En horas de la tarde de este lunes, 14 de agosto, el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter (ahora X) aseguró que un exfuncionario del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos habría sido sobornado por el Grupo Aval por 3,4 millones de dólares.
El jefe de Estado compartió un cuadro que menciona en la parte superior que “Odebrecht solo ha confesado USD 14,1 M de USD 51,9 M en pagos irregulares identificados”. En la parte inferior de la gráfica se lee: “Lobby estabilidad jurídica, 3,5 millones”.
“En este cuadro ustedes podrán ver por dónde se pagó el otro soborno de 3,4 millones de dólares por el Grupo Aval a un funcionario del gobierno Santos”, explicó el presidente sobre la imagen. Y agregó: “Se trata del pago por un contrato de estabilidad jurídica que redujo el pago de impuesto de renta del 35 % a un poco más del 1 %”.
Posteriormente, el presidente mencionó al exfiscal Néstor Humberto Martínez, el cual señaló que recibió una “comisión” por ser “abogado de esta operación”.
“El abogado de esta operación por el Grupo Aval fue el posterior fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por el cual recibió una comisión de éxito”, dijo.
“Solo necesita estudiar qué funcionarios intervienen en los acuerdos de estabilidad jurídica dentro de los gobiernos, que expuse con nombres propios en mi debate en el Senado”, concluyó su mensaje el mandatario.
Sin embargo, en las últimas horas el presidente Petro reveló nuevos detalles en cuanto al “soborno por el contrato de estabilidad jurídica del grupo Aval/Odebrecht”.
El jefe de Estado asegura que “quien firma el contrato de estabilidad jurídica: Javier Hernández, viceministro de Hacienda estructurador del SITP en alcaldía de Samuel Moreno, amigo de Luis Alberto Villegas, acusado de recibir sobornos en Tunjuelo Canoas, cuya esposa del Centro Democrático le entrega recursos a todos los concejales de Bogotá”.
Además, asegura que el comité que toma la decisión son: “Mauricio Cárdenas delega a Hernández viceministro. Ministro de Comercio, Sergio Díaz Granados, Miguel Peñalosa, Cecilia Álvarez, Mauricio Santamaría Salamanca”.
Un día antes, en otro mensaje en Twitter, el presidente se refirió a lo sucedido con Odebrecht. De acuerdo con el mandatario, la red de corrupción tiene un agravante, debido a que “un fiscal general de la nación fue el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares”. El jefe de Estado aseguró que cuando era senador denunció lo mencionado en el Congreso de la República.
Petro afirmó que la relación entre el exfiscal Néstor Umberto Martínez y el Grupo Aval “impidió un juicio transparente en el caso y el descubrimiento de los sobornados, que hoy por hoy son altos dirigentes políticos”.
Según el mandatario, esta impunidad pesa sobre la presión que hoy se lleva a cabo en la Corte Suprema de Justicia para designar el nuevo fiscal general de la terna enviada por el presidente. Aseguró que “se ha intentado hasta impedir al presidente presentar la terna con este propósito, sin pensar siquiera en la Constitución”.
Además, agregó que “una Justicia poderosa, como propuse en mi campaña, es más importante que el dinero, porque es la base de la paz”. En ese sentido, el jefe de Estado afirmó que su gobierno quiere blindar a la Fiscalía de hechos de corrupción.
El presidente Petro manifestó que lo sucedido es razón suficiente para presentar una reforma a la justicia, centrada en el fortalecimiento e independencia.
“Tanto la sentencia de la Corte Constitucional que ordena reformar la Procuraduría de acuerdo a la “Convención Americana sobre los DD. HH.”, como el hecho de que el principal grupo económico del país haya confesado ante la justicia extranjera estar incurso en la red de corrupción y sobornos a políticos y funcionarios del Estado colombiano son causa suficiente para presentar una reforma a la justicia, que debe tener como prioridad su fortalecimiento e independencia, la cercanía a la ciudadanía y la lucha contra la corrupción”, aseveró Petro.
El jefe de Estado aseguró que el Gobierno creará una comisión para la reforma judicial, la cual estará compuesta por personas que se hayan distinguido por su trabajo en la administración de la justicia. La idea es redactar la reforma “que se presentará al Congreso de la República”.
Finalmente, el presidente les solicitó a los partidos políticos “devolver los dineros donados por el grupo económico que ha confesado el otorgamiento de sobornos”, y agregó que “es importante que los partidos políticos examinen cuáles de sus altos dirigentes participaron tanto en los actos administrativos que ampliaron la Ruta del Sol II como en la Fiscalía que los encubrió y tomen las medidas que la decencia determina”.