El proyecto de ley que busca prohibir las prácticas taurinas en el territorio nacional tendrá una dura prueba de fuego este martes en la tarde, cuando será discutida por la plenaria de la Cámara.

A pesar de que hace poco menos de un mes la iniciativa fue aprobada con amplias mayorías en la Comisión Primera de la Cámara, donde hay una importante presencia de congresistas de corte liberal, la prueba más dura la tendrá ahora en la plenaria, donde generalmente el proyecto termina naufragando.

Este es un asunto que siempre genera una aguda discusión, tanto que en los últimos años se han hundido siete proyectos que tenían este mismo propósito.

En caso de que la iniciativa se convierta en ley de la República, las prácticas taurinas tales como corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, encierros y suelta de vaquillas, festivales cómicos taurinos y de aficionados prácticos, quedarán prohibidas en el país.

La iniciativa, de autoría del representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, cuenta con el apoyo de más de 40 congresistas de los diferentes partidos políticos y ha sido trabajada con diferentes organizaciones animalistas, entre las que se resalta Colombia sin Toreo.

El argumento principal de Losada para defender este proyecto está enmarcado en la necesidad de avanzar en el reconocimiento de los animales como seres sintientes y la obligación de que sean sujetos de una protección constitucional y legal especial.

Respecto a los comentarios de los detractores que señalan que las corridas de toros son una práctica cultural y que los taurinos son minoría, Losada señaló: “La cultura está en movimiento, la cultura no es estática, así lo ha reconocido la Corte Constitucional y por eso lo que ha dicho la Corte es que el Congreso tiene la potestad en el momento en que sienta que hay transformaciones sociales que merecen nuevas medidas, que se puedan hacer sin ningún tipo de restricción, luego es mentira que los taurinos tienen una protección constitucional”.

El representante agregó: “Debemos proteger la vida de los que no tienen voz y defender un país donde la cultura no sea sinónimo de violencia y muerte”.

El proyecto contempla, además, que el Gobierno nacional cuente con seis meses, una vez se expida la ley, para garantizar programas efectivos de reconversión económica para las personas que demuestren que sus ingresos y sustento económico principal se derivan de las corridas de toros.

La iniciativa genera tanta discusión que en los últimos días se radicaron 407.587 firmas digitales que se recogieron a través de la plataforma Change.org en el marco de la petición #ColombiaSinToreo, que lidera Eduardo Peña, representante de la Organización Colombia Sin Toreo, y que representa el interés de miles de colombianos que se oponen a que las corridas de toros continúen en el país.

Esta discusión se ha agudizado luego de que un fallo de la Corte Constitucional sobre las corridas de toros dejara una de las discusiones álgidas del país en un limbo jurídico.

El Alto Tribunal, que se ha pronunciado sobre asuntos polémicos como el aborto y la eutanasia, no decidió de fondo el asunto, sino que le dio dos años al Congreso para prohibir la fiesta brava, plazo que ya se cumplió.

El punto sobre el cual giraba la sentencia tenía que ver con el debate de si debía existir una excepción en la ley contra el maltrato animal a expresiones culturales como el toreo, las novilladas y las peleas de gallos.

Una de las esperanzas que tienen quienes defienden esta propuesta es que el actual Congreso, en el que hay mayor presencia de sectores liberales y de centroizquierda, cambie la costumbre que ha habido en los últimos años de ponerles freno a este tipo de iniciativas.