Una de las preocupaciones que tiene el Gobierno Petro en su política de paz total es la de cómo someter a la justicia a diferentes grupos armados que operan en Colombia, tema que no logró ser resuelto después de extensas reuniones entre el Ejecutivo, el excomisionado de Paz Danilo Rueda y algunos congresistas.
Aunque en el Legislativo se intentó tramitar una iniciativa en este sentido, finalmente naufragó y desde ahí no hubo acuerdo para presentar una nueva que permitiera tener una hoja de ruta clara para las desmovilizaciones masivas de delincuentes.
Por esa razón, el senador del Partido de la U Antonio Correa radicó un proyecto de ley que busca reformar la Ley de Justicia y Paz, una propuesta que podría solucionar el tema del sometimiento.
Según el congresista, la iniciativa busca ampliar los alcances de la misma para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, reparación y no repetición, además de adecuarla para futuras desmovilizaciones de las organizaciones criminales.
En ese sentido, sería una actualización de dicha ley de justicia y paz que se aplicó para los paramilitares en Colombia con base en unos ajustes que sean acordes a la realidad del conflicto.
En el articulado, queda claro que había un límite temporal para el cierre de los procesos penales que se adelanten, lo cual agilizaría la toma decisiones y la resolución de la situación jurídica de los excombatientes.
El senador Correa dijo que su proyecto busca fortalecer esa ley que ya lleva en vigencia 17 años, pero que justamente por el paso del tiempo tiene una lentitud en los procedimientos que puede ser corregida con su idea.
“Buscamos fortalecer este sistema de justicia y que podamos rápidamente encontrar la verdad, cumplir con la reparación y ver en manos de quien ha quedado esos bienes para las víctimas y la justicia como principio fundamental en cualquier proceso de sometimiento”, indicó el senador de La U.
Agregó: “El fiscal de conocimiento podrá utilizar la prueba del polígrafo para verificar la autenticidad de lo que pudiese decir aquel ciudadano que se acoge al principio y evitar el sesgo a la justicia colombiana. Es un método garantista para que quienes se acojan a dicho principio no vayan tras beneficios personales después de contrariar la ley”.
Incluso, dijo que su propuesta podría incluirse en la negociación de paz que se está adelantando con la guerrilla del ELN y las disidencias de Farc porque quedaría clara la ruta para las desmovilizaciones. Además, contemplaría a otros grupos criminales. “Este mismo marco jurídico puede ser una herramienta legal para la paz que tanto anhela nuestro país con nuevos grupos que deseen someterse a la justicia”, Sostuvo.
Correa cree que si no existe una estrategia clara para los sometimientos colectivos, la denominada paz total no será exitosa y el debate debe darse en el Congreso de la República.
“Se plantea facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y las organizaciones criminales de alto impacto, conforme lo definido en la Ley 2272 de 2022 y terceros relacionados con actividad de la organización”.
Una novedad de la iniciativa es que los funcionarios judiciales tendrían más herramientas para los procedimientos y se podría hacer uso del polígrafo para determinar la veracidad de la información que entreguen quienes se quieran someter a la justicia.