El Partido Liberal presentará en las próximas horas las ‘líneas rojas’ que tiene sobre el proyecto de reforma a la salud. Lo hará a través de un texto en el que detallará lo que le parece inconveniente de la propuesta del Gobierno. “No permitiremos que arrasen con el sistema de salud, lo fortaleceremos”, dice el título.
Y agregan: “Este proyecto de Ley no solo no crea la estructura organizativa mínima necesaria del sistema para permitir la construcción de estas áreas, sino que además genera una gobernanza débil, con funciones poco claras y repetidas, mediante un aparato burocrático de línea política y no técnica, basado en órganos colegiados no idóneos, sin articulación”.
Desde el Partido Liberal aseguran que existe un riesgo de que se pueda ver limitada la prestación de los servicios de salud en la actualidad, especialmente en el sector privado. “Debido a que toda la precaria estructura de gobernanza sobre la operación del sistema sería estatal, esta puede gestionar la expansión hospitalaria pública, garantizando su demanda y presupuestos futuros, en detrimento de la prestación por el sector privado, sin un incentivo o sujeción a indicadores de calidad o preferencia de los usuarios”, aseguraron.
En la bancada reclaman porque la salud de carácter privado se podría ver afectada y que, por lo tanto, el usuario no podría elegir el servicio. Aseguran que las entidades encargadas del servicio tendrían influencia sobre el ordenador del gasto y orientarían el gasto en salud “exclusivamente hacia los prestadores públicos”.
“Así las cosas, y dado que pueden garantizar la futura demanda de usuarios, forzada por el sistema de referencia y contrarreferencia, es posible que la conformación de estas redes prescinda con mayor solvencia a lo largo del tiempo de la red privada, a expensas de la expansión de la suficiencia hospitalaria de las Instituciones de Salud del Estado (ISE)”, señalaron desde el Partido Liberal.
Reclaman que estas medidas pueden llevar a que los ciudadanos tengan dificultades para acceder a servicios privados de salud. “Hay que decir que todo esto es posible, gracias a que se limita completamente la escogencia de los usuarios de sus centros de atención en salud, por lo que se pierde un incentivo primario de competencia por atraerlos ofreciendo mejores servicios”, dijeron.
Sobre la gestión del riesgo, de la que ha hablado la ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguran que se trataría de un proceso meramente logístico-operativo y que hay un espectro más grande de gestión del riesgo que no está contemplado.
Por ejemplo, señalan que el proyecto “no genera una estructura capaz de gestionar los riesgos de los individuos y la población de forma inteligente” y que “presenta una visión reduccionista y limitada de un sistema de referencia de pacientes entre centros hospitalarios”.
Tampoco están de acuerdo en la bancada con las funciones de las instancias de coordinación y reclaman que habría duplicidad de funciones en los demás cuerpos colegiados que se crean. Hacen referencia a la Adres, los Fondos Regionales de Salud y los Fondos Territoriales de Salud.
Sobre el manejo de los recursos financieros por parte de esas entidades alertan que fallas en el modelo que se plantea podrían llevar a hechos de corrupción y desvíos de dineros. “En resumen, nuevamente se crean estructuras de carácter político, sin la arquitectura técnica mínima necesaria, con una concentración peligrosa en la ordenación del gasto en personas específicas, además de falta de garantías para ejercer una auditoría realmente independiente, pues la contratación de la misma la hace el propio ordenador del gasto”, reclamaron desde la bancada.
Detallan cuatro quejas puntuales sobre la reforma: el Consejo Nacional de Salud y los consejos territoriales porque dicen que se debilitaría el Ministerio de Salud y que las funciones de estas entidades no quedan claras en la reforma. Un Consejo de Administración de los Fondos Regionales de Salud porque no existe articulación con otras entidades y se podría presentar duplicidad de funciones, y las Unidades Zonales de Planeación y Evaluación y Consejo de Planeación de Evaluación en Salud, por razones similares.
El Partido Liberal también tiene dudas sobre los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud, Capirs. Dice que no son claras las bases con las que arrancará sus funciones y cómo será el relacionamiento con las EPS.
“No obstante, no establece los controles administrativos y fiscales suficientes para garantizar la idoneidad de la contratación y los criterios objetivos para la definición de los nuevos centros”, aseguran.
Concluyen diciendo que hay cuatro temas en los que hay profundas dudas con la reforma: que no se determina el período de transición del modelo y genera “incertidumbre” que podría paralizar el sistema; que no existe un cálculo de recursos humanos y técnicos necesario para ese cambio de sistema; que no establece una hoja de ruta, condición mínima de cualquier política pública; y que se acabarían los incentivos a la calidad y eficiencia del actual sistema y que es poco realista lo que se proyecta en algunos casos.
Por su parte, hay dos hechos que destacan del proyecto como un reclamo de mayor nivel de accesibilidad, especialmente en regiones al sistema y el mejoramiento de las condiciones de los profesionales de la salud.