El presidente del Senado, Efraín Cepeda, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Maritza Martínez, radicaron un proyecto de ley para ajustar el sistema electoral colombiano.
Los promotores de la normativa aseguran que no se trata de una reforma estructural, sino de un articulado que mejoraría las condiciones de transparencia de los procesos electorales en Colombia.
“Lo que se trae hoy es un proyecto de ley que no busca ser una reforma estructural del sistema electoral, pero que sí aborda tres aspectos fundamentales que van a contribuir a que tengamos un sistema electoral más sólido y transparente”, sostuvo la presidenta Martínez.
Se trata de un proyecto de ley estatutaria que prohíbe a las campañas recibir aportes de dinero en efectivo como un mecanismo para garantizar la trazabilidad de los recursos que entran a las contiendas electorales.
Asimismo, les pone la tarea a los grupos significativos de ciudadanos (los mismos que se encargan de recoger firmas para las candidaturas) de rendir cuentas sobre ese eslabón del proceso electoral, porque en la actualidad no están obligados a reportar sus movimientos en medio del proceso de recolección de firmas.
Otro de sus puntos consiste en ponerles límites a las candidaturas que surgen a través de grupos significativos de ciudadanos de manera independiente y que después terminan alineándose con un partido político, bajo el argumento de que ese paso desdibuja las bases de independencia sobre las que surgió la aspiración política.
“Allí se desnaturaliza la figura porque pierde ese aspecto alternativo que buscaba y con los ciudadanos que han refrendado con su firma esa aspiración no se está siendo totalmente transparente con ellos. Se utiliza como un mecanismo para poder realizar una campaña anticipada. A través de la recolección de firmas se puede hacer publicidad muchos meses antes de lo que pueden hacerlo los candidatos avalados por agrupaciones políticas”, detalló la presidenta del CNE.
Maritza Martínez asegura que hay un uso inadecuado de esa figura porque se pasó de la inscripción de 213 grupos significativos de ciudadanos en 2011, a 810 en 2015, unos 1.200 en 2019 y hasta 1.311 grupos de ese tipo en las elecciones territoriales de 2023.
Las estadísticas dan cuenta de que cada vez hay más sectores políticos interesados en lanzarse al ruedo electoral por firmas, proyectos de campaña que en muchos casos sí tienen el respaldo de un partido político que les terminaría avalando.
“Todo lo que vaya a contribuir en la transparencia de los procesos electorales es fundamental. Venimos de una triste experiencia de Venezuela y nosotros estamos en la vía de fortalecerlo, así lo entiendo por parte del Consejo Nacional Electoral con este proyecto que traen”, destacó el presidente del Senado, Efraín Cepeda.
El proyecto de ley estatutaria, que consta de tan solo cinco artículos, fue presentado ante el Senado y se trata de una normativa “por medio del cual se modifica la Ley 1475 de 2011 en relación con la financiación de las campañas electorales, la rendición pública de cuentas, la inscripción de candidatos de los grupos significativos de ciudadanos y las coaliciones políticas”.
La radicación del proyecto de ley del CNE fue acompañada por otros magistrados de ese tribunal y esta tiene lugar a más tres años de las próximas elecciones territoriales, que son los comicios en los que se ha hecho más frecuente que los ciudadanos decidan aspirar a través del mecanismo de recolección de firmas.