No cayó nada bien al presidente de la República, Gustavo Petro, la medida que adoptó la Procuraduría de ratificar la suspensión por tres meses en contra del canciller Álvaro Leyva, en medio de la polémica por la licitación de pasaportes.
El jefe de Estado, visiblemente molesto, se despachó por su cuenta personal de X, en la cual aprovechó para cuestionar que el Ministerio Público no hubiera sancionado a funcionarios por el escándalo de Centros Poblados por la pérdida de $ 70.000 millones.
“En realidad no entiendo cómo una ministra del anterior gobierno dejó que se robaran 70.000 millones de pesos del internet de los niños y no hubo suspensión”, posteó Petro.
Y agregó: “En cambio, al ministro que se atraviesa en los negocios a dedo de una firma que tiene el cobro de peajes, el escrutinio de las elecciones y el de pasaportes y los datos de la seguridad social de las y los colombianos, lo suspenden”.
Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión por tres meses del cargo en contra del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, proferida el pasado 24 de enero de 2024 por la Sala de Instrucción Disciplinaria, en medio de la investigación disciplinaria que se adelanta por las presuntas irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes.
Esa fue la contundente decisión de la Procuraduría que, pese a los ataques del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que ese tipo de destituciones era un mecanismo para no dejarlos gobernar, tal como ocurrió cuando era alcalde “con la Bogotá Humana, cuando les sancionaban a los funcionarios”, se mantuvo férrea en su decisión teniendo claro que no es un asunto contra el Gobierno, sino que hay argumentos claros para mantener la sanción al canciller Leyva y abrir la investigación disciplinaria formalmente.
El organismo de control disciplinario sostuvo que la decisión inicial fue adoptada legalmente, conclusión a la que llegó luego de analizar los hechos, las pruebas y la actuación procesal adelantada por la Sala, así como la revisión del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y las respuestas dadas a los alegatos presentados por la defensa.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que dentro de los hechos que serán objeto de revisión se encuentran las determinaciones que el titular de la cartera habría adoptado y las comunicaciones enviadas representando a la Cancillería, desconociendo que se encontraba apartado del cargo e inhabilitado para ejercer las funciones correspondientes.
Frente a esta situación, se solicitaron pruebas con el objeto de verificar la ocurrencia de los hechos enunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
En la determinación tomada este miércoles, la Procuraduría General compulsó copias de la actuación disciplinaria a las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia para que se evalúe si el posible comportamiento del ministro de Relaciones Exteriores constituye alguna conducta penal que amerite ser investigada por esa entidad.
Con esta determinación, Leyva Durán deberá salir del cargo mientras el presidente Gustavo Petro designa a un ministro encargado.
Mientras tanto, el próximo 15 de febrero la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación dará comienzo a la audiencia del juicio verbal contra el canciller por las presuntas irregularidades que se presentaron en la licitación de pasaportes.
Leyva deberá responder varios interrogantes: ¿por qué tumbó de un plumazo la licitación que había ganado, de acuerdo con las normas, la firma Thomas Greg & Sons? ¿Por qué declaró la urgencia manifiesta para entregar a gusto el contrato de entrega de pasaportes? ¿Por qué no acató ni escuchó las recomendaciones de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación y del Comité de Contratación de la Cancillería para conciliar con Thomas Greg & Sons y así evitar demandas contra el Estado con alta probabilidad de perder?
Por eso, la Procuraduría informó: “Ese día, el canciller tendrá la oportunidad de hacer los descargos que considere necesarios y presentar las pruebas que tenga para desvirtuar las dos faltas disciplinarias endilgadas, calificadas de manera provisional como gravísimas, cometidas a título de dolo”.
Frente a los cuestionamientos del presidente Petro, altas fuentes de la Procuraduría explicaron que la exministra de las TIC Karen Abudinen “no era la ordenadora del gasto, señalando que “caducó el contrato” de Centros Poblados, mientras que en el caso puntual de Leyva, el canciller desplazó al secretario General y “asumió la ordenación del gasto” y declaró desierta la licitación de pasaportes.