Desde su elección como presidente de la República en 2002, el equipo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez inició una maratónica campaña para lograr su reelección en 2006 mediante un acto legislativo que modificó la Constitución Política de Colombia, cuya aprobación aún es tema de investigación y polémica. Dos congresistas, Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, habrían recibido dádivas de funcionarios del gobierno para votar en favor de la reelección y hoy están privados de la libertad por cohecho, un delito que sólo ha recibido castigo del lado de quienes recibieron las prebendas. Iniciado el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe, su coalición política puso sobre la mesa el tema de la segunda reelección del mandatario por considerar que había recuperado la seguridad para los colombianos. Es así como el 10 de octubre de 2007, el secretario general del partido de la U, Guillermo Giraldo, oficializó su propuesta de convocar un referendo para elegir a Uribe en el 2010 en el congreso ideológico del Partido argumentando que: "ningún ejército cambia a su general en el momento en que está ganando la batalla”. Esta propuesta tenía una importante coyuntura: el mes inmediatamente anterior, septiembre de 2007, la guerrilla de las Farc había entregado los cuerpos de 11 diputados del Valle del Cauca que fueron asesinados en cautiverio y que despertó un sentimiento de indignación mundial y de rechazo a las Farc. En noviembre de 2007 la Registraduría Nacional entregó a Giraldo los formularios para recoger las firmas que serían necesarias para inscribir el acto legislativo reformatorio de la Constitución por vía popular: 1.403.068 firmas, el cinco por ciento del censo electoral. Tras la marcha contra las Farc el 4 de febrero, el Partido de La U acogió la propuesta y abrió la puerta para comenzar a recoger las firmas que respaldaran la consulta. Con el paso del tiempo, la iniciativa se fue convirtiendo en el centro del debate nacional, restándole importancia a las campañas presidenciales. En el Congreso se vivieron álgidos debates en donde estallaron denuncias sobre la falta de transparencia en la financiación del proceso de recolección de rúbricas, entre otras irregularidades. Los promotores del referendo reeleccionista aumentaron la apuesta y entregaron, el 11 de agosto de 2008, 5 millones de firmas a la Registraduría Nacional de las cuales fueron validadas 3.9 millones.Giraldo presentó el 10 de septiembre de 2008, en la Secretaría de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley de la convocatoria al referendo reeleccionista, que pretendía la siguiente modificación confeccionada especialmente para el presidente Uribe: “Quien haya ejercido la presidencia de la República por dos periodos constitucionales, podrá ser elegido para uno más”. El 9 de septiembre de 2008 el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició una investigación sobre la financiación de la recolección de firmas del referendo reeleccionista. Según Giraldo la recolección de firmas costó 2.046 millones de pesos, divididos de la siguiente manera: 143 millones por donaciones de 99 personas y los restantes 1.903 millones de pesos de "otros créditos", explicación que fue insuficiente para el CNE. Para calmar la polémica, el presidente Álvaro Uribe pidió a los congresistas de su coalición “no ocuparse” del referendo si esta iniciativa frenaba los trámites de las reformas política y de la justicia. Un mes después de radicado el proyecto en la Cámara de Representantes, los uribistas cayeron en la cuenta que la pregunta del referendo estaba mal formulada, porque no le permitiría al presidente Uribe aspirar a una reelección inmediata en 2010, situación que sacó de casillas al mandatario, quien le dijo a los miembros de la Comisión Primera de la Cámara “hagan lo que quieran”. Sectores de oposición y periodistas denunciaron el 17 de noviembre que Transval, una firma que pertenecía a la Comercializadora DMG de David Murcia Guzmán, participó en el traslado de firmas para el referendo, abriendo otro capítulo más en los vicios de procedimiento. El 26 de noviembre la Comisión Primera de la Cámara aprobó la reelección conservando su redacción original, que apuntaba a una probable reelección del presidente Álvaro Uribe en 2014 y no en 2010. Pero el 16 de diciembre Uribe se la jugó por el referendo y convocó a la Cámara de Representantes a sesiones extras a la media noche, decisión que despertó toda serie de críticas. A la mañana siguiente, el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, aseguró que “al gobierno le gusta el referendo” y sugirió que se podría modificar la pregunta original para que el presidente pudiera ser elegido en 2010 y no en 2014. Enero de 2009 despertó con una nueva polémica. El representante por el Polo Democrático Alternativo, Germán Navas Talero, denunció a 86 colegas suyos por votar el referendo reeleccionista cuando había dudas sobre la financiación de la recolección de firmas. El parlamentario acusó a sus colegas de incurrir en el delito de prevaricato al no tener en cuenta los vicios de la iniciativa. Eran elementos suficientes para que el Consejo Nacional Electoral, el 25 de marzo, decidera que había méritos para investigar a los promotores del referendo reeleccionista por violar los topes de financiación y una semana después vinculara, entre otros, la versión de David Murcia, cerebro de la comercializadora DMG, por su supuesto aporte millonario al referendo. En la opinión pública quedaba un sabor amargo de un proyecto tramitado a los trancazos y, por otro lado, la voz de quienes alegaban que con la popularidad del presidente Uribe no habría necesitado un montaje de tales dimensiones para convocar a un referendo. El 31 de agosto, tras un pantanoso trámite con 85 votos a favor y 5 en contra, fue aprobado el informe de conciliación del referendo reeleccionista que buscaba habilitar a Uribe para que se presentara a una nueva reelección. La Cámara de Representantes aprobó definitivamente el referendo reeleccionista, sin embargo las dudas sobre su financiación seguían por otros caminos. El 20 de septiembre los promotores del referendo le pidieron al CNE que les devolvieran la documentación de la financiación de la recolección de firmas con el fin de hacer “unas correcciones”. Es así como la sala plena del CNE decidió, el 6 de octubre, dejar la investigación de las cuentas del referendo en manos de tres conjueces, quienes el 12 de noviembre declararon inválidas las firmas que respaldan el referendo pues la financiación de su recolección violó los topes establecidos por la ley, decisión que fue calificada por el gobierno como una arbitrariedad. Posteriormente surgió un nuevo vicio de forma. La sesión extraordinaria que se programó en la plenaria de la Cámara para aprobar el texto del proyecto de referendo reeleccionista durante la madrugada del 17 de diciembre de 2008, quedaría sin piso por considerar que la citación fue irregular. Denuncia que no tuvo mayor alcance. El 12 de enero de 2010, el Procurador Alejandro Ordóñez le pidió a la Corte Constitucional el aval del referendo. En su concepto, Ordóñez argumentó que la violación de topes en la financiación durante el proceso de recolección de firmas no debería interferir en el trámite de la iniciativa. Resaltó que esas irregularidades tienen responsabilidad individual y que no deben afectar la expresión del pueblo. Llegado el turno para la revisión de la Corte Constitucional, corporación que custodia la Constitución Política de Colombia, el magistrado Humberto Sierra Porto presentó una ponencia negativa a consideración de los demás magistrados. Sierra Porto consideró que el trámite del referendo tenía cinco vicios insubsanables y en su ponencia, de 437 páginas, pidió a la Corte declarar inexequible el referendo reeleccionista. Este viernes sus compañeros le dieron la razón. Cronología del referendo reelecionista on Dipity.