Lograr que los bancos les respondan por el dinero a sus usuarios que han sido víctimas de robo mediante delitos informáticos es el principal objetivo de un proyecto de ley que fue presentado este martes en el Congreso por parte de varios congresistas del partido de La U.

La iniciativa fue radicada en la Secretaría de la Cámara por el grupo de legisladores de esta colectividad liderado por el representante Jorge Eliécer Tamayo.

De acuerdo con el congresista, el espíritu de la iniciativa es que los bancos y corporaciones de crédito les brinden “garantías” a los usuarios de que su dinero está a salvo en esas entidades financieras y que, en caso de que sean víctimas de robo por vías informáticas, les respondan por sus recursos.

Para ello, la propuesta es que los bancos y corporaciones de crédito respondan por esos dineros a más tardar cinco días después de que el usuario ponga la queja de que ha sido víctima de robo informático.

Según Tamayo, la entidad financiera sería la que tendría que “demostrar que la persona tuvo una participación dolosa para poderle retener, mediante fallo judicial, los dineros, o adelantar las acciones de embargo o secuestro de bienes”.

Esto significa que, contrario a lo que sucede hoy en día con la mayoría de los bancos y corporaciones de crédito, la entidad deberá demostrar -luego de un proceso judicial y un fallo en firme- que el cliente hace parte del robo para no responderle por los recursos que le son sacados de sus cuentas.

“La entidad financiera tiene que garantizar un aseguramiento. A nosotros nos cobran cuotas de administración por todo en el sector financiero, pero ellos no quieren gastar un peso”, afirmó el representante Tamayo durante la radicación de la iniciativa legislativa.

De acuerdo con el congresista, este proyecto “recoge un desarrollo jurisprudencial de la Corte, en su sala civil, en casación, en el que dice ‘la banca ejerce una posición dominante tecnológica, la banca tiene contrato de adhesión y ejerce una actividad profesional especializada, luego, ellos son responsables y no pueden dejar de responder al consumidor, al cliente’”.

El proyecto de ley, que debe superar cuatro debates reglamentarios, responde al incremento de los delitos informáticos o fraude a través de tecnología que se presentan a diferentes usuarios del sistema financiero en el país.

Cuando suceden este tipo de delitos, generalmente, la entidad financiera hace que el cliente demuestre que efectivamente fue víctima de un fraude o de un robo electrónico y no siempre responden por los recursos que han sido robados de sus cuentas.

En medio de estos procedimientos, los usuarios muchas veces deben realizar acciones como presentación de denuncias ante las autoridades de Policía, indagaciones en otras instancias financieras para determinar qué pasó con sus recursos e incluso acudir a entes como la Fiscalía General de la Nación, la cual tiene un cuerpo especializado en delitos informáticos.

En estos procesos, generalmente, el banco poco se involucra y el usuario es el que tiene que demostrarle a la entidad financiera que fue víctima de un robo para que esta le responda por el dinero hurtado.

Este tipo de situaciones, en algunos casos, aleja a los ciudadanos de las entidades financieras tomando en cuenta que no tienen la certeza de que los bancos y corporaciones de crédito les van a responder por la seguridad de su dinero.

Este tipo de costumbres son las que se buscan modificar con el proyecto del ley radicado por este grupo de congresistas del partido de La U en la Cámara de Representantes y que promete un dura discusión en el Congreso.