En los próximos días, la Sala Plena de la Corte Constitucional discutirá el futuro de la llamada ley de ‘paz total’, norma que le da facultades al presidente Gustavo Petro para negociar con grupos ilegales.
El alto tribunal discutirá la ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez en la que pide tumbar frente la Ley 2272 de 2022, al encontrar posibles vicios durante el trámite en el Congreso.
La norma, en esencia, entrega facultades al presidente para adelantar diálogos, en búsqueda de lo que él ha llamado la ‘paz total’, lo que implica establecimiento de zonas especiales para el agrupamiento de los miembros de estas organizaciones y el levantamiento de órdenes de captura.
“En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso”, indica la ley.
Además de las facultades para que el Gobierno pueda adelantar negociaciones con los armados grupos ilegales, la iniciativa abre la puerta a la posibilidad de volver a negociar con personas que formaron parte de otros procesos de paz y no cumplieron con sus compromisos.
La controversia está contenida en el artículo 5 del proyecto, en el que no se hace mención explícita a la posibilidad de renegociar con disidentes, pero tampoco se cierra esa puerta.
En dicho artículo se indica que los representantes autorizados por el presidente de la República podrán realizar “todos los actos tendientes a entablar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que demuestren voluntad para transitar hacia el Estado de derecho”.
En el fondo, uno de los principales reclamos de quienes no están de acuerdo con esa medida es que el Estado podrá volver a sentarse a negociar con Iván Márquez y los integrantes de la Segunda Marquetalia.
Servicio social para la paz
La iniciativa, igualmente, contempla el llamado servicio social para la paz. Según indica el texto, el joven tendrá la posibilidad de escoger entre prestar servicio militar o servicio social para la paz, que tendrá una duración de 12 meses, una remuneración conforme a lo también previsto para el servicio militar, y podrá prestarse en algunas las siguientes modalidades:
1. Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.
2. Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos.
3. Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.
4. Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.
5. Servicio social para la protección de la naturaleza y la biodiversidad.
6. Servicio social para promover la paz étnico-territorial, respetando el derecho de autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas.
Aun cuando resulta lógico que en un país en paz se prescinda de la obligatoriedad de que los jóvenes ―la mayoría de ellos de bajos recursos― tengan que ponerse el camuflado, expertos advierten que en las circunstancias actuales, en las que todavía se libra una guerra contra la criminalidad, puede resultar contraproducente.
“Estarían descontando casi el 30 % del pie de fuerza del Ejército Nacional, en unas circunstancias del país muy violentas y complicadas en seguridad”, afirmó el coronel retirado y actual presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore), John Marulanda. Actualmente, solo el Ejército tiene 71.942 jóvenes prestando su servicio militar obligatorio.
A esto debe sumarse el hecho de que no hay recursos para mantener una fuerza tan grande como la que hay ahora si no existiera el servicio militar obligatorio. Entonces, habría que pensar en tener un ejército más pequeño.
Según le confirmó el Ejército a SEMANA, cada joven que presta su servicio militar le cuesta a la institución cerca 856.000 pesos, teniendo en cuenta bonificación, alimentación y transporte.
Esto es poco si se compara con lo que podría costar el reemplazo de esta planta de personal por solo soldados profesionales, que devengan como salario básico 1′600.000 pesos, aproximadamente, sin contar con la manutención en el área de operación, bonificaciones y seguridad social de toda la familia.