El presidente de la República, Gustavo Petro, celebró la decisión judicial en la cual se materializa la protección del medio ambiente frente a actividades como la explotación y explotación minera.

Petro, por medio de su cuenta de Twitter, envió un mensaje al senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, señalando que la justicia le dio la razón al congresista sobre la batalla que libró en pro de salvaguardar zonas ambientales estratégicas.

“La Justicia le dio la razón al senador Iván Cepeda. Un hito histórico para la Justicia ambiental. Ministerio de minas y medio ambiente deben entrar a trabajar de inmediato: Cesa la exploración y explotación minera en las zonas ambientales estratégicas”, trinó el mandatario colombiano.

Trino presidente Gustavo Petro | Foto: Pantallazo trino presidente Gustavo Petro

La decisión judicial

El Consejo de Estado tomó la determinación sobre la discusión que estaba rodeando la ventanilla minera enfocada a la concesión de títulos mineros, el alto tribunal pidió que exista un ordenamiento institucional para superar el déficit que existe sobre la proyección de zonas ambientales.

Trascendió en la decisión que en Colombia se tienen identificadas zonas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), las cuales se deben categorizar en áreas de exclusión o en otras palabras de restricción minera.

Fallo que también explicó el senador Cepeda en su cuenta de Twitter abriendo un hilo con los aspectos más importantes: “En histórico fallo, el @consejodeestado nos da la razón queda suspendida la titulación para la exploración y explotación minero-energética en zonas del país estratégicas en materia ecológica y de biodiversidad”.

Senador Iván Cepeda | Foto: ALEXANDRA RUIZ

“Esta decisión protege los derechos colectivos a un Ambiente Sano, al Equilibrio Ecológico, y al Patrimonio Público, puestos en riesgo en 2012, con la reactivación de la ‘Ventanilla Minera’, que tramita títulos en Colombia”, señaló en otro mensaje.

Y detalló: “En este litigio, que iniciamos hace una década, participaron la Campaña Colombiana por la Moratoria Minera, @Cosajuca @Fedeagromisbol @CensatAguaViva @PAS @CAJAR @Dejusticia, entre otras organizaciones y líderes ambientales”.

También dejó claro: “El @consejodeestado da un plazo de dos años al actual gobierno nacional para que identifique todas las áreas excluibles de la minería, y la adopción de un plan correctivo respecto de los títulos que se hayan otorgado en esas zonas durante estos años”.

“El fallo ordena la adopción de lineamientos de política pública para que ninguna medida de desarrollo vuelva a ocasionar las afectaciones a derechos colectivos que generó la reapertura de la ventanilla minera”, anotó el congresista.

MinMinas dice que respetará los títulos mineros

Por otro lado, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, tuvo el primer gran encuentro con empresas mineras de todo el país y aprovechó para presentar las propuestas y reformas que se realizarán en el sector durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Para tranquilidad del sector minero, la ministra aseguró que se quiere tener “un respeto a los debidos procesos”, lo que significa que “la titulación existente se va a respetar”, al igual que todos los derechos adquiridos por las compañías mineras que operan en el país.

No obstante, también anunció que se hará una revisión de la titulación minera en Colombia para confirmar si las empresas “tienen una responsabilidad fiscal y ambiental”.

Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez | Foto: ACM

Se habla que, actualmente, en Colombia existen más de 6.300 títulos en etapa de explotación, equivalentes a más de 2,23 millones de hectáreas del territorio nacional. Solo el 1,8 % de los títulos del país son de gran minería, los demás son de pequeña y mediana minería de personas naturales y jurídicas nacionales.

Por último, la ministra de Minas y Energía también habló de crear “nuevos modelos de asociatividad empresarial”, esto quiere decir que en el sector minero y energético se implementarán modelos de asociación público privada popular para que las comunidades locales tengan más participación en las acciones y decisiones que se tomen en sus territorios frente a la explotación minera y generación de energía.