SEMANA: ¿qué opina sobre el cese al fuego bilateral con el ELN que el Gobierno decretó sin consenso previo?
Juan Fernando Cristo (J. C.): en primer lugar, creo que el Gobierno está demostrando una legítima preocupación por la situación humanitaria que están viviendo comunidades en distintas regiones de Colombia. Creo que la situación del Chocó, Nariño, Cauca, Arauca y el Catatumbo, en Norte de Santander, es dramática para sus habitantes. El Gobierno, con razón y sentido de urgencia, está buscando por todos los medios aliviar el drama que están viviendo esos habitantes. Los asesinatos, el regreso del desplazamiento forzado en algunas zonas de Colombia. En esa medida, está intentando acelerar acuerdos humanitarios y la búsqueda de una negociación con los grupos que están generando la violencia.
SEMANA: ¿cree que el Gobierno cometió un error?
J. C.: ese sentido de urgencia lo lleva a cometer equivocaciones como las que se cometieron a final de año, anunciando un cese bilateral que no se había acordado. Como segunda opinión, también significa que a partir de ahora hay que entender que hay un Gobierno y un presidente de la República que se está saliendo del molde tradicional, de los libretos que ya aparecen escritos en materia de negociaciones de paz en Colombia con base en experiencias pasadas. No podemos esperar que se siga el libreto, por ejemplo, que se siguió por parte del gobierno Santos en las negociaciones con las Farc.
El presidente juega duro, presiona al ELN para que produzca decisiones que permitan avanzar en la disminución de la violencia en el país. Pone el balón en el campo del ELN. Más allá de la controversia de los últimos días, lo que vamos a ver en las próximas semanas es una negociación de un cese al fuego por parte del ELN, que ojalá se dé antes de que se instale la segunda ronda de negociaciones en México. En cualquier caso, estoy seguro de que la prioridad será el cese bilateral al fuego. Ojalá al Gobierno le resulte esta estrategia, que está bastante por fuera de los manuales tradicionales de la negociación del conflicto armado en Colombia.
SEMANA: en ese sentido, el ELN no respondió con voluntad de parar la hostilidad...
J. C.: el ELN siempre ha demostrado que le gustan más las palabras de paz que los hechos. Creo que todo el país sabe y conoce que la negociación con esa guerrilla es muy compleja, muy difícil. Yo siempre he sostenido que pareciera que el ELN no ha tomado la decisión, que en su momento sí tomaron las Farc, de entender que no es posible la toma del poder por medio de las armas. Entender que tienen que abandonar la violencia. Es una decisión que es fundamental que se tome en algún momento de la negociación, si se quiere tener éxito en ello. Si no, vamos a seguir viendo comunicados, declaraciones, anuncios e intenciones de paz que no se reflejan en los hechos y decisiones de fondo que toma la guerrilla del ELN. Ojalá rectifique esta posición que tomó y que tengamos buenas noticias. Que amplíe la tregua unilateral que fijó para diciembre, que beneficia fundamentalmente a la gente de los territorios.
SEMANA: ¿qué opina sobre el desarrollo de la política de paz total?
J. C.: esta iniciativa, que se ha denominado paz total, es muy compleja y muy difícil. Fijémonos en cómo están hablando de ceses bilaterales al fuego con cinco grupos armados ilegales distintos. Poder combinar eso, que necesitan un tratamiento distinto y que los ceses al fuego pueden ser distintos. La primera pregunta que hay que hacer es si un cese al fuego con el ELN incluye el cese de hostilidades contra la población civil. Que suspendan las acciones de secuestro y extorsión frente a los habitantes de esas zonas. Si un cese al fuego con grupos narcotraficantes, como el Clan del Golfo, dejan de traficar y sus acciones criminales. El diablo está en los detalles y falta mucho, habrá éxitos y fracasos.
SEMANA: ¿qué piensa sobre el estatus político que se les está dando a los disidentes de las Farc? ¿Cree que es conveniente pactar la paz con ellos?
J. C.: darle carácter político a las disidencias de Iván Mordisco, que no entró en el Acuerdo de Paz de 2016 y se negó a dejar las armas, es una decisión que en mi concepto es totalmente equivocada. ¿Qué clase de proceso de paz se adelantaría con unos señores que están dedicados única y exclusivamente al narcotráfico y que según ellos no les sirvió lo contemplado en el acuerdo de 2016? El Gobierno se equivoca en el tratamiento para esas disidencias de las Farc. Debe ser el mismo que se le debe estar brindando a la llamada Segunda Marquetalia o al Clan del Golfo.
Es decir, el de grupos de narcotraficantes con los que se puede conversar para disminuir la violencia, pero se tiene que conversar con ellos sobre la base de un sometimiento a la justicia y no un acuerdo político de paz. Es decir, se les aplica la política criminal, en la cual tiene que participar la Fiscalía General de la Nación. Pueden tener acceso a disminución y rebaja de penas por su sometimiento y colaboración con la justicia, pero nunca un tratamiento político.
Revivir por la vía de un decreto el Estado Mayor de las Farc, que desapareció con el Acuerdo de Paz del año 2016, es una equivocación de fondo del gobierno del presidente Petro. No entiendo qué propósito tiene y sería lamentable que se esté cediendo a la presión de esas disidencias en el afán de buscar un cese bilateral y una tregua que beneficie a la población.
SEMANA: es decir, a los narcos tratarlos como narcos...
J. C.: ¿qué se va a negociar con Iván Mordisco sobre el Estado colombiano y reformas sociales si es un grupo de narcotraficantes? Tuvieron su oportunidad cuando tenían reconocimiento político en la firma del acuerdo con las Farc.
SEMANA: ¿qué implicaciones tiene abrir la puerta a negociaciones políticas con grupos meramente criminales?
J. C.: La primera es que vamos a tener a partir del día de hoy a las personas del Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia pidiendo el mismo tratamiento de estas disidencias. No hay ninguna razón de tratarlas de forma distinta. En segundo lugar, cuando se le da un tratamiento político a un grupo, como las extintas Farc y el ELN, tienen acceso a la justicia transicional. En el caso de los grupos de narcotraficantes sin reconocimiento político, se trata de aplicarle la política criminal del Estado colombiano, con disminución de penas, rebajas y con la participación de la Fiscalía.
Desde el punto de vista de la ciudadanía y el ciudadano de a pie, es un mal mensaje que se está enviando al reconocer políticamente a unos señores que ya tuvieron su oportunidad en 2016. Se les abre la puerta sin razones, argumentos y sin la certeza de que tengan la decisión de abandonar las armas y el narcotráfico.