Después de siete horas de debates e impedimentos, los senadores de la Comisión VII sometieron a votación la ponencia de archivo de la reforma a la salud. Y tal como estaba previsto, la iniciativa terminó hundida este miércoles, 3 de abril.
Las reacciones ante el archivo de la iniciativa no se hicieron esperar de quienes lamentaban esta decisión como de quienes apoyaron dicha propuesta de hundimiento.
Los senadores Norma Hurtado (Partido de La U), Miguel Ángel Pinto (Liberal), Nadia Blel (Conservador), José Alfredo Marín (Conservador), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Alirio Barrera (Centro Democrático), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente) y Ana Paola Agudelo (Partido Mira) fueron los encargados de sepultar la iniciativa.
Ante la decisión, la procuradora, Margarita Cabello, dijo que esto debía respetarse además de anunciar que iniciará una estricta vigilancia frente a las intervenciones forzosas que inició la Superintendencia Nacional de Salud sobre las EPS Sanitas y Nueva EPS, para garantizar que no se afecte el servicio que estas vienen prestando a sus millones de afiliados.
“Si se hundió consideramos que es decisión del Congreso y hay que respetar la separación de poderes y la institucionalidad del Congreso”, dijo Cabello.
Además, afirmó que el Legislativo tiene la labor de estudiar los proyectos que se presenten y son los encargados de tomar decisiones representando al pueblo.
Por otro lado, Cabello también hizo énfasis en la polémica intervención por parte del Gobierno a las EPS y aseguró que su equipo está analizando con lupa los argumentos esgrimidos por la Supersalud para justificar estas decisiones y si estos son suficientemente razonables y proporcionales para darle cabida a una disposición de la envergadura que tiene la intervención forzosa.
Cabello reveló que, a raíz de una queja disciplinaria presentada por la empresa Keralty, dueña de Sanitas, se estudia la pertinencia de abrir investigación disciplinaria contra el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por presuntas inconsistencias en los argumentos que motivaron la intervención.
La procuradora también anunció la creación de una red nacional del Ministerio Público, conformada por procuradores judiciales, personeros y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, con el fin de verificar en todo el territorio nacional el correcto manejo presupuestal, logístico y la calidad en la atención en salud a los millones de afiliados de las EPS intervenidas, según un comunicado de la Procuraduría.