En medio de los diálogos de paz que adelanta con el Gobierno, el ELN sorprendió al revelar que, como parte de la mesa, le solicitó a la administración de Gustavo Petro una rebaja de penas generalizada en Colombia para quienes se encuentran en prisión.
Según Juan Carlos Cuéllar, gestor de paz del ELN, las cárceles del país se encuentran en una crisis humanitaria “muy fuerte” en términos de hacinamiento, salud, trabajo e, incluso, de resocialización.
Esta crisis, dijo, “está agravada por una política criminal por parte del Gobierno colombiano que es reactiva, populista, poco reflectiva, incoherente”.
Por ello, la delegación de la guerrilla reveló que le pidió al Gobierno una rebaja generalizada del 20 % en las penas de las personas condenadas, sin importar el delito, y que la pena máxima en Colombia no sea superior a 25 años. Además, el grupo guerrillero pide que haya acercamiento familiar y procesal para las personas privadas de la libertad.
En ese sentido, Cuéllar aseguró que la delegación del ELN propuso a los representantes del Gobierno Petro establecer alivios humanitarios que permitan mejorar las condiciones de los presos, acceso a libertad condicional en algunos casos, así como prisión domiciliaria para personas de la tercera edad, a las personas con enfermedades crónicas y madres cabeza de hogar.
A pesar de que la propuesta ha generado debate en el país, la realidad es que esta solicitud coincide con la política que busca implementar el Gobierno Petro con la cual se pretende humanizar las cárceles en el país.
Así está establecido en el proyecto de ley de humanización carcelario, radicado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en el Congreso de la República.
Si bien el Gobierno no va tan lejos como el ELN al hablar de una pena máxima de 25 años, sí propone una disminución en ese tope máximo.
De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, la idea es que, una vez sea aprobado el proyecto, la pena máxima en Colombia baje de 60 años, como está actualmente, a 50 años.
Los ex-Farc
Estas dos propuestas van en la misma línea de lo planteado hace algunos meses por los excombatientes de las Farc, que radicaron una reforma constitucional que terminaría por bajar drásticamente el castigo que se aplica a quienes incurran en delitos graves.
La modificación está contenida en el Acto Legislativo 08 de 2022, radicado en las últimas horas por el partido Comunes, en el que se busca modificar la Constitución para poner un límite a la detención preventiva, con el fin de que miles de presos no pasen años a la espera de que se resuelva su situación.
“La detención preventiva intramural no podrá ser superior a un año, prorrogable hasta por otro tanto en las circunstancias que especifique la ley”, indica el proyecto.
Y a renglón seguido suelta la perla: “Ninguna persona podrá ser condenada a pena privativa intramural de la libertad superior a 20 años”.
Esto de entrada implicaría, en caso de aprobarse esta reforma, disminuir en más de la mitad las penas de graves delitos como la violación y asesinato de niños, el feminicidio y los ataques con ácido, entre otros.
Hoy en día quien cometa un feminicidio y sea vencido en juicio puede ser sometido a una pena de prisión de hasta 40 años si cumple alguna de las llamadas circunstancias de agravación punitiva, es decir, aquellas conductas que hacen más delicada la comisión del delito, según indica la Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely).
Para el caso de la violación y asesinato de menores, según establece el artículo 211A del Código Penal, las penas pueden llegar incluso a superar los 40 años de prisión, como ocurrió, por ejemplo, con Rafael Uribe Noguera, quien paga una pena de 58 años de cárcel por la violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní.
Cabe aclarar que este tipo de delitos, como el abuso de menores y el feminicidio, según establece el Código Penal, hoy en día no tienen beneficios jurídicos, más allá de aquellos relacionados con la redención de la pena por trabajo y estudio y por colaboración con la justicia.