El departamento de La Guajira es uno de los que más problemas sociales tiene y, por esa razón, el presidente Gustavo Petro estuvo allí, para atender de primera mano la situación. Además, expidió un decreto para declarar la emergencia social y económica.
Pero mientras desde el Ejecutivo se toman decisiones para ayudar a la población de esa región del país, según las denuncias que conoce la Procuraduría, dirigentes políticos habrían hecho maniobras que podrían desencadenar un nuevo capítulo del llamado ‘carrusel de las pensiones’.
Todo se remonta a la época en la que Nemesio Roys, elegido popularmente, fue destituido de la Gobernación de La Guajira y llegó como encargado José Jaime Vega. Según la información que está en manos de la Procuraduría General, mientras duró ese encargo, se hicieron varios movimientos con reliquidaciones de pensiones que generaron bastantes suspicacias.
Por esa razón, se está hablando de una presunta modalidad de corrupción y de desfalco a las arcas de la Gobernación de La Guajira, que se está investigando y determinará las posibles responsabilidades. Según la información, los hechos involucran a José Jaime Vega, funcionarios de la Secretaría de Educación, abogados y jueces.
Por ejemplo, en una sola resolución que está firmada por el exgobernador (e) José Jaime Vega, como ordenador del gasto, de la secretaria general Lauren Gutiérrez Valle y Luis Carlos Gutiérrez, profesional del fondo de pensiones territoriales, se pagó una suma cercana a los 700 millones de pesos por una liquidación de una pensión. No obstante, la información que está en poder del Ministerio Público demostraría que existen muchos más casos.
“Es cierto que han pagado millonarias reliquidaciones. Lo que las autoridades tendrán que entrar a determinar es verificar las denuncias. La Procuraduría ya requirió a la gobernadora del departamento para tener una información concreta sobre lo que pasó, porque hay que mirar la validez de esas reliquidaciones que se han hecho de pensiones que ya se habían otorgado. Se están amparando en decisiones judiciales, pero el juez define con base en lo que le presentan, así que las autoridades tienen que revisar ese asunto”, le contó a SEMANA el abogado Luis Alonso Colmenares.
El procurador delegado para la Economía y la Hacienda Pública, Mauricio Michel Molano Currea, envió un oficio a la gobernadora actual, Diala Patricia Wilches Cortina, en la que le pide información concreta sobre lo ocurrido.
En total, son 11 los requerimientos que hace el Ministerio Público, donde solicita todos los movimientos y el histórico de liquidaciones de mesadas pensionales de los años 2019 al 2023, y que se pagaron con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones.
Asimismo, los extractos bancarios de la cuenta que maneja los recursos provenientes del mismo sistema para determinar las transacciones que se hicieron.
“No sobra advertir que, de conformidad con lo señalado en el artículo 189 del Código Disciplinario, la obligación de entregar los documentos contentivos de las pruebas decretadas en los procesos disciplinarios recae sobre el representante legal de la entidad a la que se solicita la información”, dice la Procuraduría.
Sobre este tema, Luis Alonso Colmenares dijo que es lamentable que los recursos de La Guajira se estén yendo en temas pensionales cuando se requieren para inversiones sociales. “Recursos es lo que tiene el departamento, pero es que allá todo se lo roban. Los políticos allá no aspiran para gobernar, pero si no, que los elijan para robar. Lo único que no se han robado es el aire y la luz del sol”.
Agregó que conoció todo este asunto desde hace unas semanas, por lo que pide a la Procuraduría General que se avance en esta investigación para determinar posibles responsabilidades, porque los recursos son directamente de la Gobernación de la Guajira.
“Estamos hablando de reconocimientos después de que el Consejo de Estado decretara la nulidad de Nemesio Roys y quedó el encargado. Al parecer se aprovecharon de esa situación para hacer esos reconocimientos y las autoridades determinarán las culpabilidades”, dijo.
SEMANA se intentó comunicar con el exgobernador José Jaime Vega, pero la comunicación no fue posible.