El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, cuestionó el enfoque que ha tenido el Gobierno del presidente Gustavo Petro en estos siete meses de Gobierno. Considera que esa propuesta de ‘paz total’ debe hacerse con otros sectores y no con los delincuentes y grupos armados del país.

“¿Qué tal si la ‘paz total’ la hacen con la otra mitad de Colombia que este gobierno tanto persigue: empresarios, comerciantes, trabajadores, estudiantes y pagadores de impuestos? Si no hay industria, comercio o emprendimiento no habrá oportunidades”, aseguró el senador uribista.

Y es que la principal apuesta del presidente Petro ha sido lograr la anhelada ‘paz total’, que pasa por la negociación que se adelanta con el ELN y el sometimiento de bandas criminales. Sobre el primer punto, una delegación del Gobierno se encuentra conversando con los líderes de la guerrilla en México; además, ya se llevó a cabo una ronda de negociación en Caracas, Venezuela.

Sin embargo, para algunos expertos como el mayor Carlos Guillermo Ospina (excomisionado de la Verdad) y Sebastián Pacheco Jiménez estos diálogos puede que no conduzcan a ninguna parte, según algunos procesos que se han llevado a cabo en el pasado. “Es posible entrever que no se concretará el fin de hostilidades, la desmovilización, el desarme y/o la reincorporación a la vida civil”, aseguraron.

Por su parte, hay alertas sobre la ‘paz total’ porque el Gobierno tiene listo un proyecto de ley de sometimiento de las bandas criminales. El fiscal general Francisco Barbosa alertó en las últimas horas de un mico en la iniciativa que propone que se puedan suspender las penas contra los narcotraficantes.

El senador Miguel Uribe pidió un cambio en el enfoque del Gobierno. Bogotá, Colombia. Foto: Diana Rey Melo. | Foto: Revista Semana

“Al país no se le puede hacer trampa, hay que jugar de frente. En el artículo 8 se establece un beneficio de suspensión de ejecución de penas a todos aquellos pequeños cultivadores y yo en ese estoy de acuerdo, no tengo problema con eso, pero no podemos tolerar es que nos digan que se va a beneficiar narcotraficantes de otro nivel conforme a las disposiciones que involucraron en la redacción”, aseguró el fiscal general desde el Congreso.

A eso se le suman varias alertas que han hecho algunos mandatarios locales sobre el cese al fuego bilateral anunciado por el presidente Petro con bandas delincuenciales no se estaría cumpliendo.

Por ejemplo, en Medellín se ha registrado que algunas bandas criminales habrían ordenando el cierre de comercios como una protesta contra la ‘paz total’. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, también generó alertas sobre esa propuesta del Gobierno.

“Tenemos que ser capaces de que, en medio de todos estos diálogos de la ‘paz total’, se tiene que avanzar. Sin embargo, también lo hemos dicho de manera clara: no puede ser un cheque en blanco en lo que tiene que ver con las negociaciones”, dijo Cárdenas.

El alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas tiene alertas sobre la 'paz total'. Fotógrafa: Alexandra Ruiz Poveda | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

De otro lado, Miguel Uribe recalca que hay otros sectores que han sido “perseguidos” por el Gobierno. En las últimas horas, generó polémica una circular que tiene lista el Ministerio de Transporte con la que contemplarían sanciones en contra de quienes trabajen en las plataformas de transporte como Uber, DiDi, entre otras.

Eso generó un fuerte rechazo en contra del Gobierno porque, para muchos, mientras se le busca dar beneficios a los criminales, estos sectores están siendo “perseguidos”. Algunas de las penas que contempla ese documento, que estaría siendo revisado para su publicación, es la inmovilización del vehículo, si es la primera vez será por cinco días; la segunda por 20, y la tercera por 40. Además, se habla de multas por treinta salarios mínimos legales.

El Gobierno buscaría prohibir el transporte a través de plataformas. | Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto

Algunos líderes de gremios de plataformas digitales se mostraron en contra de la posición del Gobierno. Uno de ellos fue el director ejecutivo de Alianza In, José Daniel López, quien aseguró que el borrador es “inconveniente” y que el camino que debería buscar el Estado, y el Gobierno en particular, es la “regulación” y no “la persecución a personas que trabajan en esto”.