Néstor Osuna, ministro de Justicia, hizo un hilo en Twitter detallando la liberación de los presos de la primera línea, cuyo decreto ya firmó el presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el jefe de cartera, ante todo se trata de una “medida que busca la reconciliación”.
De acuerdo con Osuna, la facultad del mandatario de hacer gestores de paz a los presos se encuentra establecida dentro de la recién aprobada Ley de orden público, mejor conocida como ‘paz total’.
“La atribución presidencial de designar a integrantes de organizaciones sociales y humanitarias como voceras que aporten al proceso de paz o a apaciguar la conflictividad social la estableció de modo explícito la ley 2272 de 2022, recientemente aprobada por el Congreso”, publicó el ministro en Twitter.
Además, argumentó que es una figura que existía con anterioridad: “Varios gobiernos la utilizaron para nombrar voceros a miembros de grupos armados. Ahora la ley permite que también se designe a personas que no pertenecen a esos grupos, sino a organizaciones sociales o comunitarias. ¡Claro: se trata de la paz total!”.
Dado que esta excarcelación se encuentra amparada por una ley aprobada por el Congreso, Osuna asegura que esta debe ser respetada por todos los sectores. “Partidarios y detractores, Gobierno nacional (obviamente) y también el poder judicial. En un Estado de derecho no cabo la observación selectiva de la ley”.
Además, aclaró que, como anteriormente se planteó, no se trata de un indulto o amnistía a los miembros de la primera línea. En cambio, los voceros quedarán en “libertad transitoriamente con el propósito de que cumplan con las tareas de paz o reconciliación que se les encomienden y seguirán vinculados a los procesos penales”. Por esta razón, Osuna reitera que esta medida ha sido útil en procesos de paz anteriores.
Incluso el Gobierno creó una comisión que le recomendará al presidente la inclusión o exclusión de voceros, los cuales se analizarán caso por caso. Esta instancia también definirá los lineamientos y las tareas para cada uno, junto a un monitoreo personalizado. “Una autorregulación sensata”, destacó Osuna, quien preside la comisión.
“Recomendaremos que no se designe como voceras a personas condenadas. El Gobierno acatará cualquier decisión judicial al respecto. Quisiera llamar la atención, eso sí, sobre la inconveniencia de una narrativa que estigmatiza y criminaliza la protesta social”, agregó el ministro de Justicia en Twitter.
Osuna defiende el llamado estallido social y asegura que se tienen que entender las causas del mismo. Al mismo tiempo, “reconocer que las injusticias sociales no se solucionan con la fuerza pública ni con el derecho penal”.
“El discurso desinformado no es útil para el fortalecimiento de la opinión pública ni fomenta debates de calidad. Hago un respetuoso llamado a la serenidad y al análisis racional de las normas recientemente expedidas”, concluyó Osuna.
En las últimas horas, el presidente Petro, a pesar de las dudas jurídicas y el llamado de los jueces, firmó el decreto 2422, el pasado 9 de diciembre, que permitirá la liberación de integrantes de la primera línea que están en las cárceles del país, señalados de cargos por delitos que habrían cometido en medio del paro, bajo la figura de gestores de paz.
Se trata de una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro, la cual quiso cumplir de diferentes formas. Dada la resistencia del Legislativo, el mandatario decidió expedir un decreto que si bien no indulta o amnistía a la primera línea, sí permite su liberación transitoria por un periodo de tiempo aún indefinido. Las críticas continúan mientras el Gobierno hace lo posible para liberar a los manifestantes antes de Nochebuena.