Los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaron ante ese tribunal la ponencia que busca investigar al presidente Gustavo Petro por las irregularidades en las cuentas de su campaña a la Presidencia de 2022.
Los togados presentaron el texto en el que se pide oficialmente que se abran cargos contra el actual mandatario por los gastos no reportados de la campaña Petro Presidente que le llevó a la Casa de Nariño.
Con la radicación de la ponencia, comienza un proceso de investigación dentro del CNE en el que sus diez togados pueden pedir poder para conocer el expediente, antes de que la Sala Plena del Consejo determine si se violó o no la ley en la financiación de la campaña. Entre los togados está un asistente que puede debatir, mas no tiene la potestad de votar en la decisión.
Aunque la ponencia ya está radicada, el proceso administrativo puede demorarse porque cada uno de los magistrados puede pedir conocer los folios de la investigación, un derecho que tienen los togados y que, por cada solicitud que se reciba, puede alargar el proceso.
Posteriormente, la Sala Plena tendrá que votar el expediente que salpica el presidente Petro y quien fue su gerente de campaña, Ricardo Roa, el actual presidente de Ecopetrol.
Las dudas están vinculadas a los gastos del día de las elecciones presidenciales, ante lo que el presidente Petro ha desestimado que la fecha de la contienda corresponda a un día de campaña.
El mandatario señaló que dicho que “ni un gasto en testigos electorales que hagan partidos en cuidar los votos ya depositados es un acto de campaña, al contrario, es un derecho y una obligación ciudadana. La campaña por ley termina antes del día de elecciones”.
La tesis sobre si los gastos del día de la elección final corresponden o no los gastos de campaña tendrá que ser dirimida por los magistrados. En todo caso, la radicación de la ponencia que propone investigar al jefe de Estado colombiano tiene lugar en un difícil momento político para el Gobierno.
Investigación con el Congreso andando
Justamente, el presidente Petro está intentando tramitar sus reformas sociales en el Congreso antes de que termine esta legislatura, que finaliza el 20 de junio, y su administración está salpicada por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El exsubdirector de esa entidad, Sneyder Pinilla, dijo en SEMANA que entregó 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para que facilitara el trámite de las reformas en el Congreso.
Pinilla también aseguró haberle enviado 3.000 millones de pesos a Iván Name a través de un emisario con ese mismo objetivo. Los dineros que les habrían llegado a los presidentes de las dos cámaras del Congreso salieron de los manejos ilícitos del contrato de carrotanques para La Guajira.
De cuenta del escándalo en UNGRD, congresistas de oposición han puesto en duda la legitimidad de la agenda del Gobierno en el Congreso. Ahora, con un presidente de la república que está en proceso de investigación ante el CNE, esa pesquisa puede perjudicar más la agenda del mandatario.
Los dos escándalos tiene lugar justo cuando al Gobierno le quedan menos de seis semanas para sacar adelante la reforma pensional y la reforma laboral. Si estás no son aprobadas antes de que termine la legislatura, se hunden y tendrían que comenzar nuevamente su trámite legislativo.