SEMANA: ¿qué problemas traería para la paz si la Corte Constitucional tumba esta ley?
Alirio Uribe: la impresión que tenemos nosotros, que estuvimos muy activos en la aprobación de la ley de Paz Total en el Congreso de la República, es que esta se tramitó acorde a los parámetros establecidos en la Ley 5 de 1992 que es el reglamento del Congreso. Sin embargo, pues ha salido la noticia y dejo claro que no conozco ninguna ponencia ni los argumentos. Pero lo importante es decirle al país que esta política de paz es una muy importante. No solo para el Gobierno, sino para el país en su conjunto. La Constitución Política en el artículo 22 establece que la paz es un derecho, un deber, es una obligación constitucional y la propia Corte Constitucional ha expedido muchísimos fallos en ese sentido. Si la Corte Constitucional decide que por vicios de trámite o de fondo esta ley es inconstitucional, pues no hay otra alternativa para los congresistas, el Gobierno y el país, que acatar las decisiones judiciales. En ese caso tendríamos que hacer y tramitar una nueva ley. La Constitución establece que es competencia del Gobierno nacional adelantar procesos de paz, la Ley 418 es una ley de 1997 que ha sido prorrogada por muchos gobiernos precisamente para poder avanzar procesos de paz desde Pastrana, Uribe y Santos.
SEMANA: la ponencia del magistrado dice, por ejemplo, que durante el trámite no se presentó ningún concepto del Consejo de Política Criminal. ¿Es así?
A.U.: es cierto que no hubo ningún concepto del Consejo de Política Criminal, no sé qué problema había. Creo que el Consejo de Política Criminal no estaba debidamente conformado en ese momento. No sé cuál fue el trámite, pero le aclaro al país que esa Comisión asesora que tiene expertos penalistas, constitucionalistas y académicos efectivamente no emitió concepto previo. Pero también le aclaro al país que ese concepto de la Comisión Asesora de Política Criminal no es un concepto vinculante para el Congreso.
Es decir, es una opinión seria que el Congreso puede o no tener en cuenta. Es cierto, como se ha dicho en las redes sociales y en los medios de comunicación, que ese concepto no se produjo antes de que se produjera la decisión del Congreso de aprobar la ley.
SEMANA: la demanda llegó en noviembre de 2022 y allí se habla de la inconstitucionalidad del servicio social para la paz y de la posibilidad de que los traidores del Acuerdo de Paz tengan una nueva oportunidad, como el caso de Iván Márquez. ¿Qué responder?
A.U.: la respuesta la debe dar la Corte Constitucional, por supuesto, pero yo lo que diría es que desde el debate que dimos en el Congreso, pues por un lado se consideró que era totalmente posible y factible sin modificar la Constitución hablar de un servicio social para la paz. No eliminar el servicio militar porque el servicio militar obligatorio no se eliminó, se dejó y se creó un mecanismo alternativo para aquellos jóvenes que no quieran tomar las armas y que eventualmente puedan hacer un servicio social, aclarándole al país que en Colombia no todos los jóvenes prestan servicio militar.
Lo que se quería era mantener el servicio militar obligatorio y complementarlo con un servicio social para la paz. Ahora, frente al tema de las disidencias, pues es un tema que sigue en el debate jurídico y constitucional. Hay unas Farc que nunca se desmovilizaron y que por lo tanto no han violado un Acuerdo de Paz que no firmaron. Y hay otras Farc que se desmovilizaron y luego alegaron fuerza mayor por un entrampamiento que ha sido reconocido por la Justicia Especial para la Paz (JEP), que ha sido reconocido por la Comisión de la Verdad y se considera que ellos podrían, eventualmente, ser beneficiarios de nuevos marcos jurídicos.
Pero eso no se debatió en la Ley de Paz Total. La ley de Paz Total todavía no tiene los marcos jurídicos que se aplicarían en un eventual proceso de negociación con esos grupos.
SEMANA: hay unos diálogos de paz que están en marcha. ¿Qué pasaría si la corte tumba la ley?
A.U.: insisto en que tanto el Congreso como el Gobierno deben acatar las decisiones judiciales en su sabiduría. Si la Corte Constitucional considera que por vicios de forma o de trámite la Ley de Paz Total es inconstitucional, pues el único camino que tiene el Gobierno es hacer una nueva ley. Se requiere una prórroga de la Ley 418 para poder avanzar en procesos de negociación. El camino es claro y supongo yo que en su sabiduría, como siempre ha hecho la Corte Constitucional cuando expide este tipo de decisiones, exhortará al Congreso para que tramite a la nueva ley y posiblemente de algunos parámetros que obligatoriamente, pues serán acatadas por el Congreso y por el Gobierno.
SEMANA: pero ahí es donde se habla que podría presentarse un limbo jurídico. ¿Podrían seguir los diálogos de paz si se tumba la ley?
A.U.: desde mi punto de vista sí quedan y pueden seguir. Obviamente no habría una ruta tan clara como la que hay en la paz total, pero desde el punto de vista constitucional, el presidente de Colombia sí tiene facultades para adelantar diálogos. Si tumban la Ley de Paz Total, el único camino es presentar de manera urgente un nuevo proyecto para prorrogar la ley de orden público.
SEMANA: la ponencia pide tumbar la ley, pero la Sala podría considerar lo contrario...
A.U.: totalmente posible. El magistrado hace la ponencia, pasa a la Sala. Si la Sala considera que esa ponencia no es la correcta, puede moverla a otro magistrado y se presentaría una nueva ponencia. Debemos esperar y respetamos las decisiones que se tomen.
SEMANA: ¿esta situación generará algún problema en la negociación con grupos armados?
A.U.: no, si todo el pueblo colombiano tiene que acatar los fallos judiciales, lo tiene que hacer el presidente, el Gobierno y el Congreso pues con mayor razón lo tienen que hacer los grupos armados ilegales y obviamente aquí no habría mala fe de nadie. Aquí simplemente habría que corregir y creo yo que eso hace parte del equilibrio de poderes, de los marcos jurídicos constitucionales que todos tenemos que acatar.