¿Qué hacer para detener el asesinato indiscriminado de soldados y policías en Colombia? Es la pregunta que ronda hoy entre las autoridades y en el Congreso en medio del infame plan pistola que ejecuta el Clan del Golfo contra miembros de la Fuerza Pública en varias zonas del país.

Según reveló el representante del Centro Democrático Jose Jaime Uscátegui, a partir de cifras del Ministerio de Defensa, “en lo que va corrido de julio, 29 uniformados (hombres y mujeres) han sido asesinados por organizaciones criminales”.

Uno de los casos más recientes se dio en Tibú, Norte de Santander, donde el patrullero James Antonio Morales fue asesinado por un francotirador. Y este lunes se produjo el fallecimiento de la patrullera de la Policía Luisa Fernanda Zuleta, tras haber sido herida con arma de fuego en medio de un ataque terrorista protagonizado por los sicarios del Clan del Golfo en el municipio de Yarumal, Antioquia.

Ella luchó por su vida durante 24 horas en una unidad de cuidados intensivos de Medellín, luego de ser víctima del plan pistola cuando patrullaba las calles de esa población del norte del departamento. Su muerte produjo el rechazo al unísono el presidente Iván Duque, el mandatario Gustavo Petro y el designado ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Este año van 110 asesinatos, al menos 378 lesionados o heridos y 6 secuestrados o desaparecidos de la Fuerza Pública.

“Es decir que estamos hablando de 494 familias de la Fuerza Pública que hoy están de luto o están pasando por una difícil situación”, apuntó Uscátegui.

Para evitar la impunidad en estos casos, el congresista del Centro Democrático anunció este martes que radicará un proyecto de ley para que se declare la imprescriptibilidad de los asesinatos a integrantes de la Fuerza Pública.

“Debemos ir más allá. Llegó el momento de que se declare la imprescriptibilidad de los asesinatos de los integrantes de la Fuerza Pública, de tal manera que esos criminales tengan la certeza que deben pagar por sus actos de terrorismo”, indicó Uscátegui.

Esta propuesta, básicamente, lo que indica es que estos asesinatos podrán seguir siendo investigados en el tiempo sin que exista fecha de caducidad para adelantar estos procesos, como ocurre hoy con otros delitos.

La iniciativa será radicada este viernes en la Secretaría General de la Cámara de Representantes.

Justamente este lunes, el presidente Duque envió un fuerte mensaje a los cabecillas del Clan del Golfo, en respuesta al plan pistola que está implementando ese grupo organizado al margen de la ley de manera macabra en contra de los integrantes de la fuerza pública.

El jefe de Estado indicó que la razón del plan pistola es que el Clan del Golfo tenga una oportunidad para forzar un acercamiento de negociación con las autoridades, pero recordó que en su gobierno se han producido contundentes golpes en contra de esa estructura.

De la misma manera, el mandatario colombiano insistió que esa organización ilegal armada la integran narcotraficantes y bandidos que le han hecho mucho daño al país con incursiones terroristas y ahora el plan pistola. Enfatizó que no se le puede dar tratamiento político al Clan del Golfo.

“Están tratando de ganar espacio de negociación porque ellos están buscando un proceso, yo no diría de amnistía, sino de tratamiento benevolente con la justicia y la verdad es que a esos bandidos hay que seguirlos combatiendo como lo hemos hecho en este gobierno”, sostuvo Duque.

Y agregó el jefe de Estado: “Recordemos comó cayó Otoniel, la hermana de Otoniel..., por eso cayeron siete de sus cabecillas y por eso hasta el 7 de agosto seguimos encima de Gonzalito, Siopas y también de chiquito malo”.

“A esos bandidos no les podemos dar ningún tipo de tratamiento político en Colombia porque son narcotraficantes, bandidos, delincuentes y también son asesinos de líderes sociales por eso los seguimos combatiendo con fuerza”, anotó el presidente Duque.