El Congreso de la República definitivamente va de ‘chicharrón’ en ‘chicharrón’. Cuando apenas se acaba de aprobar la ley de paz total y aún sigue en trámite la reforma tributaria - a la que le falta la conciliación -, ahora se sobreviene una nueva polémica, esta vez contenida en la reforma política: la posibilidad de aumentar el periodo del presidente, los congresistas, los gobernadores, los alcaldes, así como los diputados y concejales.
Según conoció SEMANA, por medio de uno de los coordinadores ponentes, la idea se pondrá en discusión durante el trámite de la reforma política en la Comisión Primera de la Cámara, debate que está previsto para la próxima semana.
Esta propuesta, que todavía está en discusión, ya había sido puesta sobre la mesa en los debates de esta iniciativa en el Senado, pero no fue acogida. Sin embargo, según un acuerdo al que llegaron los ponentes, la idea es revivirla.
Según lo propuesto inicialmente, la idea es extender el periodo a estos altos funcionarios a cinco años, es decir un año más del que tienen ahora. No obstante, esta disposición no aplicaría para ninguno de los que actualmente ostentan estos cargos sino que será a futuro.
El planteamiento es que para el caso del presidente y los congresistas aplique desde 2026 y para los gobernadores, alcaldes, concejales y diputados sea desde 2027. Es decir, esta medida no beneficiaría al presidente Gustavo Petro ni a los actuales parlamentarios.
“Un periodo de cuatro años es muy exiguo, toda vez que un alcalde, cuando asume el periodo, recibe un plan de desarrollo inercial y presupuesto inercial del pasado gobierno y los siguientes tres años se enfrenta a dos elecciones consecutivas, elección de presidente, Congreso y de un alcalde y tres años termina siendo un periodo muy corto para tratar de sacar adelante un gobierno serio”, explicó el senador José Luis Pérez, quien fue el que lanzó esta propuesta en el Senado y que ahora se piensa revivir.
Otro de los puntos que despierta temores en la reforma política es el que abre la posibilidad a que los congresistas puedan pasar a ser ministros, una inhabilidad que actualmente está consagrada en la ley. Asimismo, también hay preocupación por el hecho de que se permita el “transfugismo”, es decir, que los políticos no tengan problemas por doble militancia y puedan saltar de una colectividad a otra. Estos dos artículos van incluídos en la ponencia que se discutirá en Cámara.
Hay otros puntos importantes que los congresistas también debatirán y es que las listas a corporaciones públicas deberán ser cerradas.
Uno de los principales propósitos del Gobierno y de la bancada del Pacto Histórico es replicar lo que hicieron en las pasadas elecciones en las que optaron por una lista cremallera en el que estén intercalados hombres y mujeres y los ciudadanos puedan votar por el partido o coalición y no por determinado candidato.
Algunos cuestionan que este sería el principal propósito del Gobierno con la ley, consolidar el Pacto Histórico como plataforma política.
Por eso, este es uno de los temas álgidos, tanto así que en el debate del Senado algunos congresistas consideraron que si ese artículo se caía no tiene sentido el proyecto.
“Toda la arquitectura de esta reforma tiene sentido siempre y cuando existan listas cerradas, si se caen lo de listas cerradas y se aprueba la eliminación de las inhabilidades, eso sería terrible”, aseguró Ariel Ávila, ponente de la reforma en Senado.
También se habla de que habrá financiación preponderantemente estatal en la que el 50 % será vía anticipos, mientras que el otro 50 % a través de reposición de votos.
La polémica también ha estado servida por cuenta del artículo que establece el voto obligatorio en Colombia. A pesar de que la propuesta fue hundida en el Senado, revivirá en su debate en Cámara. Por un lado, hay voces que ven en esta figura una de las maneras de combatir el abstencionismo, el cual puede estar entre el 50 y el 60 por ciento de los ciudadanos dependiendo del proceso electoral que se cumpla.
No obstante, en la otra orilla, hay quienes piensan que abstenerse de votar también es una posición política válida y que el elector tiene el derecho a acudir a ella si no está conforme con los candidatos que se presentan en las elecciones, ya sean legislativas, presidenciales o locales.
El debate ya empieza a calentarse. El proyecto tiene que estar aprobado en la Cámara antes de que los congresistas salgan a receso legislativo, es decir, a final de año.