El presidente de la República, Gustavo Petro, alertó sobre los fenómenos de corrupción que rodean el sistema de alimentación escolar en Colombia, poniendo de ejemplo sobre esas cadenas de irregularidades de poder al polémico contratista Emilio Tapia.

El jefe de Estado, en su declaración desde Barranquilla, en el departamento de Atlántico, instó a las micro, pequeñas y medianas empresas a que le apuesten a ingresar a la contratación de la alimentación escolar.

“Las normas a través de la década terminan beneficiando a un señor como Emilio Tapia, solo por ponerlo de ejemplo y que me disculpe él, claro hay gente astuta; entonces saben cómo moverse y se las saben todas”, sostuvo Petro.

Y agregó el jefe de Estado: “Y se vuelven ricos, a veces terminan en la cárcel y se asocian con el senador y el senador entonces hace la gestión y la gestión es entregarle el contrato”.

“¿Pero entonces dónde queda la economía popular?, y la gente que hace panela, por ejemplo, y el lechero pequeño que está en todos los rincones de la región andina, incluso no andina, y dónde queda el campesino que siembra el maíz”, anotó Petro.

También dijo: “Cojan ustedes un kit de alimentación del ICBF y solo calculen el porcentaje de bienes importados: lenteja, pero la lenteja no la hacemos nosotros; fríjol, pero no lo hacemos nosotros; arroz, no lo hacemos nosotros, y ahí se benefician los grandes importadores”.

Nuevo escándalo enfrenta Emilio Tapia

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Emilio José Tapia Aldana los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.

“El material de prueba da cuenta de que, en compañía de otras tres personas, habría gestionado la obtención de documentos con información falsa para soportar licitaciones ante las Empresas Municipales de Cali (Emcali), en 2021″, indicó la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado.

En la investigación se conoció que Tapia Aldana, al parecer, controló un conglomerado de empresas que se presentó a dos procesos contractuales relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían en valor a 3.798 millones y 2.414 millones, respectivamente.

La Fiscalía también reveló que uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30 % del valor de cada uno de los contratos.

“Esta obligación, presuntamente, no la cumplía el consorcio del hoy procesado. Por esta razón, habrían sido falsificados dos documentos denominados Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali”, señaló Eduar Alirio Calderón Muñoz, director especializado contra la corrupción.

Con esta maniobra ilegal, al parecer, se hizo incurrir en error a los funcionarios a cargo de la contratación, quienes permitieron al conglomerado de Emilio Tapia perfeccionar la oferta y dieron aval administrativo para que se quedara con los respectivos contratos.

Actualmente, Emilio José Tapia Aldana permanece privado de la libertad en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, como parte del proceso que se sigue en su contra por la posible participación en un entramado de corrupción denominado Centros Poblados, en el que se apropiaron recursos de un contrato que tenía como propósito la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

El contratista fue llamado a juicio por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Esto por falsificar las pólizas del Banco Itaú que fueron presentadas ante el Ministerio de las TIC para recibir el Contrato 1043 de 2020 que tenía un valor de 2,1 billones de pesos.