Una negociación liderada en el Congreso por la propia ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, tiene a los maestros en un paro indefinido que deja a los estudiantes sin clase y a los maestros en las calles marchando contra las políticas del Gobierno que ellos mismos ayudaron a elegir.
La nueva crisis que enfrenta el presidente Gustavo Petro se cocinó en la Comisión Primera del Senado, y los educadores, que conforman uno de los sindicatos más robustos, reclaman que se modifique o se hunda el proyecto de ley estatutaria de la educación, poniendo en duda las capacidades de la ministra para continuar a cargo de esa cartera.
La que parecía ser la reforma que menos diferencias despertaba en el Legislativo terminó siendo el texto que sacó a los docentes a marchar y la gota que rebosó la copa de las incomodidades de Fecode, que ya venían molestos por la crítica implementación del nuevo sistema de salud.
Esta difícil coyuntura que enfrenta la Casa de Nariño comenzó a gestarse desde hace tres semanas, cuando la bancada de Gobierno intentó en repetidas sesiones dar el tercer debate a ese articulado, pero no lo consiguieron por falta de quorum.
Cuando llegó el momento clave, en el que estaba garantizada la asistencia, la bancada de Gobierno (los del Pacto Histórico) se dio cuenta de que no tenía los votos suficientes para aprobar la ponencia positiva del proyecto de ley. Al tratarse de una ley de carácter estatutario, se necesitaba una mayoría absoluta.
Entonces, solo les quedó el camino de la negociación con David Luna, senador de oposición, quien tenía una ponencia alternativa. Y los acuerdos surgieron. La propia ministra de Educación se sentó a dialogar con todos los ponentes del texto (los opositores y los de Gobierno) y acordaron una iniciativa que terminó aprobando la Comisión.
Vergara Figueroa no estuvo sola en esa labor. En esa misma conversación participó la senadora María José Pizarro, una de las congresistas de más peso político del Pacto y a quien también le achacan que, a cinco días de que termine la legislatura, esté por aprobarse una reforma a la educación que no responde a los intereses del Gobierno.
Esa reunión tuvo lugar durante la primera semana de junio en la Subsecretaría del Senado. El acuerdo político se logró el martes 4 y se necesitaron apenas unas horas para que al día siguiente estuviera aprobado en tercer debate ese articulado, pero bastaron minutos para que los maestros salieran a reprochar lo aprobado.
“Ellos, en el Gobierno, estuvieron de acuerdo con que era la única forma de destrabar el proyecto en Comisión”, contó una fuente del Congreso.
El miércoles de esta semana, mientras los maestros marchaban, en la oficina de la senadora Pizarro se realizó una nueva reunión de ponentes para acoger una ponencia única que tuviera en cuenta algunos de los reclamos de los docentes, como la redacción del artículo sobre la evaluación de desempeño.
El encuentro terminó a medias, porque los congresistas tenían que presentarse para elegir al nuevo contralor. Esa terminó siendo la última oportunidad de acordar una ponencia consensuada. Había otra reunión para las 8:30 de la mañana del jueves, pero los ánimos ya estaban crispados por la multitudinaria marcha de Fecode y por los reclamos de congresistas del Pacto contra sus propios compañeros de bancada.
Los educadores están en paro indefinido hasta que no se cambien las bases de la reforma a la educación. “Este va a ser un paro de largo aliento, porque el proyecto de ley estatutaria sigue en pie en el Congreso y nuestro derecho constitucional es movilizarnos y protestar contra esas políticas que pueden ser muy nocivas contra el magisterio y la educación pública estatal”, dijo el líder sindical William Javier Díaz.
El Gobierno rompió el acuerdo que tenía con las bancadas de todos los partidos para la reforma a la educación y terminó presentando una ponencia positiva que calcó cada uno de los puntos que le presentaron los maestros en la calle. El resto de bancadas hizo la misma tarea, pero con una ponencia alternativa que tiene respaldos en Cambio Radical, el Centro Democrático, el Conservador, liberales y el Partido de la U. Los votos en la plenaria del Senado parecen estar 50-50.
Los profesores no están de acuerdo con que en el texto aprobado se incluya el desempeño de los estudiantes como uno de los puntos de la evaluación docente. Tampoco con que se enfatice la importancia de la educación técnica y tecnológica (dicen que se desincentiva el rol del Sena) y mucho menos con que se deje abierta la posibilidad de que el Estado respalde la educación privada, pues consideran que todos los recursos deben destinarse a la pública. Si no les enmiendan esos puntos, ellos seguirán en huelga.
Aun cuando prometen un paro indefinido, ese cese tardará el tiempo que duren las sesiones del Congreso. Si este texto en particular no termina su tránsito antes del 20 de junio, se hundirá por tiempos.
Todos los caminos están en contra del Gobierno. Primero, porque tanto Cambio Radical como el Centro Democrático están pidiendo liderar la plenaria del Senado para los días lunes y martes por el Estatuto de la Oposición, lo que significa que esos partidos pondrían la agenda. Segundo, si se aprueba el texto alternativo, los maestros ratificarán su paro. Y, tercero, el tiempo es el principal enemigo de la Casa de Nariño en este trámite, pues solo tienen hasta el jueves 20 de junio para conseguir el respaldo para su ponencia, aprobarla en cuarto debate y conciliarla. Las sesiones extras no son una opción para este caso particular.
En el fondo hay también un profundo sinsabor de los docentes con la ministra Vergara Figueroa. En palabras del líder sindical William Javier Díaz, la ministra “no está a la altura” de las peticiones que se vienen haciendo sobre la educación. “Si la ministra no pudo enmendar el gran equívoco que cometió, muchísimo menos va a poder enmendar esta situación, porque era una oportunidad de oro para sacar una ley estatutaria que nos mantuviera con una educación pública estatal fortalecida”, aseguró.
Fecode también señaló que “en el tema de atención de salud se afrontan dificultades en las regiones. Algunos problemas se están resolviendo, hay avances considerables, pero persisten asuntos pendientes que deben ser atendidos de manera urgente”.
Todo indica que el Gobierno está por perder nueve meses de conversaciones con el Congreso para hacer realidad la primera parte de la reforma a la educación que prometió a sus votantes en 2022 y que es apenas un capítulo de ese asunto, pues los docentes están reclamando una reforma a la Ley 115 (la normativa general de la educación) y una reforma integral a la educación. Por lo pronto, todo seguirá siendo un compromiso de campaña, porque el Congreso ya le demostró que también puede desmoronarle su reforma a la educación si no escucha a todos los actores políticos.