El presidente Gustavo Petro transitará un tortuoso camino de espinas los próximos tres años, que lo llevará a gobernar mientras se defiende de la oposición y de los organismos judiciales.
La reveladora confesión de su hijo Nicolás Petro a la Fiscalía, que apunta al ingreso de dineros indebidos a la campaña presidencial de 2022, pone en serios aprietos políticos y judiciales al jefe de Estado ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Eventualmente, en un caso extremo, podría acelerar su salida del cargo y hasta con una pena de ocho años de cárcel.
Ese escenario no era tan sencillo hasta esta semana cuando Nicolás Petro, sorpresivamente, decidió prender el ventilador y delatar a su propio padre. De las pruebas que entregue y de la velocidad con la que actúe la Fiscalía dependerá, en parte, que la Comisión de Acusación tome sus propias decisiones.
Petro tiene reservas sobre la Comisión. Así lo dijo en uno de sus más recientes discursos en la carrera Séptima en Bogotá y lo ha confesado internamente a sus bancadas del Pacto Histórico en Senado y en Cámara. Él –quien conoce como pocos el Congreso– sabe que no reúne las mayorías absolutas y, como el juicio es exclusivamente político, saldría mal librado o, al menos, con más de un dolor de cabeza.
Gustavo Petro ya tiene un proceso por presunta financiación ilegal de su campaña presidencial en dicha instancia, el cual está en indagación preliminar desde que SEMANA publicó la inquietante entrevista de Daysuris Vásquez. Ella confesó cómo Nicolás Petro, quien manejó la campaña presidencial en el Caribe, había recibido 1.000 millones de pesos de Santander Lopesierra y del hijo del Turco Hilsaca.
SEMANA conoció que al presidente no se le abrirán nuevos procesos por este hecho, pues en la Comisión, como en la justicia ordinaria, no se puede investigar a una persona dos veces por lo mismo. Es decir, todas las denuncias que lleguen, como la del senador Jota Pe Hernández, si configuran el mismo delito, se acumularán.
El proceso está en manos de un triunvirato de ponentes conformado por los congresistas Alirio Uribe, del Pacto Histórico; Wilmer Carrillo, del Partido de la U, y Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde. Esta última entró hace tres semanas en reemplazo de Gloria Arizabaleta, exesposa del senador Roy Barreras y quien forma parte del Pacto Histórico.
Fuentes dentro de la propia Comisión le argumentaron a SEMANA que la movida política obedeció a que los propios petristas quisieron enviar un mensaje de equilibrio a la opinión pública y dejar el proceso en manos de un congresista del Pacto Histórico, otro de La U y una de la Alianza Verde.
Otra fuente, quien pidió reserva de su identidad, también le contó a este medio que Arizabaleta, pese a pertenecer al Gobierno, es independiente y toma sus propias decisiones. En otras palabras, no había confianza de su respaldo al Gobierno en un sector de la izquierda.
Aun así, las cargas están, al menos de entrada, a favor del presidente. Uribe es abogado y uno de los hombres que no oculta sus defensas públicas del Gobierno Petro. Carrillo, investigado por corrupción en la Corte Suprema de Justicia, es de La U y no ha escondido su cercanía con el palacio presidencial. Y Velásquez fue secretaria de Gobierno de Bogotá en la alcaldía de Samuel Moreno, cercano a Clara López, actual senadora del Pacto Histórico.
Los tres congresistas tendrán que rendir sus ponencias en los próximos meses y confirmar si le abren oficialmente investigación al presidente Petro o archivan el proceso.
Si ocurre lo segundo, el resto de integrantes de la Comisión podría exigir que se examine nuevamente la decisión.
Actualmente, como están las cosas, lo más posible es que los tres congresistas opten por abrir investigación oficial contra el presidente. Solo las declaraciones de Nicolás Petro a la Fiscalía conocidas hasta el cierre de esta semana son mérito suficiente para no archivar el proceso.
Además, la Fiscalía, en una hábil estrategia mediática, decidió revelar al país el grueso de las pruebas en contra de Nicolás Petro, que terminarán salpicando al jefe de Estado. SEMANA estableció que varios congresistas de la Comisión le pedirán al fiscal Francisco Barbosa que compulse copias con las pruebas recaudadas contra el hijo del presidente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Con ese material probatorio, resultaría casi imposible solicitar un archivo del proceso.
Al fin y al cabo, la Corte Suprema de Justicia tiene sus ojos puestos en dicha instancia y podría investigar, eventualmente, a los congresistas por presunto prevaricato. Si dentro de las pruebas que entregue la Fiscalía se tipifican nuevos delitos, el presidente de la Comisión, Wadith Manzur, tendrá que abrir otra indagación preliminar contra Petro y designar otros ponentes.
Pero ¿qué viene? Si los tres congresistas siguen con la investigación formal, se practicarán nuevas pruebas y los 18 congresistas que integran dicho escenario tendrán que decidir la suerte política del presidente.
En la Comisión, las cargas para Petro no son fiables y pueden variar de un día a otro. De 18 congresistas, nueve tienen cercanías con el Gobierno nacional y ocho están en la oposición. Una más, Katherine Miranda, de la Alianza Verde, es independiente y no se sabe cómo votaría. Ella fue jefe de debate de Gustavo Petro en la campaña en Bogotá, pero cada día que pasa está más distante de la Casa de Nariño.
Los representantes Jorge Ocampo, Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta, Kelyn Johana González, María Eugenia Lopera, William Aljure, Olga Lucía Velásquez, Wilmer Carrillo y Daniel Restrepo votarán a favor del presidente.
En cambio, Jorge Rodrigo Tovar, Carlos Alberto Cuenca, Jorge Eliécer Tamayo, Juan Carlos Wills, Wadith Manzur, Hernán Cadavid, José Octavio Cardona y Óscar Villamizar lo harán en contra.
En realidad, la Cámara será el ente acusador del presidente. Si la plenaria decide pasarle una cuenta de cobro y fallar en su contra, el caso irá al Senado, que, como juez natural del jefe de Estado, tomará la decisión final.
Si las mayorías en el Senado coinciden en que hay indignidad política, el presidente perderá su fuero y, de inmediato, quedará por fuera del cargo y en manos de la Corte Suprema de Justicia.
En ese orden de ideas, sacar al presidente del poder no será tan fácil. Por eso, ni siquiera Ernesto Samper logró correr con la peor suerte en el proceso 8.000. Aunque en esta oportunidad al mandatario lo salpica su propio hijo, el juicio político deberá surtir varias etapas que demandarán tiempo y jugadas políticas.
Gustavo Petro no se quedará quieto. Además de convocar el respaldo popular, como lo anticipó desde Sucre este jueves 3 de agosto, el Gobierno nacional acudirá a la estrategia de la repartición de la burocracia para sostenerse en el cargo, pues en caso de que el presidente, eventualmente, llegue a las manos de la Corte Suprema, su escenario pasaría a ser judicial y podría tener otra suerte.
Por eso, anticipándose a lo que pueda ocurrir, ayer Petro designó a Mauricio Pava Lugo, conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que lo represente. Es decir, un hombre que se mueve en ese escenario judicial. De la celeridad de la Comisión de Acusación dependerá si en los próximos tres años de gobierno al mandatario se le acusa o se le archiva su investigación, o si, como ocurre con cientos de procesos, este dormirá en los anaqueles.
Por su parte, en el Consejo Nacional Electoral, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes investigan la campaña Petro Presidente, están expectantes a las pruebas que entregue Nicolás Petro durante la audiencia de legalización de captura en la Fiscalía. Lo más probable es que también pidan compulsa de copias al organismo judicial.
El tribunal electoral solo investiga a los partidos políticos que avalaron al presidente, la campaña, su representante legal, tesorero y otros directivos. Por tanto, en varios sectores políticos y judiciales creen que, antes de que se conozca la suerte de Gustavo Petro, el país sabrá qué pasará con Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y antiguo gerente de la campaña presidencial.