SEMANA: Hablemos del tema de la migración porque usted ha hecho referencia en varias ocasiones. ¿Qué opina sobre lo que está pasando en el aeropuerto El Dorado en Bogotá?
CARLOS CAMARGO: Este es un tema al que nosotros le hemos dado toda la visibilidad frente a lo que tiene que ver con las distintas dinámicas de los flujos migratorios, específicamente durante 2022 y el comportamiento que ha tenido en 2023 porque observamos que existía una migración mayoritariamente de distintas nacionalidades a la venezolana. Vemos situaciones escalofriantes en lo que tiene que ver con el derecho a migrar y por eso hemos insistido en que el derecho a migrar debe realizarse de manera ordenada, legal, de manera regular, pero sobre todo en condiciones de dignidad humana. Vemos cómo en el municipio de Necoclí, en pleno Golfo de Urabá, que hay muchos habitantes de calle o personas en situación de vulnerabilidad. Y nos llama especialmente la atención que hay niños, niñas y adolescentes no acompañados, por lo que estamos hablando de una población superior al 20 %.
Lo que viene ocurriendo con los dos migrantes de origen africano que se han encontrado en el aeropuerto El Dorado, en la capital del país, es lamentable. De manera que nos llama especialmente la atención porque es una situación nueva, donde encuentra a la a la institucionalidad totalmente activa y se brindan todas las condiciones y garantías para prestarles una atención y protección inmediata al restablecimiento de los derechos de estos migrantes. De manera que nos llama también especialmente la atención el enfoque discriminatorio que existe sobre estas personas de origen africano. Y por eso hemos hecho los llamados a que activen todas las rutas de protección inmediata al ICBF, a todos los programas del Gobierno nacional para que le brinden la asistencia necesaria, y nosotros como Defensoría del Pueblo estamos ahí acompañando los menores para que se les proteja y se les garanticen todos sus derechos.
SEMANA: Lo cierto es que Colombia se está convirtiendo en un paso obligado para loa migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y se quedan varados acá...
C.C.: Por supuesto. Y es que lo que ocurre es lo siguiente: ya no solamente es la ruta de Necoclú, Acandí o Capurganá para pasar el la espesa selva del Darién, sino que ya hay ruta por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que por vía de Nicaragua para coger Centroamérica y posteriormente llegar a Norteamérica. Nosotros somos un país de tránsito forzoso, de manera que vemos como en este año se ha concentrado una población migrante que ha transitado por las distintas rutas y la cifra es superior a los 460.000 migrantes, algo que nos llama especialmente la atención en comparación con el año inmediatamente anterior.
SEMANA: ¿Cuál es el trabajo de la Defensoría del Pueblo en este tema de la migración?
C.G.: Hemos hecho un trabajo riguroso y serio en los distintos niveles regionales y por eso es importante llamar la atención porque en el mes de abril presentamos al país y al mundo la primera alerta Binacional con el hermano país de de Panamá por los flujos migratorios entre Colombia y y Panamá. Luego de reunirnos y hacer un recorrido por parte de la espesa selva del Darién, nos pusimos de acuerdo a partir del análisis de una realidad compleja sobre el fenómeno migratorio, que fue precisamente el resultado con la presentación o el lanzamiento de la alerta temprana Binacional. Nuestro fin no fue otro que el de prevenir los riesgos y las vulneraciones a los derechos de la población migrante que a diario atraviesa la frontera inhóspita entre Colombia y Panamá.
Pero emitimos la alerta binacional con otro propósito fundamental para que los gobiernos de los países implementen acciones que garanticen los derechos de los migrantes. Otro propósito es lograr que el Gobierno de los Estados Unidos, que también tiene una una fuerte agenda migratoria, sea receptivo frente al clamor y al llamado que hacemos desde los distintos países y naciones de Iberoamérica, entendiendo que esto no es una problemática exclusiva de Colombia, ni de Panamá, ni de Costa Rica. Esto es una problemática transcontinental y tenemos que abordar una solución transnacional y buscar la manera de atender y mitigar todos estos flujos migratorios.
SEMANA: Otro tema importante en Colombia es el de las masacres. ¿Cuántas van en este año?
C.C.: Estamos hablando de una cifra superior a las 134 masacres en el territorio nacional. Algo que nos llama especialmente la atención es la manera cómo se han incrementado y observamos con muchísima preocupación cómo se han venido expandiendo y fortaleciendo los grupos armados ilegales y, sobre todo, los de las organizaciones de crimen organizado que tienen como práctica las masacres o homicidios colectivos.
SEMANA: ¿Cuántas alertas tempranas han expedido por este tema de las masacres?
C.C.: No, puntualmente no te tengo la cifra de cuántas, pero han sido muchas. En este año hemos emitido 39 alertas tempranas. Desde la Defensoría del Pueblo hemos identificado que las conductas que que más están afectando a la población civil son por la presencia y por el accionar de los grupos armados ilegales. También relacionamos situaciones de riesgo relacionadas con los homicidios colectivos y masacres.
SEMANA: Otro asunto importante es el del asesinato de líderes sociales...
C.C.: Desde mayo emitimos la absoluta preocupación por la problemática de los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. Ahí emitimos la alerta temprana para clamar por la protección inmediata por parte del Estado. Y cuando estamos hablando de liderazgos sociales no solamente estamos hablando del liderazgo político. Hablamos del comunitario, del indígena y del liderazgo sindical. De manera que para ese momento nosotros registramos una cifra superior a los 593 líderes y lideresas sociales asesinados entre septiembre de 2020 y junio de 2023.
SEMANA: Y usted ha expresado preocupaciones por la denominada ‘paz total’ del Gobierno Petro. ¿Qué opina sobre todo lo que ha pasado en los últimos meses?
C.C.: Hemos sido claros, categóricos, frente a esa política del presidente Gustavo Petro y de su gobierno. Como institución nacional de derechos Humanos hemos dicho que acompañamos, no de manera incondicional, la paz de Colombia. Hemos dicho a los grupos armados ilegales que es importante que hablen claro y que haya reglas claras en todo este proceso de negociación, que no solamente haya palabras, retórica, o narrativa de paz, sino actos concretos.
En días pasados, le envié a los equipos negociadores, tanto con el ELN como con las disidencias de las Farc, un oficio donde la relacionaba unas personas que están privadas de la libertad de manera ilegal por parte de los grupos armados y que están en cautiverio. Entonces que le digan al país y que le digan a la comunidad internacional qué va a pasar con ellos y cuándo los van a liberar.
En el caso del ELN no tiene sentido que sigan secuestrando hasta el 30 de enero y que a partir de esa fecha ya no lo harán. Hemos sido claros, necesitamos que los grupos armados ilegales no sigan burlándose del anhelo de paz de los colombianos.
SEMANA: ¿Entonces el llamado a estos criminales es que liberen a todos los secuestrados?
C.C.: Así es, estamos a la expectativa de que dejen en libertad a todos los secuestrados de manera inmediata.
SEMANA: ¿Mantiene sus críticas al programa del Gobierno jóvenes en paz en donde se les pagará un millón de pesos por no matar?
C.C.: No, lo que he dicho es que le apostamos al proceso de paz total, pero que también es requisito que se adelante una verdadera y clara implementación del acuerdo de paz signado con la guerrilla de las Farc hace siete años. No tiene sentido que tengamos un proceso de paz con la extinta guerrilla de las Farc, sin que se esté implementando.
Necesitamos apostarle a la implementación para, efectivamente, también meternos en el proceso de paz total, que indudablemente es loable, es plausible, pero todas las cosas hay que realizarlas en orden. En ese orden de ideas, para decirte sobre jóvenes en paz, desde la Defensoría del Pueblo venimos adelantando un programa muy parecido que se llama Jóvenes por tus Derechos donde le apostamos a jóvenes que son profesionales, pero sin ninguna clase de de experiencia. Se les da la oportunidad por primera vez. Es un ejercicio para fortalecer el tejido humano donde se les brinda a las comunidades más vulnerables, sobre todo en los 179 municipios del país, y eso es una apuesta. Entiendo de que esa es la misma filosofía que tiene Jóvenes en paz que lidera el Gobierno nacional.
SEMANA: ¿Qué metas tiene para el 2024?
C.C.: Son muchos los propósitos que nos animan a seguir trabajando con toda la velocidad que traemos, vemos un equipo bastante fortalecido y sobre todo con todo el compromiso. Aprovecho la oportunidad para hacerle un reconocimiento y un homenaje a los más de 2.500 funcionarios de la Defensoría del Pueblo, a los más de 4.000 defensores públicos desplegados en todo el territorio nacional porque de verdad que ellos son la razón de ser. Ellos son la fuente de la consolidación y materialización de todos estos retos.
Colombia es un país que tiene muchas complejidades, donde donde se vulneran los derechos de nuestros connacionales a diario, por lo que nuestro espíritu misional no tiene límites. Por eso hay que seguir propendiendo por los derechos de la niñez, de los derechos de las mujeres, de las comunidades indígenas y afro, de las víctimas del conflicto armado, por los derechos de la diversidad y tenemos muchos retos.
SEMANA: Usted fue elegido por el Congreso como el mejor funcionario de 2023. ¿Qué opina sobre esto?
C.C.: Bueno, me estoy enterando, pero recibo con profunda humildad y satisfacción que se le haga ese reconocimiento no a un funcionario, sino a una institución que trabaja diariamente y de manera abnegada por la protección, la defensa y la garantía de los derechos humanos de todos los habitantes en en el territorio nacional, sin distingo de sexo, religión, edad o credo.