En medio de los hallazgos que realizó recientemente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre focos de corrupción en la contratación, el presidente de la Republica Gustavo Petro hizo un llamado a todos los directores de entidades del gobierno del llamado cambio.
A través de su tribuna favorita, las redes sociales, el mandatario colombiano ordenó que se inicie una búsqueda de hechos de corrupción en todas las entidades del Gobierno, cuyos hallazgos sean puestos en conocimiento de las autoridades pertinentes.
“Todas las personas que hoy dirigen entidades del Gobierno tienen la orden de escudriñar todos los hechos de corrupción al interior de sus entidades, denunciarlos y sacar a sus actores. No se gobierna con corrupción”, posteó Petro en su cuenta personal de X.
Esa directriz del jefe de Estado se da también luego de la tormenta que se desató por las presuntas irregularidades que se destaparon del millonario contrato que firmó el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López, por la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua potable a La Guajira.
La propia Presidencia de la República con su oficina de Transparencia, hace varios días, radicó una denuncia en la Fiscalía contra Olmedo López, para investigar el escándalo de corrupción que lo envuelve.
Sin embargo, en un trabajo conjunto entre el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República fueron detectados en la entidad de cuidado infantil 220 contratos irregulares en manos de 59 operadores, los cuales tenían el mismo representante legal, idéntica dirección de domicilio, fecha de constitución y error en el objeto y alcance.
Notaron la irregularidad tras realizar una auditoría forense de los contratos en la que encontraron registros de personal en nóminas reportadas al instituto por un valor más alto que el pagado a los colaboradores, proyectos que se debían ejecutar en un lapso específico y lo realizaban en uno menor para evitar el pago a proveedores y cobrar más de lo correspondiente.
Astrid Eliana Cáceres, directora del ICBF, utilizó la red social X para darle más eco a esta situación.
“Encontramos contratos de operadores que tristemente han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición. Con estas instituciones, el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana. Además, organizaciones o fundaciones con contratos para la atención de la niñez que han tenido relación directa con clanes políticos”, reveló la directora general.
Las irregularidades descubiertas también incluyen incumplimientos al objeto de los contratos celebrados, en cuanto al número de niños atendidos, según los cupos otorgados y pagados. Igualmente, se evidenció una presunta documentación falsificada para soportar experiencia de los operadores que atienden a la primera infancia.
Cáceres insistió en que los recursos de los menores “son una responsabilidad, no un negocio” y que todos estos casos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las respectivas sanciones.
Modificaciones en la contratación
La directora del ICBF también informó que la entidad está cambiando su modelo de contratación, que ahora, dice, “es más democrático”. La idea es priorizar organizaciones de base comunitaria como aliados para garantizar los derechos de las niñas y los niños.
Así, el 49,9 % de las organizaciones aliadas son comunidades indígenas, asociaciones de padres y madres, y juntas de acción comunal. A la fecha, 786 organizaciones de este tipo han sido escogidas para atender a los menores, 67 de ellas son de grupos étnicos como: cabildos, autoridades tradicionales indígenas y con poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Se busca minimizar la tercerización en la contratación estatal y fortalecer lo público.
“El ICBF está fortaleciendo la atención integral a la primera infancia, a través de un nuevo modelo de contratación que promueve el mejoramiento de las condiciones de calidad, oportunidad y pertinencia bajo un enfoque territorial e intercultural. Además, ha sido claro con los aliados responsables de la atención a la niñez, indicando que la contratación con el instituto es una responsabilidad, no un negocio, y que los niños y niñas son vidas y no cupos”, sostiene un comunicado del instituto.