Una de las reacciones que el país estaba esperando luego de conocerse la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la que Colombia derrotó a Nicaragua sobre sus pretensiones marítimas, era la del presidente de la República Gustavo Petro, la cual se dio una vez que escuchó desde San Andrés la determinación del alto tribunal; el jefe de Estado se encuentra en la isla acompañado de la cúpula militar.
El mandatario colombiano no ocultó su felicidad y, a través de su cuenta personal de Twitter, el jefe de Estado no dudó en señalar que el fallo de La Haya es una “gran victoria” para Colombia.
“Gran victoria para Colombia en La Haya. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago”, trinó Gustavo Petro.
Esta semana, previo a que se conociera el fallo, el jefe de Estado, en un agudo discurso que dio en el marco de la inauguración de una nueva versión de la Feria Internacional Aeronáutica en Rionegro (Antioquia), fue directo en señalar que “una nación defiende sus mares”.
“Mañana hay una decisión de ese estilo, no sabemos su contenido, no somos nosotros los que produjimos ese espacio de decisión, que en nuestra opinión fue equivocada, pero que ahí está. Y vamos a responderla desde San Andrés, cualquiera que sea sus contenidos”, sostuvo Petro en ese momento.
Y agregó el jefe de Estado: “Pero de allí surge entonces el hecho de que una nación defiende sus mares, defiende sus cielos, defiende sus tierras, dependiendo incluso de su capacidad política y militar. La capacidad política de una nación depende de su propio pueblo, de su unidad, de la fortaleza y calidad de la sociedad. No de una parte de la sociedad, sino de toda la sociedad”.
Atención: Colombia ganó todo y Nicaragua perdió todo ante la Corte Internacional de la Haya en la pelea por el territorio marítimo. Los detalles de la decisión aquí.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia es una de las mejores noticias que ha recibido el país en años. Se trata del fin de una controversia por el territorio colombiano que tuvo a Colombia en riesgo de perder su territorio marítimo ante la ambición de Nicaragua. Finalmente, la Corte Internacional de Justicia le dio la razón a la defensa colombiana.
En su decisión, la Corte explicó que muy pocos países en el mundo han tenido una pretensión semejante, de ganar territorio por medio de ampliar la plataforma continental. La presentación de la decisión la hizo Joan Donoghue, presidenta de la Corte Internacional de Justicia.
La jurista hizo una extensa explicación jurídica sobre los derechos que tienen los estados sobre el mar y los casos que se han presentado en esa jurisdicción sobre el particular. La presentación de la corte fue ecuánime y varias veces aseguró que Nicaragua no tenía razón en sus pretensiones.
En resumen, se podría decir que Colombia ganó todo y Nicaragua perdió todo. La decisión se dio por una mayoría muy grande de la siguiente manera. En todas las pretensiones, Colombia ganó con 13 votos contra 4.
El primero tenía que ver con la hipótesis de Nicaragua de delimitar el límite marítimo de la plataforma continental extendida. El segundo, con declarar que las Islas de San Andrés y Providencia tienen una plataforma limitada. Estos dos puntos tuvieron una mayoría de 13 contra 4.
El tercero tenía que ver con limitar los espacios marítimos de Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo. Allí, Nicaragua había dicho que Serranía, Bajo nuevo y Serrana no generan derechos territoriales, pero la Corte dijo que Colombia sí tiene soberanía sobre estas. La corte sobre esto último, votó 12 a favor y 5 en contra.
A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Iván Duque, quien lideró gran parte de la defensa del país en este escenario, expuso que “Colombia ha defendido su soberanía a pesar de haberse retirado de la competencia de la CIJ, luego de su injusto fallo de 2012″.
“Quiero felicitar a Manuel José Cepeda, Carlos Gustavo Arrieta, al equipo de la Cancillería y la Armada Nacional; al igual que a los asesores del equipo de Defensa, que desvirtuaron los argumentos de Nicaragua en su absurda pretensión de Plataforma Continental Extendida”, manifestó Duque.
Del mismo modo, se expresó el expresidente Juan Manuel Santos. “Gran triunfo de Colombia. Felicitaciones a la canciller Holguín y a todos los que hicieron posible este gran logro diplomático jurídico en La Haya para nuestro país”, trinó el exmandatario.
Importantes juristas y personalidades reaccionaron a la decisión. Para el abogado Víctor Mosquera, Colombia ganó rotundamente. “Nicaragua no puede tener una plataforma continental extendida que se sobreponga a los derechos marítimos de zona económica exclusiva de otro estado”, dijo, mientras la juez leía su veredicto.
La historia de la demanda
El fallo de este jueves es el último capítulo de un pleito cuya fase final comenzó en diciembre de 2001, cuando el Gobierno de Managua demandó a nuestro país ante el alto tribunal. Los hechos evidencian el afán de Nicaragua de proyectarse hacia el Caribe, en ocasiones impulsada por los Estados Unidos, y la necesidad de Colombia de ocupar su posición en el Caribe occidental, al que durante muchos años desdeñó.
En 1890, Nicaragua ocupó militarmente las islas Mangles, muy cercanas a la costa nicaragüense, que Colombia consideraba eran parte del archipiélago. El Gobierno, agobiado por las guerras civiles, dejó pasar casi “de agache” el hecho. Cuando en 1913 Nicaragua alquiló las citadas islas a los Estados Unidos, hubo una protesta colombiana. En retaliación, los nicaragüenses, empujados por Washington, reclamaron el archipiélago.
Igualmente, existía una controversia sobre la costa Mosquitia, el litoral caribeño de Nicaragua, pero más con los ingleses, que la ocupaban desde muchos años atrás. Incluso Colombia acompañó a los nicaragüenses en varios de sus reclamos sobre la costa ante el Gobierno británico. En 1928 se firmó un tratado en el que Colombia aceptó la soberanía nicaragüense sobre la costa, en la que no había tenido presencia, así como sobre las islas Mangles que Nicaragua había ocupado. Nicaragua aceptaba la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, donde jamás había puesto un pie. Posteriormente, consideró que el tratado era nulo porque lo había firmado por presión de los Estados Unidos.
El expresidente Carlos Lleras Restrepo, en agosto de 1969, se inventó la tesis de que el meridiano 82° era el límite. Se anticipó a su época. Especialmente cuando antes de su administración, con excepción del general Rojas Pinilla, que decretó el puerto libre de San Andrés y construyó el aeropuerto que lo sacó del aislamiento, a nadie le importaba San Andrés.
Incluso el Gobierno de Colombia había impartido instrucciones, a principios del siglo XX, de que se vendiera el archipiélago a los Estados Unidos y, años después, Enrique Olaya Herrera, como embajador en Washington, le propuso al gobierno norteamericano que cambiaran los cayos de Roncador y Quitasueño por un “barquito”.
Las razones fundamentales de Nicaragua para demandar a Colombia ante la Corte fueron la negativa de nuestro país de negociar la soberanía del archipiélago de San Andrés y los cayos, y la posición colombiana desde 1969 de que la frontera marítima entre los dos países se había establecido en 1930 por el meridiano 82°.
Nicaragua consideraba, además, que no era posible que unas islas seis veces más cercanas a su territorio que al de Colombia y frente a su costa no les pertenecieran. Igualmente, creían que aun en el caso de que pertenecieran a Colombia, su jurisdicción marítima solo podría ser de pequeños enclaves de 12 millas de mar territorial alrededor, sin plataforma continental ni zona económica propias.
Todos los mandatarios de Colombia desde 1969, así como sus cancilleres, sabían perfectamente que el meridiano 82° no era una frontera marítima. Sin embargo, con excepción de López Michelsen, ninguno se atrevió a reconocerlo públicamente, por el temor de ser calificado de traidor a la patria.
Los gobiernos de López Michelsen, Turbay Ayala, Betancur y Pastrana trataron de pactar con Nicaragua el límite marítimo, conscientes de que la posición sobre el meridiano 82° no era sólida jurídicamente. Sin embargo, Nicaragua solo lo haría si al mismo tiempo se negociara la soberanía de los componentes del archipiélago, lo que nunca fue aceptado por Colombia.
Con la convicción vendida muchos años atrás de que Colombia era “el adalid de la solución pacífica de las controversias”, ningún mandatario quiso dar el paso de desvincularse de la jurisdicción obligatoria de la CIJ. Por algo, El Tiempo, cuando Nicaragua presentó su demanda, señaló en un editorial que “Colombia no tiene nada que ganar y Nicaragua nada que perder”.
Finalmente, cuando ya la demanda era inminente, la administración Pastrana retiró la declaración por la que había aceptado la jurisdicción de la Corte en 1936, pero quedó vigente el Pacto de Bogotá en el que también se establecía la misma obligación.
Colombia alegó que la Corte carecía de competencia para pronunciarse sobre la demanda de Nicaragua, ya que la controversia se había resuelto en 1930 con la entrada en vigor del tratado Esguerra-Bárcenas y que esa condición impedía al tribunal asumir la competencia por el Pacto de Bogotá. Nicaragua sostenía lo contrario. El asunto lo resolvió un fallo en 2007.
El fallo de la Corte del 13 de diciembre de 2007 fue netamente favorable para Colombia. Reiteró que el archipiélago era de Colombia y que el tratado de 1928 era válido y estaba vigente. Se reservó para otra instancia la decisión sobre cuáles eran las islas y cayos que hacían parte del archipiélago, así como la delimitación que debía realizarse, ya que rechazó el límite por meridiano reclamado por Colombia y la línea media entre las costas continentales que Nicaragua había invocado.
Al mismo tiempo, el presidente Uribe hizo una hábil presentación que generó optimismo entre la opinión pública. Por su parte, Ortega, también hábilmente, minimizó el grave golpe recibido a las tesis que Nicaragua y que él mismo venía sosteniendo desde muchos años atrás.
Vino luego, en noviembre de 2012, el fallo de la Corte sobre los asuntos pendientes. Este tribunal decidió trazar su propia delimitación de acuerdo con las normas vigentes del derecho internacional. No aceptó la línea media propuesta por Colombia ni el supuesto borde externo de su plataforma continental que Nicaragua pretendía.
Reconoció la soberanía colombiana sobre todos los cayos y asignó al archipiélago una considerable extensión de espacios marítimos. No obstante, enclavó dos de ellos, Serrana y Quitasueño, y afectó tratados que Colombia había concertado con otros Estados.
El entonces presidente, Juan Manuel Santos, armó una curiosa tesis, con respaldos domésticos, en el sentido de que Colombia no podía aplicar el fallo de la Corte hasta tanto no se concertara un tratado bilateral con Nicaragua en el que se incorporara lo establecido sobre la delimitación marítima en el fallo de 2012. Además, inició con su canciller y otros funcionarios del Gobierno una inusitada ola de ataques contra la Corte Internacional de Justicia, lo que llevó a que el presidente del tribunal citara al embajador de Colombia en La Haya y formulara una formal protesta, ya que algo así nunca se había presentado.
Ortega y su combo, después de haber perdido la aspiración fundamental sobre los cayos y la delimitación marítima, y aprovechando el desconcierto colombiano, tiempo después demandó a Colombia nuevamente, reclamando la misma línea que la Corte le había negado en el fallo de 2012.
De ahí en adelante se presentan una serie de incidentes jurídicos que se pueden resumir en que Nicaragua, teniendo enterradas sus pretensiones sobre las islas de San Andrés y Providencia y la totalidad de los cayos, trata de que al menos la Corte Internacional de Justicia le respalde una jurisdicción marítima que penetre en los espacios generados por la costa continental de Colombia.
Desde 1913, por más de un siglo, hemos tenido centenares de incidentes en el Caribe, muchos de ellos nos han llevado al borde de una confrontación armada. La Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado de conformidad con las normas y principios del derecho internacional que consideró aplicables.