Los escándalos de presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) parecen haberse vuelto paisaje. SEMANA conoció la denuncia de menores de edad de comunidades indígenas del departamento del Vaupés que se quejan porque no les están dando los alimentos adecuadamente, las obras están inconclusas y no les entregan los elementos para estudiar. La denuncia fue compartida por la senadora del uribismo Paloma Valencia.
El excongresista del departamento Javier Miguel Vargas es uno de los que más les ha puesto la lupa a estas presuntas irregularidades que tienen en el ojo del huracán al gobernador Luis Alfredo Gutiérrez García, aunque los problemas vendrían de la anterior administración de Eliécer Pérez.
Según le dijo Vargas a SEMANA, el gobernador actual ha contratado a dedo y con personas cercanas algunas de las licitaciones del PAE y entrega de kits escolares en los que no se ha cumplido como se debería. Incluso, denunció mensajes intimidantes del gobernador ante las denuncias.
La principal queja tiene que ver con el PAE en el que, a pesar de que han llegado los alimentos, han presentado retrasos, han sido insuficientes o no cumplen con las necesidades nutricionales. Los estudiantes de varios colegios, especialmente los ubicados en Mitú, le reclamaron al gobernador mediante videos. Dicen que no les están dando almuerzos sino “refrigerios”.
La comida está siendo escasa y las porciones reducidas. Y al ser comunidades indígenas tienen requerimientos especiales por sus costumbres. Los alimentos que les están dando les han causado problemas de salud.
Estudiantes y padres de familia se quejaron porque les estaban dando huevos liofilizados, una harina que no cumple con sus costumbres y necesidades nutricionales; o pulpa de fruta con edulcorantes y químicos que afectan su salud. Pidieron que estos elementos fueran retirados del PAE; sin embargo, Vargas denunció que se estaría pensando enviarlos a otros colegios del departamento más apartados que no tienen la misma consciencia social.
A inicios de abril, el gobernador Gutiérrez se reunió con representantes de los colegios, rectores, padres de familia, veedores, operadores del PAE, diputados y entes de control para escuchar estas quejas. Se comprometió a realizar mesas de trabajo y buscar soluciones; sin embargo, denuncian que eso no ha sucedido.
Otra de las quejas tiene que ver con que no les están llegando los kits escolares o les entregan productos de mala calidad. Piden que se investiguen los costos de esos contratos.
A eso se le suma que los proyectos de infraestructura para los menores de edad y sus escuelas tienen retrasos desde hace varios años. Hay obras para aulas, dormitorios, baños, entre otros, que no han sido entregadas. Algunos contratos han tenido suspensiones y prórrogas a pesar de que se han hecho anticipos.
¿Quiénes están detrás de los contratos? Uno de los que mencionó Vargas para el caso del PAE es la Fundación Salvemos a los Niños del Cesar, de Valledupar, que resultó beneficiada de manera directa por más de 15.000 millones de pesos para la vigencia de un año. El contrato arrancó con retrasos a finales de febrero.
También menciona a Wilson Morales, un contratista que ha resultado beneficiado llamativamente con más de seis licitaciones relacionadas con obras de dormitorios y aulas. No ha entregado ninguna a tiempo. Ya fue denunciado en la Procuraduría.
Asimismo, aparece la Fundación Sierra Nevada, que ha estado envuelta en escándalos de supuesta corrupción a nivel nacional. Suma contratos por más de 25.000 millones de pesos.
Vargas cuestiona que estos escándalos podrían ser peores que el de Centros Poblados o la UNGRD de Olmedo López.
SEMANA contactó al gobernador Gutiérrez, pero hasta el cierre de esta edición no había respondido las llamadas y mensajes.
Mientras tanto, los niños indígenas siguen esperando que sus gobernantes les cumplan en sus necesidades básicas.