gobierno.
La Corte se encuentra estudiando uno a uno los decretos que fueron expedidos en el marco de la declaratoria de emergencia y determinó que solo quedarían vigentes aquellos relacionados con agua potable y saneamiento básico. Este jueves, tras una larga discusión, la Sala Plena revisó el punto uno del Decreto 1270 de julio de 2023, “por el cual se adoptan medidas en materia de salud en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en el departamento de La Guajira”.
Vale recordar que el pasado 2 de octubre, la Sala Plena declaró inexequible el decreto emitido el pasado 2 de julio por el presidente Gustavo Petro, por medio del cual fijó el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira.
Sin embargo, el alto tribunal -en su extensa y compleja decisión- emitió un efecto diferido frente al punto crucial del acceso al agua potable para la población. Esto quiere decir que este punto no se cae, sino que sigue vigente hasta el 2 de julio de 2024. En ese momento, la Corte Constitucional entrará a revisar las medidas que se tomaron y su efectividad.
“La Corte concluyó que el Gobierno no sustentó adecuadamente”. Por esta razón, la Sala Plena de la Corte Constitucional tomó la decisión de declarar inexequible el Decreto 1085 de 2023, por medio del cual el presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira.
En la decisión, que representó un duro golpe para el Gobierno, el alto tribunal consideró que tras hacer un análisis de las motivaciones del decreto, este no pasó el examen de constitucionalidad.
“En concreto, no explicó por qué no hizo uso de la iniciativa legislativa, con mensaje de urgencia, para proponer al Congreso las medidas anunciadas en el Decreto Legislativo 1085 que deben ser adoptadas a través de la ley”, precisa la decisión.
En palabras sencillas, el Gobierno tenía otros mecanismos y facultades para alertar sobre la situación en La Guajira. Entre estas se encontraba la posibilidad de enviar el caso al Congreso con una alerta de urgencia para que se acelerara el trámite.