La determinación que profirió el Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander generó una profunda molestia al presidente Gustavo Petro, quien salió en defensa de su anterior contenedor.
El mandatario colombiano, a través de su cuenta personal de X, antes Twitter, realizó una férrea defensa de Hernández, afirmando que la decisión de los conjueces designados por la autoridad electoral atenta contra los derechos políticos.
“Debo expresar mi desacuerdo con lo que está aconteciendo en el CNE. Con el caso de Rodolfo Hernández, mi rival en la (campaña) presidencial, se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la CIDH, que es de obligatorio cumplimiento”, trinó el presidente Petro.
Y avanzó en su mensaje en sus redes sociales: “Es la población la que debe decidir libremente sus mandatarios locales. En muchas regiones, decisiones administrativas del CNE están cambiando la decisión de los pueblos”.
Dos conjueces que conocieron la solicitud de revocatoria de la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander participaron de la votación, que finalmente quedó seis a favor y cuatro en contra.
De esta manera, se tomó la decisión de revocar la aspiración política del excandidato presidencial. Por ahora, quedaría por fuera de las elecciones regionales del 29 de octubre, en las que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y otros cargos de elección popular.
La razón de fondo para revocar a Hernández está basada en la sanción disciplinaria que existe en su contra por parte de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, los ocho magistrados del CNE no lograron ponerse de acuerdo en la discusión, por lo que fue necesaria la participación de dos conjueces.
La discusión no fue nada fácil, pero, después de revisar todos los argumentos jurídicos, la mayoría se impuso y Hernández está por fuera de la contienda. No obstante, se podrá presentar un recurso de reposición dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación del CNE.
Aunque la campaña de Rodolfo Hernández no desconoce que tiene tres sanciones, tienen claro que no fueron por corrupción. Alegan que no contaron con el visto bueno de un juez penal o el Consejo de Estado, según lo indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estimó que la Procuraduría es un organismo administrativo que no tiene los ‘dientes’ jurídicos para quitarle los delitos políticos a un funcionario elegido por voto popular.
En otras palabras, la campaña cree que el candidato santandereano debe acogerse al fallo de la CIDH que le devolvió los derechos políticos a Gustavo Petro, tras haber sido destituido por el exprocurador Alejandro Ordóñez por el escándalo de las basuras cuando fue alcalde de Bogotá.
El pasado viernes 22 de septiembre, el equipo jurídico del candidato a la Gobernación decidió adelantarse y elevar una solicitud de medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que pidieron que se le respetaran sus derechos políticos y se le permitiera seguir como aspirante político en las elecciones de octubre de 2023.
La misiva está dirigida a Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la referencia se lee: “Solicitud de medidas cautelares a favor del ciudadano Rodolfo Hernández frente a la República de Colombia”.
Además, en la campaña de Rodolfo Hernández creen que el caso del ingeniero es similar al de la exgobernadora del Huila Cielo González Villa, quien fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos porque acumuló tres sanciones disciplinarias. Sin embargo, recientemente, el Consejo de Estado falló a su favor, se acogió a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le devolvió sus derechos políticos al tumbar dicha inhabilidad por parte de la Procuraduría.
Camilo Larios, el director del Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, que lidera Rodolfo Hernández, le dijo a SEMANA en su momento: “Realmente, más que confirmar las tres sanciones, tiene que surtirse el trámite que constitucionalmente se ha hecho y es que lo haga un juez. El Consejo de Estado tiene que llevar el proceso y tumbar inicialmente la sanción, pero ese es uno de los caminos. Otro es la nulidad y el restablecimiento del derecho; otro, tutela, y uno más, la solicitud de medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque Rodolfo Hernández es un personaje de impacto nacional al que, irresponsablemente, la procuradora (Margarita Cabello) ha querido limitar sus derechos políticos”.