Uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno del presidente Gustavo Petro es enmendar lo ocurrido con la instalación de internet en escuelas, contrato que quedó parcialmente en poder de la Unión Temporal Centros Poblados, que terminó en el escándalo de corrupción más grande de la administración anterior.
Por 407.844 millones de pesos, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones abrió una licitación pública para instalar el servicio en 3.082 sedes educativas en 399 municipios del país.
El proceso cuenta con proponentes de alto perfil, como empresas como Telefónica, Claro y uniones temporales que unen varias compañías de telecomunicaciones.
Algunas de las empresas advirtieron a SEMANA que el pasado 28 de junio, pocos días antes de la adjudicación, Marcio Melgosa Torrado, procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, subió al Secop una advertencia sobre graves irregularidades en el proceso de selección.
En un oficio dirigido a Mauricio Lizcano, ministro de las TIC, el procurador delegado expuso las actuaciones que estarían viciando el proceso, en torno a modificaciones irregulares del pliego de condiciones.
En principio, el Ministerio Público recordó que “los pliegos de condiciones se convierten en la ley que rige el proceso de selección, ya que contiene las pautas a las cuales deben sujetarse tanto los proponentes como la entidad estatal”.
De esta forma, los pliegos solo pueden ser modificados en los casos previstos en el Estatuto General de Contratación Pública.
En primer lugar, destaca que al inicio se estableció que el punto de acceso WIFI exterior está constituido por un punto de acceso con ciertas especificaciones. Luego, el 30 de mayo de 2024, se cambiarían las condiciones.
“De la lectura de dicha respuesta, el Ministerio Público encuentra que con la aclaración presentada se genera un cambio significativo en los requisitos mínimos de los equipos solicitados para la prestación del servicio de internet en las entidades educativas, generando así, posiblemente, una nueva interpretación del pliego en su conjunto, y una presunta modificación de este”, expuso Melgosa.
Por esta razón, dentro de las observaciones, Claro expuso sus reparos, asegurando que “el requisito estricto del pliego era un limitante de las alternativas de mercado en cuanto a los fabricantes de AP que pudieran dar cumplimiento”.
“De manera clara y literal el requisito establecido en el pliego de condiciones exige que la capacidad de crecimiento sea por banda de frecuencia y no por AP como pretendió aclarar la entidad el día previo al cierre; situación que, además de no haber sido modificada por adenda dentro del plazo de ley para que tuviera efectos vinculantes, induce al error haciendo que las estimaciones económicas de los proponentes que hayan considerado lo dispuesto en el pliego; como debía ser, presentaran altas desviaciones hacia arriba en el costo de los APs, impidiendo que pudieran presentar una mejor oferta económica e incrementar sus probabilidades de tener mayor puntuación dentro del proceso”, expuso Claro.
Esa modificación, según la Procuraduría, se entendió como una adenda en respuesta a una observación, pero terminó modificando las condiciones. Esto ocurrió el 30 de mayo de 2024, fecha en el que se cerró la presentación de ofertas.
De acuerdo con el ordenamiento jurídico, en licitaciones públicas, estos cambios solo se pueden hacer tres días antes del plazo máximo para presentar ofertas.
Por esa razón, la Procuraduría pide “suspender los trámites del proceso de selección y a analizar en detalle los escenarios en los cuales la entidad tendría la posibilidad de revocar el acto administrativo de apertura de la licitación”.
Finalmente, horas antes de la adjudicación, que iba a ser este viernes, 5 de julio, el Ministerio de las TIC tomó la decisión de suspender el proceso. Sin embargo, no es claro si buscarán revocar el acto de apertura, que echa para atrás un proceso de varios meses.